España en libertad, ¿amenazada?

En el mes de julio del año 1947 los españoles aprobaron en referéndum la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. En esencia, le otorgaba al general Franco, dictador vitalicio, la capacidad de elegir quién habría de lucir la corona cuando él falleciese. Lo recuerdo muy bien porque casualmente nací en diciembre de ese año. Así que faltaba un mes para cumpliese veintiocho años cuando, el 20 de noviembre de 1975, falleció el general Franco. También lo recuerdo muy bien porque pasé ese día en los calabozos de la comisaría central de Sevilla, sita en la plaza de la Gavidia, adonde dos oscuros personajes vestidos de paisano me condujeron encañonándome discretamente los riñones con una pistola. Al parecer, figuraba en una lista de activistas a detener cuando se produjese “el hecho biológico”, como llamaban en su jerga al inevitable óbito del dictador. Tras registrar infructuosamente mi domicilio, al día siguiente me liberaron. Habían concluido que no suponía ningún peligro para la estabilidad del Régimen. Me temo que acertaban.

Ahora el gobierno presidido por Sánchez nos ha programado cien actos unidos por el lema “España en Libertad”. Me gusta ese lema, pero me pregunto por qué han escogido celebrar el cincuentenario del óbito del general Franco. ¿Realmente piensan que el proceso de transición a la democracia empezó ese día? En su papel de leal oposición, insisten los portavoces del Partido Popular en que habría que celebrar más bien la aprobación de la Constitución, hito sucedió por referéndum en 1978. Llevan razón en recalcar la importancia del pacto que, promovido por el rey Juan Carlos, aceptaron tanto los aperturistas provenientes del franquismo como los demócratas provenientes de la oposición al franquismo. Aunque los argumentos contrafactuales nunca son concluyentes, quizás también lleven razón en que no se habría producido la transición a la democracia sin las contribuciones de Fernández Miranda, Adolfo Suárez y Manuel Fraga. Y también de Felipe González y el cardenal Tarancón. Por el contrario, otra corriente de opinión fija como fecha clave la del 20 de diciembre de 1973, día en el que ETA, con la oculta complicidad de algún servicio de inteligencia extranjero, asesinó al almirante Carrero Blanco, acérrimo adversario de la democracia. Lo recuerdo muy bien porque esa mañana estaba participando en una manifestación sevillana en apoyo de los diez dirigentes de Comisiones Obreras acusados en el proceso 1001. Si a nivel nacional destacaban Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, en Sevilla figuraban Fernando Soto, Eduardo Saborido y Paquito Acosta. Un capitán de la Policía Nacional se nos acercó para recomendarnos que disolviésemos la manifestación porque había pasado algo muy grave, pero pensamos que era un truco. Al poco se corrió la noticia del atentado y, con pasmosa celeridad, nos dispersamos.

En resumen, las opiniones sobre el comienzo de la transición están divididas entre situarla en el asesinato de Carrero Blanco, la muerte por enfermedad de Franco y la aprobación de la Constitución. Por mi parte, me inclino por los años sesenta del siglo XX. En efecto, dirigido por Santiago Carrillo, el PCE adoptó por entonces una novedosa estrategia de reconciliación nacional y de pacto por la libertad. Habiendo comprendido que no era factible acabar por la fuerza con el régimen franquista, los comunistas propusieron superar la división nacional derivada de la guerra civil. Por primera vez, querían entenderse con los sectores franquistas dispuestos a abrirse a una solución democrática. Simultáneamente, también por esos años los dirigentes franquistas más lúcidos, comprendiendo que la política económica autárquica que venían siguiendo era ruinosa, emprendieron una etapa de desarrollo, apertura e industrialización. En aquellos años creció el PIB a un ritmo del 7% anual y fue surgiendo la clase media que posteriormente apoyaría masivamente la democracia.

Así pues, en vez de iniciarse con la Constitución, fue entonces cuando culminó el largo proceso de transición. Los españoles verdaderamente partidarios de la democracia no se habían tomado cuarenta años de vacaciones políticas antes de la muerte de Franco. Desde esa perspectiva, la celebración de su óbito probablemente constituye una gigantesca campaña electoral basada en denunciar que corremos el riesgo de que vuelva el franquismo. Sin embargo, no se instauró la dictadura en España a través de ningún proceso electoral, sino tras vencer en una cruenta guerra civil. En consecuencia, resulta antidemocrático descalificar a las opciones políticas adversarias que, solo mediante las urnas, aspiren a gobernar. Ninguna formación política que acepte la alternancia en el gobierno mediante elecciones merece el calificativo de fascista. En los años treinta del siglo XX, el fascismo compartía con el comunismo el desprecio a la democracia representativa y a las libertades de expresión y de asociación; en cambio, ahora ninguna fuerza significativa se propone abolir las elecciones. Me temo, pues, que la alerta antifascista del presidente Sánchez solo es otro de sus exitosos trucos electorales.