Los retos del 'Brexit'

La abrumadora victoria del conservador Boris Johnson en las elecciones del Reino Unido ha despejado de golpe las dudas que a lo largo de los últimos tres años y medio se habían abierto en torno a la activación del Brexit y el marco de relaciones que su Gobierno establecerá con la Unión Europea y, particularmente, con España en relación a Gibraltar. La salida de los británicos del club de los 27 se había pospuesto en dos ocasiones, el 12 de abril de 2018 y el 31 de octubre de 2019, a causa de la falta de acuerdo en el Parlamento de las islas sobre las condiciones de ese adiós, pero la mayoría absoluta lograda por los conservadores garantiza que el próximo 31 de enero el Brexit será una realidad, dando paso a partir de ese momento a un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque prorrogable, durante el que las dos partes deberán ponerse de acuerdo sobre cuestiones como la factura que Reino Unido deberá pagar a la UE, calculada a priori en unos 50.000 millones de euros. A ese respecto, conviene subrayar que España conserva su derecho de veto sobre dichos acuerdos si considera que sus intereses quedan dañados en lo referente a la reivindicación de la soberanía de Gibraltar, dada su condición de colonia británica, una situación no sólo reconocida a nivel internacional por nuestros socios comunitarios, sino también por la ONU.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el británico de Theresa May firmaron en noviembre de 2018 unos importantes memorandos de entendimiento específicos sobre las relaciones entre España y Gibraltar por los que se garantizaba el paso fluido por la Verja, clave para las personas que a diario pasan por ella, pero sobre todo para la supervivencia de Gibraltar tal cual la conocemos, y el reconocimiento de los derechos sociales y laborales adquiridos por los trabajadores a uno y otro lado de la Verja. Gracias a esos protocolos, Gibraltar se comprometía igualmente a combatir de manera firme el contrabando de tabaco (la AEAT calcula que el 26% del presupuesto de Gibraltar depende de ello) y a facilitar a España una información mucho más pormenorizada que la que ahora aporta sobre las actividades de las empresas que operan en la Roca, clave para luchar contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal de sociedades que tributan por sus beneficios en Gibraltar… aun operando en España. El Gobierno del Peñón, que vincula la puesta en práctica de esos memorandos a la activación de un Brexit pactado, debería empezar a cumplirlos a partir del 31 de enero.