Hackeo y posibles escuchas en el Ayuntamiento de Algeciras

Este pasado mes de octubre se han producido hechos de enorme importancia en la vida institucional municipal, que vienen a dejar dudas en torno a la seguridad en los despachos de suma importancia para la buena administración local.

Y ello ocurre a raíz de haberse dado a conocer unos mensajes de Whatsapp, por parte del eurodiputado señor Alvise, en el que dos concejalas hacen presuntamente comentarios en torno a presuntos acosos y abusos sexuales. Este asunto, por cierto, sigue sin aclarar porque no se ha llegado a presentar denuncia alguna contra quien llegó a filtrar esa noticia o, al menos, no se ha comunicado si se haya llevado a cabo.

No menos importante es el presunto hackeo del ordenador oficial del señor interventor de fondos del Ayuntamiento, una noticia ofrecida por Europa Sur. Según la denuncia formulada por el funcionario habilitado, se ha usurpado su identidad digital, percatándose de ello al no poder acceder al sistema con su nombre de usuario y contraseña, según él había sido alertado. El acceso del presunto hacker se ha hecho a la plataforma Autoriza, de gran valor, ya que es el lugar donde la Administración Local rinde cuenta al Ministerio de Hacienda, en torno a las actividades financieras que realiza el Consistorio algecireño.

Como es obligado, se ha cursado la correspondiente denuncia y se espera se pueda conocer en breve al autor de este delito informático para ser juzgado por tal hecho. Pero lo que sí es de destacar es la escasa seguridad con la que cuentan estos accesos de relevancia. Llama la atención el hecho de que se apunte a que pueda tratarse de un antiguo funcionario y que estuviese aún en posesión de esas claves.

¿Cómo se permite por quien corresponda que funcionarios que cesan en su actividad puedan seguir accediendo a plataformas y lugares donde se conserve documentación de relevancia? ¿Se ha alterado algún documento de interés -cuentas públicas, por ejemplo- y perjudicial para todos?

Los cargos públicos municipales son titulares de la representación de los ciudadanos, a quienes se deben

Otro hecho no menos significativo, también conocido estos días a través de este periódico, es el hallazgo oculto bajo la mesa de la señora concejala de Hacienda de un dispositivo, con posible sistema de grabación, debiendo actuar funcionarios policiales que se han hecho cargo de la investigación.

En este caso, denunciado de inmediato al tenerse conocimiento del hecho, la interrogante se plantea igualmente en términos similares al anterior: ¿Quién puede tener acceso a ese despacho, además de su titular y personal de limpieza? ¿No existe vigilancia interna en torno a las personas que puedan acceder incluso fuera del horario laboral? ¿Quién puede mostrar interés en poder oír esas conversaciones para instalar ese aparato de escucha ilegal?

Son bastantes las interrogantes por aclarar. Estos asuntos merecen una respuesta a la ciudadanía, ya que, como en ocasiones anteriores he expuesto, los cargos públicos municipales son titulares de la representación de los ciudadanos, a quienes se deben. Y si existe interés público en conocer hechos que acaecen en el seno municipal, existe el deber de explicación clara, sin necesidad de conocerse a través de filtraciones.

Unido íntimamente a ello, existe igualmente el derecho de todo concejal -del equipo de gobierno o de la oposición- a obtener la información necesaria para poder ejercer las funciones de control, inherentes a la función representativa que ostenta de quienes le votaron. Y ello en base al principio de transparencia que debe regir en toda Institución pública.

Negar información o poner dificultades para obtenerla obstaculiza la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, al ser los verdaderos titulares del poder delegado y pilar esencial de nuestro sistema democrático.

Deben dejarse claros todos estos hechos de forma convincente, para una mayor confianza en el gobierno de la ciudad. La ocultación o ausencia de dar cuenta genera día a día una desconfianza de los ciudadanos en quienes les representan.