Unas oposiciones a la Policía Local viciadas

La anulación de los tests psicotécnicos calificados con un “no apto” en las oposiciones a la Policía Local de Algeciras y el cese de las dos psicólogas municipales que realizaron y evaluaron dichas pruebas ha generado esta semana una lógica y previsible polémica. El lío que se ha montado se ha visto acrecentado por la falta de explicaciones en torno a los motivos que han llevado a tomar dicha decisión, adoptada vía decreto por el alcalde -tal y como Europa Sur desveló el pasado viernes- a instancias de todos los miembros del tribunal responsable de las oposiciones. Según expusieron estos últimos en un comunicado, las reclamaciones presentadas por varios de los suspendidos y la denuncia de una de las aspirantes llevaron al cese de las dos psicólogas, puestas en el disparadero con nombres y apellidos y a la espera de que el Ayuntamiento abra el anunciado expediente informativo sobre lo ocurrido.

Desde la perspectiva del equipo de gobierno, se ha actuado con total normalidad con el objetivo de garantizar una evaluación correcta del conjunto de los exámenes, pero la cosa no es tan sencilla porque se han dejado varios cabos sueltos. En primer lugar, habría que preguntarse por los conocimientos en materia de Psicología de los miembros del tribunal -y, por extensión, del propio regidor- para cuestionar el trabajo de las dos profesionales destituidas; en segundo y más importante, si el tribunal cuestiona la labor desempeñada por aquéllas, no puede hacerlo solo respecto a una parte de los exámenes evaluados por ambas, sino sobre todos, es decir, también sobre los calificados como “aptos”.

Con la solución elegida y tras el nombramiento de una tercera psicóloga municipal en sustitución de las anteriores, las oposiciones contarán con una doble vara de medir y corren, por tanto, el riesgo de ser objeto de impugnaciones y recursos en los tribunales. Por fortuna, se ha descartado la estrafalaria idea de contratar a “una empresa externa” -se entiende que a un psicólogo autónomo- para que reevaluase a los candidatos “no aptos”, porque con ello se hubiese dado a un actor privado condición de juez y parte en una convocatoria pública de oposiciones.

Las dos consecuencias inmediatas de lo ocurrido son la sombra de duda que se ha posado sobre el procedimiento, que únicamente podrá desaparecer por medio de las oportunas explicaciones del equipo de gobierno, y el daño que, lamentablemente, han sufrido las dos psicólogas municipales que, mientras nadie demuestre o diga lo contrario, han actuado con absoluta profesionalidad, objetividad e independencia. Si ambas guardan silencio pese el embrollo generado es por prudencia, no por conformidad con las sospechas de parcialidad que el tribunal ha lanzado sobre ellas sin calcular sus consecuencias.

Otra derivada es el retraso en la resolución de las oposiciones en un cuerpo, como es la Policía Local algecireña, que no anda sobrado de efectivos y donde los traslados voluntarios de los agentes hacia destinos más cómodos en otros municipios se ha convertido casi en norma. La nueva psicóloga deberá, por lo pronto, estudiar la documentación elaborada por sus compañeras, entrevistar a los aspirantes calificados en el anterior test como “no aptos” y emitir su propio dictamen, lo que conllevará varias semanas en medio de un clima tremendamente enrarecido.

Finalmente, queda también por ver la validez del propio tribunal, cuestión planteada en las redes sociales por el magistrado jubilado (¿y candidato independiente a la Alcaldía?) Manuel Gutiérrez Luna, bajo el argumento de que, en Derecho, “toda nulidad hecha por un tribunal, conlleva la designación de uno nuevo”.