El silencioso cibercrimen

La ciberdelincuencia es ya el “gran fenómeno delictivo” de este siglo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lanzaba este aviso hace unos días. Lorenzo del Río cifraba en un 55% el aumento en la comunidad de esta modalidad de delitos y aseguraba que las mafias internacionales han desviado sus actividades hacia este tipo de negocios. No es la única voz de advertencia. El propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, eleva a 80.000 los delitos de esta índole registrados en la región en 2023, con un incremento del 47% solo de las estafas informáticas. La propia Administración autonómica ha sufrido en un año unas 7.800 incidencias vinculadas con la ciberseguridad. Un escenario preocupante porque se camina hacia el objetivo de la automatización de los procesos burocráticos para agilizar las respuestas. En el reciente congreso sobre ciberseguridad, celebrado en Sevilla a primeros de este mes, el propio Sanz explicó que la Junta creará una agencia con este objetivo. También se trabaja en un escudo de protección ante amenazas tecnológicas que podrá dar servicio a los ayuntamientos, diputaciones y universidades y está en marcha un clúster con la participación de unas 60 entidades públicas y privadas. Las inversiones para presentar batalla se anuncian millonarias ante una delincuencia que se mueve de forma silenciosa por la red sin generar tanta alarma social como los delitos tradicionales y ese peligro exige una reacción. Tampoco nos hallamos ante un problema local, ni autonómico ni siquiera estatal, aunque la amenaza a la seguridad nacional constituya el riesgo más importante. Marcar fronteras o empaquetar territorios resulta absurdo, ya que a la ciberdelincuencia no la frenan cordilleras ni ríos. Su amenaza es global. La colaboración entre todas las administraciones es la fórmula más eficaz y menos gravosa frente a un enemigo común que ha encontrado su filón.