Editorial
Tareas urgentes tras el apagón
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Cuando está próximo a cumplirse medio año de las terribles inundaciones que provocaron más de doscientos muertos en Valencia todavía es mucho más lo que se ignora que lo que se sabe sobre la actuación de las autoridades responsables en las horas previas a la catástrofe y en la gestión inmediatamente posterior. La investigación judicial emprendida por la juez de Catarroja avanza en medio de innumerables obstáculos de todo tipo, informes contradictorios y testimonios que aclaran poco, a pesar del celo con el que está instruyendo la causa la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Lo que a estas alturas resulta evidente es que se actuó con una enorme ligereza por parte de la administración autonómica y que el presidente Carlos Mazón estuvo ausente en los momentos en los que habría que haber tomado decisiones estratégicas. Posiblemente los enormes daños provocados por la fuerza del agua no se podrían haber evitado dada la fuerza de la dana, pero siempre quedará la duda de si se hubieran salvado decenas de vida en el caso de que la población hubiera dispuesto de la información y de las instrucciones pertinentes. El testimonio ante la juez de la ex consejera de Emergencias, Salomé Prada, fue bastante elocuente sobre su nula preparación para gestionar la materia de la que era responsable y rozó los límites de lo patético. Pero también siguen existiendo dudas razonables sobre la información que ofrecieron los organismos dependientes de la Administración central y de la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en las primeras horas de la tragedia. Todo ello lo deberá ir aclarando la investigación judicial. Lo que sí está suficientemente claro es que el presidente Mazón estuvo muy lejos de la altura política y moral que exigía su cargo y de que debería haberlo abandonado hace tiempo. Que continúe al frente de la Comunidad Valenciana no deja de ser una afrenta a las víctimas.
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