Okupas y desokupas

Pese a la inconcreción de datos fiables, la cifra que manejan las instituciones oficiales señalan que son unas 50 las denuncias diarias que se producen en nuestro país por ocupaciones ilegales de viviendas. Cifra que se incrementa en esta época veraniega, en la que, tras el regreso de vacaciones, los titulares de los inmuebles se encuentran con la sorpresa de que su vivienda se halla ocupada por personas que, forzando la cerradura, han accedido al interior de la misma sin su consentimiento.

Hasta hace poco, había dos grupos de personas en esta problemática: los ocupantes -con el subgrupo de los inqui-okupas- y los propietarios perjudicados, a los que, se ha unido un tercer grupo: empresas dedicadas a la desocupación de viviendas.

Ante el aumento de estos ilícitos, que tanto preocupa y perjudica a quienes poseen viviendas, la mayoría de las propuestas presentadas por partidos políticos para intentar dar solución a esta cuestión se basan en la modificación de la ley actual, a fin de facilitar el desalojo y aumentar las penas; en cambio, expertos sociales señalan que el foco debería estar en crear viviendas sociales, lo que no sucede desde el año 2003.

Trato en este artículo de analizar lo concerniente a este asunto, en la legislación actual, y sus posibles soluciones.

Ocupar una vivienda sin autorización, siempre que la misma no constituya morada, es un delito de usurpación, sancionado con pena de multa; en cambio, si se trata de ocupar una vivienda donde habita su propietario, la pena es de prisión de seis meses a dos años, ya que se considera un delito de allanamiento.

Existe, en cambio, discrepancia –de si nos hallamos ante ocupación o allanamiento-, cuando se trata de una segunda residencia. En estos casos, si se trata de una ocupación llevada a cabo en las últimas 48 horas, podrá desalojarse de inmediato, al considerarse delito flagrante.

Y en cuanto a los ocupantes, existen dos perfiles: las mafias organizadas -que introducen personas y negocian con el propietario su salida- y las personas en situación de vulnerabilidad, si bien la gran mayoría pertenecen a este último grupo: carencia de medios, con hijos pequeños, y en situación de desempleo. El 85% de las viviendas que se ocupan pertenecen a grandes propietarios o entidades bancarias.

El propietario, a quien se le ha privado del uso de su propiedad, junto a la vía penal ya citada, podrá interponer una demanda civil, y solicitar al Juzgado la vía exprés para recuperar su inmueble, y en un plazo de cinco días, si el ocupante no aporta justificación de la posesión, se prevé, en la Ley de 2018, su lanzamiento. Se trata de un sistema preferente y sumarísimo antiokupa. 

La administración es quien debe ofrecer una alternativa habitacional ante un caso de desalojo, a fin de dar respuesta adecuada, y lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad.

El atasco judicial de nuestro país hace que algunos titulares de vivienda, traten de “tomarse la justicia por su mano”, enfrentándose a golpes con los okupas, como ha ocurrido recientemente con un conocido actor, siendo condenado por delito de lesiones.

Junto a todo lo anterior han surgido en los últimos años, unas empresas de Desokupas dedicadas a tratar de desalojar, sin orden judicial alguna, a quienes se encuentran en situación de ilegalidad de ocupación de vivienda; incluso un sindicato policial ha firmado un acuerdo con una de estas empresas, para formar a los agentes en este tipo de actuaciones.

Un problema, por tanto, sin resolver. Las tareas de política de vivienda pública recaen en los tres niveles de gobierno: el nacional - responsable de impulsar políticas de vivienda pública-, las comunidades autónomas -su desarrollo destaca en unas más que en otras- y los ayuntamientos, ya que la ley de régimen local obliga a la promoción y gestión de la vivienda de protección pública a través de sus programas municipales.

Soy de la opinión de que, en el momento en que todas las administraciones se ocupen de sus obligaciones y comiencen a construir estas viviendas para personas con escasos recursos económicos, incluso concertando acuerdos con grandes tenedores de viviendas vacías -los bancos, por ejemplo-, comenzará a verse la luz al final del túnel a este gran problema y que la medida será bien recibido por toda la sociedad.