La vivienda no es un lujo

Mientras el Gobierno convierte la vivienda en un nuevo frente de confrontación política, la escalada de los precios y la imposibilidad de un amplio sector de la población para acceder a ese mercado, sobre todo los jóvenes que aspiran a formar su propia familia, se han convertido en un problema con profundas consecuencias sociales y económicas. La situación se da tanto en lo que se refiere a la adquisición en propiedad como, de forma muy acusada, en el alquiler. Confluyen factores muy diversos y sobre ninguno de ellos se está actuando con eficacia desde las administraciones implicadas. Desde la escasez de oferta de suelo, hasta la falta de inversión en un parque suficiente de vivienda pública de alquiler, pasando por la presión que ejercen en muchas ciudades los alojamientos de temporada, todo se confabula para convertir un piso en un objeto de lujo sólo al alcance de algunos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que en el primer semestre de 2025 aprobará su propia ley para el sector. El objetivo es generar más suelo a precio asequible, incrementar la oferta residencial, sacar al mercado de alquiler 20.000 viviendas protegidas en cinco años y poner en marcha ayudas en las zonas con más dificultad de acceso. Si se consiguen esos fines, el anuncio hay que acogerlo con satisfacción y sólo hay que lamentar que llegue con considerable retraso. Es evidente que existe un marcado desequilibrio entre la oferta y la demanda y que la Administración debe poner en marcha medidas para corregirlo, responsabilidad compartida por el Gobierno de la nación, la Junta y los ayuntamientos. En Andalucía, el déficit de viviendas ronda las 90.000 unidades, según el Banco de España, una cifra que irá a más, ya que cada año la población crece en unas 25.000 personas. De hecho, se espera un crecimiento poblacional de 700.000 personas hasta 2040, y más de la mitad se concentrarán en la provincia de Málaga. La falta de vivienda no puede ser un obstáculo para el desarrollo de Andalucía.