Un gesto de autodefensa

El Consejo de Gobierno andaluz dio ayer el primer paso para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, aprobada ya de forma definitiva por el Congreso, pero pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado. No se trata de una iniciativa de la propia Junta. Es un movimiento del PP nacional que utiliza como ariete a las comunidades autónomas que gobierna y que, muy probablemente, se verá complementado con otro recurso del propio partido. Pero, aun así, está plenamente justificado y responde a una lógica fácil de comprender. La amnistía a los condenados y procesados en el intento separatista de 2017 en Cataluña, con sus antecedentes y consecuentes, es un atentado contra el principio de igualdad entre todos los españoles que cimenta la Constitución de 1978. Una serie de delitos, algunos de una enorme gravedad, dejan de serlo por el mero hecho de que se produjeran en Cataluña en un contexto determinado. Pero si esos mismos delitos, desde la malversación a los desórdenes públicos, hubieran tenido como escenario Andalucía o Extremadura seguirían siendo merecedores de una dura condena penal. La Junta actúa en este caso, como lo harán el resto de las autonomías que recurran, en defensa de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en contra de un trato privilegiado a unas personas en concreto. Pero en el caso de Andalucía hay un elemento más que es necesario tener en cuenta. La amnistía es un paso trascendental, pero no el último, de un proceso cuyos próximos pasos están ya previstos: la convocatoria de una consulta sobre el derecho de autodeterminación y de un régimen fiscal y financiero que será un agravio para el conjunto del país. El Gobierno andaluz debe estar preparado para dar respuesta a medidas que van a afectar a sus intereses más inmediatos y que van a poner en cuestión la pervivencia del sistema autonómico. En ese sentido, llevar al Constitucional la ley de amnistía es una medida pertinente y, sobre todo, un gesto de autodefensa.