Ley trans: fraude y deficiencias

Tal como ocurrió con la ley del sólo sí es sí, otro texto salido del Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero vuelve a dar problemas que terminan por perjudicar a mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de la conocida como ley trans. Se aprobó en 2023 con no poca polémica, incluso con la oposición de un sector notable del feminismo español. Esta ley declara la autodeterminación de género desde los 16 años; es decir, que cualquier persona a partir de esa edad puede cambiar de sexo en el Registro Civil sin más condicionantes que su propia voluntad. Esta semana, dos casos han mostrado algunas de las fisuras de la ley. Un ertzaina fue detenido por acuchillar a su pareja, pero desde noviembre se había registrado como mujer de acuerdo con esta ley, de tal modo que no se le podrá aplicar los agravantes de violencia de género. En Sevilla, un hombre condenado a una pena de 15 meses por maltrato en 2019 alega ahora que es mujer, por lo que el Juzgado de casos de Violencia de Género se ha inhibido. Con independencia de los errores de la ley, hay que subrayar que, en el caso del sevillano, hay un artículo específico del texto, el número 46, que imposibilita eludir el régimen jurídico previo al cambio de sexo registral. La ley del sólo sí es sí hubo que reformarla después de que 1.200 condenados por abusos y agresiones sexuales se beneficiasen de una reducción de penas. En esta ocasión, es posible que el legislador deba revisar estas consecuencias lesivas para las mujeres y, en cualquier caso, corresponde a las autoridades judiciales aclarar que los cambios posteriores de sexo no son retroactivos ante la comisión de delitos previos.