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Las organizaciones de asistencia humanitaria que mantienen un contacto más estrecho con la realidad social, como es el caso de Cáritas o de Oxfam Intermón, ambas en la esfera de la Iglesia Católica, llevan años advirtiendo sobre el incremento en España de la llamada pobreza laboral. Desde la crisis de 2008 el tener un empleo ya no es una garantía de estabilidad económica ni garantiza el acceso a unas condiciones de vida digna. Casi el 14% de los trabajadores españoles no ganan lo suficiente para garantizar a su familia los niveles mínimos de subsistencia, según el informe hecho público la semana pasada por Oxfam. La conclusión del estudio evidencia que, dadas las características del modelo productivo español, el crecimiento económico no se traslada por completo a una mejora de las condiciones de trabajo, por lo que la pobreza laboral apenas se ha reducido en la última década. Como en la práctica totalidad de los indicadores de bienestar, la distribución territorial deja a Andalucía en un pésimo lugar. Es la zona de España en la que este fenómeno se manifiesta con más intensidad. Alcanza al 19,4% de la población laboral, superando ampliamente la media española y triplicando el nivel de las regiones del norte más ricas, como es el caso de Navarra, en el que sólo llega al 6,3% de los asalariados y autónomos. Las razones se pueden encontrar en que la precariedad se da con mayor frecuencia en los sectores que dominan la estructura productiva andaluza, como son la agricultura, la construcción y la hostelería. A los contratos temporales y los bajos salarios se suma la alta dependencia de la estacionalidad laboral y las condiciones de informalidad que caracterizan a una buena parte de estos empleos. Una vez más se pone de manifiesto que Andalucía tiene un problema de modelo económico y que ello tiene consecuencias sociales alarmantes. Es una situación que se perpetúa por décadas sin que se pongan los medios para que la situación revierta.
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