Editorial
Ley trans: fraude y deficiencias
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De nada han valido los intentos de negociación de Lula da Silva y Gustavo Petro, el régimen de Nicolás Maduro ha consumado el fraude electoral del pasado 28 de julio con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a unos resultados que nadie ha podido validar. Este tribunal, que es un órgano controlado por el chavismo, no sólo ha certificado los resultados, para lo que se ha escudado en unos verificadores internacionales que nadie conoce, sino que ha declarado en desacato al ganador Edmundo González. Además, ha solicitado a la Fiscalía que presente cargos contra todos aquellos que participaron como delegados en los centros electorales y que han sido quienes han mostrado a Venezuela y a la comunidad internacional cómo se produjo el pucherazo del 28 de julio. Los peores augurios se hacen realidad, el régimen aumentará su deriva represora y ya se dispone a intentar juzgar a Edmundo González, a quien la Fiscalía ha citado para responder por un fraude electoral que, paradójicamente, le atribuye a él. Sólo Cuba y Nicaragua, las dos dictaduras comunistas, han reconocido la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela. El Gobierno español no reconocerá la reelección de Maduro mientras no se publiquen “ de manera íntegra y verificable” las actas de los comicios, lo hace en consonancia con el resto de la Unión Europea. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha ratificado en una posición que ha mantenido desde el mes pasado, si bien la adoptada por la dirección del PSOE ha sido, cuanto menos, débil si se compara con el énfasis que dedica a otros asuntos internacionales. Sin duda, el papel que José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido como respaldo a Nicolás Maduro ha mitigado el posicionamiento del Gobierno español. Desgraciadamente, al pueblo venezolano lo que le espera en los próximos meses es más represión y más pobreza por parte de un régimen dañino.
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