El desmentido de presuntos abusos sexuales

Algeciras/El pasado 25 de octubre, tras conocerse los presuntos abusos sexuales cometidos por el diputado Íñigo Errejón, publiqué un artículo que titulaba Mujeres valientes contra la violencia sexual. Realzaba el valor de Elisa Mouloaá por denunciar los abusos padecidos por parte del político y que, al parecer, eran conocidos por la dirección del partido al que pertenecía y del que dimitió de forma inmediata.

Días después se han difundido varios whatsapp por parte de Alvise Pérez, eurodiputado de Se acabó la fiesta, en los que dos concejalas del Ayuntamiento de Algeciras comentan presuntos abusos sexuales cometidos por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. Mediante un comunicado escrito, ambas concejalas han negado la veracidad del contenido de los mensajes y alaban a quien Alvise Pérez ha señalado como un presunto abusador. Todo ello tras desear que no se dañe la imagen del municipio.

Pese a que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio por zanjado el asunto tras conversar con los tres -las concejalas y el alcalde-, la formación mantiene abierta una investigación para aclarar este asunto.

Entre los hechos más execrables que pueden cometerse en cualquier sociedad se encuentran los abusos sexuales, castigados con penas de prisión por nuestro Código Penal. Y más aún si son reiterados y afectadas varias personas. Y para su persecución es preciso e ineludible la denuncia de la persona perjudicada.

Todos los partidos políticos condenan este tipo de abusos, si bien parece que no activan protocolos cuando se producen.

Los mensajes de Whatsapp son, hoy día, un medio rápido de comunicación usados en todo el mundo. Y si bien pueden ser un medio de prueba entre quienes se comunican, en cambio es delictivo que una tercera persona ajena les dé publicidad sin haber sido parte en la conversación.

Las dos concejalas están en su pleno derecho de manifestarse como lo han hecho: negando la certeza los hechos, sin dar otra explicación. Pero al tratarse de personas públicas, elegidas por los ciudadanos, no debería quedar el asunto en una simple negativa. Según mi criterio, deberían actuar contra quien difundió esa información y contra quien pudo facilitársela. Y de haberse alterado el contenido de las conversaciones, que bien parecen un chat entre compañeras para comentar vivencias diarias, debería ampliarse la denuncia por falsedad en documento y con publicidad.

Ante situaciones como esta, los partidos políticos deben ser ejemplo de legalidad y justicia. Y tienen la obligación ética y social de averiguar cualquier denuncia de agresión o acoso, incluso si es anónima, ya que en caso contrario merma la confianza pública de los ciudadanos en esa organización.

La Ley 10/2022, de Garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la ley del “Sí es sí”, ha fortalecido las obligaciones de los partidos para prevenir y actuar en casos de acoso y violencia sexual. Y pueden ser responsables penalmente -como cómplices- si tuvieron conocimiento de casos de abusos sexuales y no actuaron o lo ocultaron.

El propio PP, recientemente, se ha manifestado ante una denuncia anónima contra un político extremeño de otro partido en los siguientes términos: “El silencio, como hemos dicho, es el principal aliado del abusador y no puede haber silencio ni falta de investigación en este caso".

Y es lo esperado en cuanto es el objeto de este comentario, por el bien de las concejalas y del político señalado, demostrando que existe transparencia. Igualmente, por el derecho de todos los ciudadanos a conocer lo relacionado con sus representantes públicos y de las mujeres en general, a quienes hay que proteger.

Soy consciente que supone un calvario denunciar hechos de esta naturaleza. Y es de aplaudir la actuación de Elisa Mouliaá, quien sabiendo a lo que se enfrenta ha sido capaz de alzar su voz y denunciar lo que considera que no debe tolerarse y que la sociedad repugna. Y sin miedo a las críticas que pueda tener, ni tampoco a la pérdida de prebendas de las que pueda gozar.

El nombre de la ciudad de Algeciras ha quedado empañado esta semana, ante la amplísima difusión de la publicación de Alvise Pérez, siendo cabecera de noticiarios y prensa a escala nacional. Se precisa la investigación anunciada por el partido y sus conclusiones. De otro modo, la duda permanecerá in eternis, así como la falta de confianza en los partidos y personas que lo encarnan.