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Andalucía ha sido la comunidad autónoma más beneficiada por la integración de España en la Unión Europea. Desde 1986, fecha de la adhesión, han llegado a la región 43.400 millones de fondos de cohesión. La cifra casi iguala al presupuesto récord que la Junta de Andalucía ha aprobado para este año. En total, la cifra de dinero que se habría recibido de Bruselas por todos los conceptos, incluida la Política Agraria Común, estaría por encima de los 110.000 millones, según los cálculos más solventes. Para situar la cifra puede tenerse en cuenta que el PIB andaluz de 2022 fue de 180.224 millones de euros y que Andalucía es la tercera economía del país sólo por detrás de Cataluña y de Madrid. No es exagerado afirmar, en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio, que la entrada de España en Europa es lo mejor que le ha pasado a la región en toda su historia reciente. El objetivo prioritario de todo el dinero enchufado desde Bruselas y el objetivo específico de los fondos de cohesión recibidos era mejorar la situación de una comunidad que en muchos aspectos estaba, a mediados de la década de los ochenta, en unos niveles propios del Tercer Mundo y reducir el foso que separaba los indicadores sociales y económicos andaluces de la media española y de la de la propia UE. Es obvio que la financiación europea ha servido para dar un salto de gigante en infraestructuras y equipamientos sociales que han mejorado la calidad de vida de los andaluces. También lo es que esa convergencia con los niveles de bienestar de España y de Europa no se ha producido. Andalucía sigue a la cola de casi todo. Treinta y seis años de gobiernos socialistas y cinco del Partido Popular en la Junta no han servido para reducir ese desfase. Ni tan siquiera para que se vislumbren factores de cambio. Son muchas las razones. No todas, ni siquiera las principales, hay que buscarlas dentro de Andalucía.
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