Apuesta por el diálogo y la gobernanza

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado miércoles 18 de diciembre, con un amplio respaldo, la Ley de Participación Institucional. Una norma que, entre sus aportaciones relevantes, promociona la participación en la vida pública; dota aún de mayor transparencia y seguridad jurídica a la labor que realizan los agentes económicos y sociales más representativos; y fija sus obligaciones y derechos en el desarrollo de sus funciones.

Con esta Ley, la sociedad gana en calidad institucional y gobernanza, pues aporta un instrumento útil para seguir garantizando derechos y obligaciones, otorgando la posibilidad de ser aún más activos en la acción de gobierno. Al mismo tiempo, permitirá hacer propuestas porque, desde el ámbito al que represento, los empresarios andaluces necesitan de una organización fuerte que pueda canalizar sus inquietudes y que sea capaz de impulsar ante las administraciones y la sociedad iniciativas que vayan en beneficio de la libertad de empresa y que favorezcan su creación y crecimiento. Una organización con capacidad para promover acciones que apoyen el tejido empresarial y su desarrollo. Una buena Ley, por tanto, que incrementa nuestra calidad democrática.

Otro logro de la Ley de Participación Institucional es que pone a nuestra comunidad al mismo nivel de las demás, que ya han desarrollado leyes similares, pues sólo tres carecían de esta regulación que ya estaba vigente en 17 de ellas, algunas incluso desde 1995. El artículo 7 de la Constitución Española reconoce el papel de los sindicatos y las asociaciones empresariales en la defensa y la promoción de los intereses económicos; y en el 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se reconoce la regulación por ley de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en nuestra Comunidad en el ámbito de la Junta de Andalucía, y que quizás ha tardado demasiado en llegar. Con ella, se salda en nuestro territorio una cuestión histórica que estaba pendiente de resolver.

Esta Ley establece un marco para impulsar la participación en la vida pública de los agentes económicos y sociales más representativos y, sobre todo, es una apuesta decidida por el diálogo social, la vía más eficaz para alcanzar acuerdos que permitan desarrollar nuestro tejido empresarial y hacernos capaces de afrontar los retos que nuestra economía tiene por delante. Por eso me gusta decir que la mejor infraestructura de un territorio es el diálogo social, la base de la paz social. Y trabajar en la búsqueda del consenso y el acuerdo máximo es un valor esencial. Con esta Ley, las organizaciones van a poder ocupar el lugar que les corresponde, gobierne quien gobierne, promoviendo así que la voz de los agentes más representativos sea escuchada en la toma de decisiones de nuestra comunidad.

El año 2024 termina con hito importante para las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, pero, sobre todo, para la gobernanza de Andalucía. Si ha puesto de acuerdo al PP y al PSOE en estos tiempos de máxima crispación, enfrentamiento y polarización, debe ser por algo.

Por todo ello, desde CEA creemos que, con esta nueva Ley, Andalucía gana en calidad institucional, gobernanza y transparencia.