Colonizando las instituciones del Estado

En 1994 se aprobó la Ley de Autonomía del Banco de España (BdE) siguiendo los ejemplos de los bancos centrales de las principales democracias y la experiencia histórica de las ventajas de la independencia para el cumplimiento de sus cometidos, aunque el nombramiento de su presidente es potestad del presidente del Gobierno, habitualmente de acuerdo con el principal partido de la oposición.

El BdE es una de las instituciones españolas con mayor prestigio internacional. Especialmente desde que Luis Ángel Rojo, primero como director del Servicio de Estudios y posteriormente como gobernador lo dotase de un rigor y profesionalidad internacionalmente reconocida. Otros muchos economistas cualificados han sido gobernadores. Entre ellos, Pablo Hernández de Cos, el gobernador saliente, que ha sido elogiado por su rigor profesional, liderazgo y calidad ética, tanto por los analistas económicos, como por buena parte de los políticos y especialmente por la presidenta del BCE, que ha lamentado su salida. Ha sido, como otros gobernadores, colaborador con el gobierno, pero manteniendo un discurso independiente de racionalidad económica, que hemos compartido la mayoría de los economistas.

Ahora, en contra de la tradición, de la oposición política y de buena parte de los economistas, Pedro Sánchez impone al ministro José Luis Escrivá para tan respetable institución. A diferencia del franquismo, en el periodo democrático nunca un ministro había pasado del Consejo de Gobierno a gobernador del BdE. Es el estilo de Sánchez, que con anterioridad situó a ministros en instituciones relevantes del Estado (como el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado) después de tenerlos disciplinados en su Gobierno.

A José Luis Escrivá no le faltan méritos profesionales. Es un experto reconocido en áreas como el mercado de trabajo, la contabilidad pública o la política monetaria, y ha trabajado en el Servicio de Estudios del Banco de España, el del BBVA, en el Banco Central Europeo, y en el Banco Internacional de Pagos. Pero fue en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) donde su trabajo fue más reconocido. Esta institución, promovida por la Comisión Europea para el seguimiento y control de las cuentas públicas tras los desajustes de la crisis financiera, lo tuvo como primer presidente, y ejerció su responsabilidad con gran independencia y acierto en la fiscalización de la política fiscal, lo que le enfrentó al gobierno de Mariano Rajoy que lo había nombrado. Quienes lo conocen y han trabajado con él valoran su dedicación al trabajo, su brillantez, aunque también su obstinación, vehemencia y difíciles relaciones personales.

Sorprendentemente, una persona con su recorrido profesional y carácter, aceptó un ministerio como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el complejo reto de abordar la reforma del sistema público de pensiones que exigía la Comisión Europea. En lugar de continuar con un proceso de racionalización de las pensiones ajustándolas a las previsiones demográficas y de crecimiento, cumplió con los deseos de Sánchez al aceptar la opción expansiva indexando las pensiones al IPC, y provocando una tendencia inevitablemente gravosa y deficitaria. Así lo recogió un informe del BdE, que fue descalificado por el ministro Escrivá. Por ello, Escrivá se enfrentará a un conflicto de intereses cuando el BdE realice el próximo informe sobre la Seguridad Social.

El BdE analiza la economía española, singularmente las cuentas públicas, las políticas aplicadas y la evolución económica aportando una visión objetiva y rigurosa que es ampliamente respetada por los analistas económicos y por las instituciones europeas. Previsiblemente el próximo mes Escrivá tendrá que comparecer en el Parlamento para valorar los presupuestos de un gobierno del que acaba de salir y en el que ha participado. ¿Será independiente en su fiscalización? En cualquier caso, queda la duda si el Escrivá gobernador del BdE actuará con la independencia y rigor que tuvo al frente de la Airef o lo hará como el ministro sumiso a los dictados del presidente Sánchez.

En esta legislatura se tienen que renovar otras presidencias de instituciones del Estado, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión para los Mercados y la Competencia, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de Datos. ¿Optará Sánchez por personas independientes de reconocido prestigio o seguirá colonizando las instituciones hacia una autocracia electoral?