España, Gibraltar y la 'patella'

Las negociaciones que a trancas y barrancas, tras no menos de trece rondas de diálogo, han mantenido la Comisión Europea y Reino Unido para la firma de un tratado internacional sobre Gibraltar se encuentran paralizadas desde hace meses. La convocatoria de las elecciones generales en España del 23 de julio pasado y el retraso en la formación de un nuevo Gobierno mantienen abierto un compás de espera durante el que no ha habido avance alguno en torno a los espinosos asuntos que vienen impidiendo un pacto. En términos generales, esos irritantes se resumen en: usos del aeropuerto y el puerto del Peñón (especialmente, el uso militar), control de pasaportes por las autoridades españolas, igualación de las pensiones de los extrabajadores comunitarios con las que cobran los llanitos, control de las ventas de tabaco, equiparación fiscal en todos los órdenes y transposición de la normativa ambiental de la UE a la colonia británica. El derribo de la Verja y la creación de aquella “área de prosperidad compartida”, una expresión acuñada por la ex ministra González Laya, continúan en barbecho.

En contra de lo que cabría esperar en un proceso de este tipo, en el que se presume que la buena voluntad de ambas partes debe demostrarse con hechos, la tensión no ha cesado en lo concerniente a cuestiones como la jurisdicción imperante sobre las aguas que rodean la Roca. El mes de agosto, sin ir más lejos, se ha visto jalonado por varios incidentes protagonizados por las patrulleras gibraltareñas, que han hostigado y amenazado con sanciones a algunos pequeños pesqueros de La Línea en un área en el que, históricamente, solo han faenado ellos a la búsqueda de bancos de melvas.

Al horizonte se asoma un nuevo encontronazo con las aguas como argumento, en concreto, por las situadas en la cara este del Peñón. El Gobierno de Fabián Picardo lleva a cabo en esa zona el llamado Plan de desarrollo del Eastside, un proyecto valorado en 330 millones de libras esterlinas que, cuando se activó en octubre de 2021, preveía entre otros elementos la construcción de un centenar de “viviendas asequibles” a razón de 3.000 libras el metro cuadrado, un puerto para megayates, un aparcamiento y una amplia zona de esparcimiento junto a las torres de viviendas del Hassan Centenary Terraces, construidas en los últimos meses en suelo ganado al mar con presupuesto público y destinadas, sobre el papel, a la población local con menos recursos económicos.

El problema desde un punto de vista ambiental es que el Plan de desarrollo del Eastside se desarrollará sobre una Zona de Especial Conservación (ZEC) donde se asienta una colonia de patella ferruginea, un molusco que es considerado como el invertebrado marino con mayor amenaza de desaparición en el Mediterráneo occidental y protegido, por tanto, por la legislación española y europea. Ambas son aplicables en este caso puesto que los ejemplares de patella viven en aguas que el Gobierno español reclama como propias a la luz del Tratado de Utrecht de 1713. No se trata de una cuestión baladí: la presencia de esta especie frenó en seco las ampliaciones de los puertos de Tarifa, en 2011, y de Ceuta, en 2009. Y ahora puede pasar lo mismo con el de Melilla, tras la realización del correspondiente estudio de impacto ambiental.

El plan de Gibraltar es trasladar los ejemplares de patella a otros puntos del Peñón como Sandy Bay, South Mole o Harbour Views. Este propósito vulnera de manera frontal la normativa española vigente debido a la alta mortalidad de ejemplares que este procedimiento ha provocado allí donde se ha llevado a cabo. En concreto, la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de 2007, recoge expresamente en sus artículos 52.3 y 54 la prohibición de “dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico”.

La firma responsable del desarrollo del Eastside es TNG Global Foundation y la constructora llanita MacMillan se encarga de realizar los rellenos. Esta última pretende iniciar estos trabajos sobre las aguas en litigio a mediados de este mes, por lo que a finales de julio solicitó los permisos para el traslado de los ejemplares protegidos de patella. Esta última labor están siendo llevada a cabo por la empresa Aquareef Tech.

Responsabilidades

¿Se pueden exigir responsabilidades? ¿A quién? Con la jurisdicción gibraltareña en la mano, siempre mucho más laxa en lo referente a aspectos ambientales que la europea, todo es correcto, aunque la cosa cambia desde la perspectiva europea. La paradoja es que, al tratarse de un área ZEC en el Estrecho oriental, la Unión Europea podría reclamar responsabilidades y sancionar a España por no garantizar en sus aguas la protección de una especie animal especialmente protegida. ¿Iniciaría la Fiscalía de Medio Ambiente española una investigación al respecto?

Son aspectos como este los que hacen necesario y obligado que la negociación del Gibrexit, de cerrarse algún día, concluya con todos los cabos bien atados y sin dejar para un futuro indefinido la armonización legislativa de Gibraltar con sus vecinos del resto del continente, ya sea en el ámbito medioambiental, el fiscal, el policial o el laboral. La cuestión a resolver, por más que algunos no quieran verlo, va más allá de las insufribles e injustas colas de vehículos en la Verja, provocadas no por la parte española, sino por Reino Unido con su salida de la UE y convertirse así en un país tercero, sujeto a una serie de requisitos para entrar y salir de él como frontera exterior. La prosperidad, o es compartida, o correremos el riesgo de consolidar para siempre los privilegios de unos pocos sobre una inmensa mayoría.