La tribuna
Javier González-Cotta
El Grinch y el Niño Dios
El calendario de las reuniones de carácter técnico entre los representantes de la Comisión Europea y Reino Unido se mantiene prácticamente inalterable. Y sin embargo, de facto, será casi imposible cerrar un acuerdo antes de que finalice 2023. Tras una dura y larga negociación, con trece rondas de alto nivel como hitos desde octubre de 2021, el proceso para la firma de un tratado internacional que regule las relaciones y la incardinación de Gibraltar en la UE ha quedado en suspenso por la convocatoria de las elecciones generales anticipadas del próximo 23 de julio.
Hasta ahora, el diálogo se ha venido desarrollando en dos escenarios de forma paralela y casi simultánea. De un lado están las conversaciones entre Bruselas y Londres, en las que se aborda el acuerdo marco en torno a cuestiones como la seguridad, el medio ambiente, la nivelación de los tributos o el control del contrabando de tabaco, entre otras; de otro, los foros entre España y Reino Unido, con Gibraltar con voz propia, en los que se abordan cómo sería la puesta en práctica en el día a día de esos futuros compromisos, de esos irritantes consistentes en, por ejemplo, cómo activar la presencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Aduanas en el puerto y el aeropuerto del Peñón.
Este segundo proceso es el que se ha frenado prácticamente en seco a raíz del adelanto electoral en España, para que sea el futuro gobierno el que trate de culminarlo. Previsiblemente, pasarán varios meses hasta que el nuevo ejecutivo tome velocidad de crucero y pueda volver a ponerse manos a la obra, un periodo de transición que se prolongaría mucho más si se da un hipotético traspaso de poderes del PSOE al PP. Los tiempos en política se consumen a una velocidad insospechada, incluso para sus protagonistas: tan solo dos meses han transcurrido desde que Pedro Sánchez y Rishi Sunak pronosticasen, tras conversar por teléfono, que el acuerdo estaba cerca, pero eso es ya pasado.
Una de las principales cuestiones que está sobre la mesa a día de hoy es si España mantiene la prórroga de las medidas provisionales adoptadas tras el Brexit y relativas a diversas cuestiones. También se mantienen suspendidas determinadas obligaciones en la Verja, principalmente, el control y sellado de pasaporte para los gibraltareños. Esta medida, acordada como gesto de cordialidad y buena vecindad mientras durasen las negociaciones, supone una anomalía en el espacio Schengen ya que permite la entrada diaria en territorio europeo de miles de ciudadanos sin que se lleve a cabo una verificación exhaustiva de quiénes son.
La aspiración de crear la llamada “zona de prosperidad compartida” conllevaba la desaparición total de esos controles y el derribo de la Verja, si bien, mientras no haya acuerdo, Gibraltar seguirá siendo territorio extracomunitario a todos los efectos. Se esperaba que el presidente español y su homólogo británico pudieran abordar la cuestión de las medidas provisionales en la cumbre de líderes europeos celebrada en Moldavia el pasado jueves, pero no ha sido así.
Por el momento, los llanitos entran en España mostrando únicamente la llamada tarjeta roja, una especie de salvoconducto que, como norma general, les permite no pararse en los controles españoles; a la inversa, los españoles hacen lo propio para entrar en Gibraltar, enseñando tan solo sus DNI.
En cambio, si la negociación se suspende sine die y desaparecen las medidas provisionales, el sellado del pasaporte sería obligado, quedando constancia de los días (y noches) que pasan en suelo español los gibraltareños.
El hecho de que hasta ahora no haya existido ese registro ha impedido que la Hacienda española pueda tener constancia del número de llanitos que, con residencia extraoficial fuera del Peñón -en Sotogrande o la Costa del Sol, por ejemplo- tributan en él, donde los impuestos son mucho más bajos. Desde el momento en que gracias al sellado de los pasaportes pudiera demostrarse que pasan más de 180 días en España, se les consideraría como unos contribuyentes más.
No se libra tampoco la parte gibraltareña de posibles cambios que puedan afectar a la reanudación de las conversaciones, ya que el Peñón celebrará su propio proceso electoral antes de final de año. Fabián Picardo, ministro principal de la colonia, se presentará a la reelección como líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar (GSLP). Ya ha ganado en tres ocasiones los comicios, aunque en esta ocasión no lo tendrá fácil.
La ausencia resultados en la negociación con España y el alto endeudamiento de la administración llanita juegan en su contra. El abogado y bloguero gibraltareño Robert Vasquez, crítico con la gestión de Picardo, se hacía eco hace unos días del escenario existente en la Roca: “Es un panorama compuesto por una deuda pública inasumible, un gasto público prohibitivo y la probabilidad de una economía en declive que seguramente reducirá aún más los ingresos públicos. Además, el Reino Unido ya ha prestado su ayuda financiera. La realidad puede desincentivar la concesión de nuevas ayudas”.
La sensación existente en fuentes conocedoras de la negociación entre España y Reino Unido es que Picardo ha tensionado la cuerda hasta un punto de no retorno y perdido la gran oportunidad de cerrar a tiempo un pacto con “condiciones inmejorables” para la colonia.
La negativa del jefe del Ejecutivo del Peñón a que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles tengan una presencia física visible en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar -como fronteras exteriores de los 27-, a equiparar las pensiones de los ciudadanos españoles con las que se cobran en el Peñón, a una nivelación impositiva -sin la cual morirían los negocios de La Línea y del resto del entorno- o a trasponer la normativa de la UE en materia medioambiental han impedido el acuerdo.
Para rematar, también entran en juego los torpedos lanzados por la Royal Navy en contra del consenso por la condición del Peñón de base militar estratégica en la puerta del Mediterráneo. Su temor a que Europa meta las narices en un recinto donde, entre otras actividades, se realizan tareas de mantenimiento y reparación de submarinos de propulsión nuclear es otro obstáculo.
A estas alturas, la paciencia se agota y en la UE ven cómo les roba el tiempo y la energía un asunto que ocupa y preocupa sobre todo a una parte muy pequeña de su población, pero que, de cerrarse en falso, puede ocasionar grandes problemas en múltiples ámbitos y un ejemplo a no seguir ante las pulsiones que se viven y vendrán del Este del continente.
Brian Reyes, director del Gibraltar Chronicle apuntaba este viernes hacia otra amenaza para los intereses de la colonia: "Un gobierno del PP apuntalado por Vox podría convertir la pesadilla actual en una tormenta perfecta [debido a] la postura hostil de Vox hacia Gibraltar y a lo que ese partido podría conseguir del PP a cambio de apoyo en asuntos internos más urgentes en España".
En la misma línea, la advertencia lanzada por fuentes conocedoras de la negociación es clara: “De lo que no cabe duda es de que ningún gobierno del PP, mucho menos con Vox como socio, será tan generoso con el Peñón como el de Pedro Sánchez”.
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