Lo primero, transparencia

Editorial

02 de septiembre 2024 - 03:04

El Gobierno evitó in extremis el pasado martes que compareciese en el Congreso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el pacto sobre financiación autonómica para Cataluña acordado entre ERC y PSC, con el aval del PSOE, que ha permitido la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Tres grupos que suman mayoría absoluta en el Pleno de la Cámara Baja –PP, Vox y Junts– apoyaron que Montero compareciese, pero como se votaba en la Diputación Permanente, sus representantes cosecharon por tres veces un empate a 34 –Podemos se abstuvo por triplicado–, lo que permitió que la petición decayese. Sin embargo, al tener el PP mayoría absoluta en el Senado, la vicepresidenta tendrá que acudir el miércoles a la Cámara Alta con el mismo objetivo. Ante todo, al Gobierno y a la propia ministra de Hacienda hay que pedirles transparencia. El Gobierno y el PSOE han sido deliberadamente opacos sobre los términos exactos del acuerdo sobre fiscalidad para Cataluña e incluso negaron que implique un concierto, lo que provocó una inmediata amenaza de ERC de hacer caer al Ejecutivo si no cumplía lo pactado, que esta fuerza independentista estima que otorga soberanía fiscal a la comunidad catalana, un cambalache indigno y de graves consecuencias en toda España. Pasado mañana, Montero tiene el deber de explicar en detalle este acuerdo y sus efectos para el régimen común de la financiación autonómica. El Gobierno tiene la obligación de concretar qué es lo que ha pactado y cómo afecta al reparto de fondos en toda España. Más allá incluso de si lo pactado puede aprobarse en las Cortes Generales, aspecto no garantizado, lo primero ha de ser un ejercicio de transparencia y la asunción de las consecuencias si los términos se compadecen con los relatados por ERC, porque las voces contrarias ya afloran en algunas territoriales socialistas, aunque no desde el PSOE-A, un error porque toda la sociedad andaluza, y no sólo la Junta, debe rechazar lo que implicaría.

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