Editorial
Más que el sepelio de un Papa
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El presidente del Gobierno anunció ayer la aprobación de un rimbombante “Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa” por valor de 10.471 millones. Una cifra para cuadrar los 33.123 millones que equivalen al 2% del PIB de España y que, en teoría, será la suma final que se destinará a gasto militar este mismo año. Un compromiso adquirido a medio plazo que ahora acelera Pedro Sánchez de forma inusitada. Antes de la cumbre de la OTAN en junio y días después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, escuchara, eso sí, en directo, el enésimo reproche de Estados Unidos durante su entrevista con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El mandatario español busca una vez más un subterfugio para obviar al Congreso, que no podrá votar este acuerdo estratégico. En este caso, defiende que las nuevas partidas no alteran la balanza del Presupuesto de 2023, el último aprobado, sino que sólo se registra una reasignación entre departamentos ministeriales. El plan será directamente remitido hoy a la UE y sometido al análisis por parte de la Alianza Atlántica para ver si partidas englobadas bajo el epígrafe de ciberseguridad pueden incluirse en Defensa. Los diputados sólo dispondrán del derecho al pataleo en la comparecencia anunciada ante sus señorías. Un asunto crucial que compromete a éste y a futuros ejecutivos se hurta al debate porque Sánchez no puede contar con su socio de Gobierno, pero tampoco con otros partidos a su izquierda que le llevaron a la Moncloa. Y ni siquiera se ha molestado en escenificar una negociación con el PP, la única formación que comparte diagnóstico y parte de las soluciones planteadas. Ayer, Alberto Núñez Feijóo calificó con tino que en realidad Sánchez ha presentado un plan de “autodefensa”. Pero la inestabilidad mundial no puede usarse como escudo personal.
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