Un año sin el OCON de la Guardia Civil

En el barrio linense de Las Palomeras, una marabunta quema contenedores y ataca con piedras y palos a agentes de la Policía Local y la Nacional; en Jaén, la Guardia Civil y la Policía Nacional detienen a tres individuos dedicados a suministrar armas de guerra a las organizaciones criminales del Campo de Gibraltar y en El Saladillo, en Algeciras, a nadie sorprende los enfrentamientos a tiros entre bandas rivales. Tres escenarios diferentes para un mismo relato al sur del sur europeo: el del tráfico de drogas, que lejos de reducirse, sigue activo y con un nivel de violencia en aumento.

Se cumple aproximadamente un año de la disolución del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur, un grupo de élite en el seno de la Guardia Civil formado por un centenar de agentes que tenía dos misiones: combatir en primera línea el narcotráfico -hachís, cocaína, marihuana...- y otras actividades delictivas parejas e inseparables de ese fenómeno: el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción.

La creación del OCON y la activación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar fueron dos de las primeras medidas adoptadas en 2018 tras su nombramiento como ministro del Interior por Fernando Grande-Marlaska. Sus resultados saltaron a la vista casi desde el primer momento, con centenares de detenciones y de operaciones contra las grandes redes del narco.

La disolución del OCON Sur, llevada a cabo de tapadillo por Interior, fue justificada oficialmente a retazos por la necesidad de cubrir “otras funciones en las comandancias” de la Guardia Civil -a las que pertenecían los integrantes del OCON, en comisión de servicios- y por el descabezamiento de los principales clanes criminales de la droga tras cuatro años de combate sin cuartel. Sin embargo, había otras razones de fondo: el máximo responsable del OCON, el teniente coronel David Oliva, se había convertido en un personaje incómodo para muchos, tanto dentro como fuera del cuerpo. También para las altas esferas del Ministerio del Interior.

El grado de autonomía de Oliva respecto a algunos superiores en rango (solo respondía ante los mandos de la IV Zona de la Guardia Civil, en Sevilla) y sus contactos con algunos narcotraficantes le convirtieron en un enemigo a batir. Condecorado en 2020 con la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, el pasado 12 de abril compareció en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional por los delitos de cohecho y revelación de secretos en una causa que sigue su curso y en la que están implicados otros dos mandos. La causa se centra en las presiones de Oliva a un subordinado para saber si el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del cuerpo estaba siguiendo sus pasos a raíz de su presencia en una fiesta junto a un conocido narcotraficante del Campo de Gibraltar.

“Se ha levantado el pie”

Pasados esos doce meses desde el desmantelamiento del OCON, la actividad de los narcotraficantes se mantiene, si bien apenas trasciende que se lleven a cabo grandes operativos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No solo se trata de carencias en el terreno de la comunicación, que también.

“Hace un año, rara era la guardia en la que no te entraban quince, veinte o más detenidos en una operación antidroga; ahora no pasa casi nunca”, resume un juez con años de servicio a sus espaldas. La estadística sobre criminalidad puede llevar a error, advierte a renglón seguido: es posible que, oficialmente, caiga el número de detenidos por delitos contra la salud pública, lo cual algunos interpretarán como una demostración de que el tráfico de drogas ha descendido, aunque la realidad puede ser otra muy distinta. Para el juez no cabe duda: “Se ha levantado el pie del acelerador”. Que en el balance final de 2023 pueda haber menos detenciones no significa que haya bajado el número de delitos. Tampoco si descienden las aprehensiones de droga querrá decir que haya bajado su tráfico o consumo.

Ataques como los sufridos por los agentes en Las Palomeras, las incautaciones de armas de guerra -desde fusiles AK-47 a subfusiles Zastava o Skorpion, con capacidad para disparar hasta 1.100 balas por minuto- y los tiroteos entre bandas indican que el principio de autoridad corre riesgo de ser puesto en cuestión, que el narco sigue siendo muy fuerte y que corremos el riesgo de que algún día ocurra alguna desgracia escrita en letras mayúsculas. Cuantos más efectivos policiales hay en la calle, menos impunidad.

“Los traficantes se arman para defenderse de otros traficantes ante el temor a que les roben la droga en un vuelco. Si hay armas de guerra de por medio, que antes solo se veían en la Costa del Sol, es porque hay mucha droga almacenada en las guarderías”, añade el juez en cuestión, para quien lo ocurrido en La Línea “es solo un fogonazo”, un aviso de lo que puede venir. En 2022, según la Memoria de la Fiscalía, se produjeron tres asesinatos en ajustes de cuentas entre traficantes de hachís en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, junto a dos secuestros frustrados a narcos a manos de organizaciones rivales.

Nadie cuestiona el incansable y vasto trabajo que se desarrolla desde las comandancias de la Guardia Civil, como tampoco desde las comisarías de la Policía Nacional o desde Vigilancia Aduanera. Lo que sí necesitamos plantearnos ahora, al igual que cuatro años atrás, es si los medios humanos y materiales a nivel policial y judicial son suficientes para seguir plantando cara a las bandas criminales en el Campo de Gibraltar.