La renuncia del Estado

España funciona con unos Presupuestos del Estado prorrogados porque el Gobierno no ha sido capaz de reunir los apoyos necesarios para llevarlos al Congreso. Por la misma razón, la debilidad de su coalición y de sus alianzas, sufrió sendas derrotas parlamentarias la semana pasada en dos leyes que no fue capaz de consensuar ni siquiera con el otro partido que se sienta en el Consejo de Ministros. Pero este jueves, sí podrá sacar su ley más controvertida, la de amnistía, y la que, se quiera admitir o no, constituye el objetivo último y prioritario de la legislatura. Así están las cosas: Pedro Sánchez es incapaz de desarrollar un programa legislativo digno de ese nombre y sólo suma apoyos suficientes para una ley de una gravedad política que quizás no tenga precedentes en casi medio siglo de democracia. La norma supone que el Estado renuncia a pedir cuentas por unos delitos que supusieron, en la práctica, un intento de subvertir el orden constitucional y quebrar la cohesión nacional. Se trata de una ley que despierta un abierto rechazo en un sector amplio de la sociedad española y que no figuraba en el programa del partido que hoy gobierna. Al contrario, el PSOE consideraba inaplicable la amnistía hasta que los resultados electorales del 23 de julio de 2023 propiciaron que los siete escaños del partido de Carles Puigdemont fueran la llave para que Sánchez continuara en la Moncloa. Una vez que el Congreso la apruebe de forma definitiva, comenzará un largo periplo jurídico que puede retrasar su aplicación efectiva, aunque Puigdemont podrá regresar a España sin ser detenido. Se espera con especial interés la posible presentación por parte del Tribunal Supremo de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el posible recurso del PP en el Tribunal Constitucional. Sea cual sea el resultado final de esas acciones, que se demorará algunos años, no cabe duda de que con la amnistía se le ha hecho un daño muy considerable a la esencia misma de la democracia en España.