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Fabián Picardo felicitó a Pedro Sánchez por los resultados electorales obtenidos el pasado 23 de julio y el presidente español correspondió al ministro principal de Gibraltar dándole la enhorabuena por su victoria en los comicios celebrados en el Peñón el 12 de octubre. El guion que uno y otro parecen haber diseñado marca que el siguiente capítulo de sus relaciones será la reanudación de la negociación sobre la colonia y su incardinación en la UE, nada más se constituya el nuevo Gobierno de izquierdas con el voto de los independentistas.
Formalmente, el diálogo en torno al futuro Tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar tiene como interlocutores a la Comisión Europea y al Gobierno de Londres, pero los flecos y los asuntos que tocan directamente a los ciudadanos han venido siendo tratados en un foro paralelo entre España y Gibraltar. Las dos partes vienen a coincidir en que todo o casi todo está prácticamente cerrado, salvo algunos “detalles” ni mucho menos menores. Entre ellos figura el control de las fronteras terrestres y marítimas, es decir, del puerto y del aeropuerto de la roca, dos puntos geográficos calientes cuya titularidad corresponde a la Royal Navy y la Royal Air Force.
Desde el primer minuto quedó claro que el tratado iba a dejar al margen la -a priori- “irresoluble” cuestión de la soberanía sobre el territorio cedido en Utrecht y las aguas que la rodean, aunque la hoja de ruta trazada para continuar con la negociación ha encontrado un escollo inesperado: Mi Daniela, el pequeño pesquero capitaneado por Jonathan Sánchez. En la madrugada del pasado 27 de octubre, la Royal Police (RP) de Gibraltar entregó en mano al marinero linense una citación para comparecer ante la justicia llanita, el próximo 1 de diciembre, por varias denuncias interpuestas en su contra por faenar en las llamadas “aguas en litigio”.
Aferrado a su condición de pescador y sin otros medios para ganarse la vida que su pequeño barco, Sánchez se debate entre acudir al tribunal -y ser condenado a una sanción que difícilmente podrá asumir- o seguir echándose a la mar para pescar en la misma zona, en aguas que nuestro Gobierno reclama sin ambages como españolas, aunque con el riesgo de verse detenido en cualquier ocasión por la policía marítima gibraltareña.
Hay un precedente con algunas concomitancias. En 1999, los catorce tripulantes del Piraña fueron arrestados por la RP tras abordar el barco cuando faenaban de madrugada en las aguas que la colonia reclama como propias. “Nos pusieron los pies en el cuello”, denunciaron entonces los marineros algecireños y linenses. Quedaron en libertad provisional después de que el entonces alcalde de Algeciras, Patricio González, consignase la correspondiente fianza global de 4.200 libras, un millón de pesetas. El juicio posterior, al que acudieron once de los acusados, defendidos por abogados de la Junta de Andalucía, se solventó con multas de 180 libras por cabeza, unas 45.000 pesetas.
Ese conflicto pesquero se resolvió a posteriori de forma transitoria con un 'sui generis' acuerdo bilateral entre Gibraltar, gobernado entonces por el sagaz Peter Caruana, y las cofradías de pescadores de Algeciras y La Línea, pero la situación hoy es muy distinta. ¿Quiénes defenderán en esta ocasión a Jonathan Sánchez? Paradójicamente, el alcalde de La Línea, Juan Franco, pese a que el perjudicado es uno de sus convecinos, no se ha pronunciado al respecto; sí lo han hecho, en cambio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quienes han salido en reiteradas ocasiones al paso de las maniobras de acoso de Gibraltar sufridas por el pescador.
¿Soluciones? En un suponer muy supuesto, una patrullera de la Guardia Civil podría navegar junto al Mi Daniela cada vez que saliera a la mar para proteger a su patrón, en previsión de cualquier incidente, si bien la Fiscalía española podría igualmente denunciar a las autoridades de Reino Unido por actuar de forma impune en aguas ajenas a su jurisdicción y en contra de un ciudadano de la UE. ¿O acaso alguien es tan ingenuo como para pensar que la citación judicial a Jonathan Sánchez no es sino una demostración de fuerza de Picardo para reclamar esas aguas como propias en vísperas de la negociación del tratado?
No esperemos a estas alturas milagros ni una maniobra audaz por parte del Gobierno. El pasado jueves, sin ir más lejos y en plena ventolera ocasionada por la borrasca Ciarán, se suspendieron en toda España decenas de vuelos ante la imposibilidad de que los aviones aterrizasen en determinados aeropuertos. Era también el caso del de Gibraltar, cuya pista no llega a dos kilómetros de longitud. El aviso de temporal desde antes de despegar no impidió que partiesen desde Reino Unido cuatro aviones con destino a la Roca que, finalmente, acabaron aterrizando en el aeropuerto Málaga, convertido desde hace años y con la aquiescencia de Interior en falso “aeródromo de alternativa”. ¿Quiénes controlan que esos pasajeros, una vez en tierra, siguen rumbo a Gibraltar y no se quedan a mitad de camino en España, en territorio Schengen? Parafraseando a Federico: “¡Qué blando con las espigas! / ¡Qué duro con las espuelas!”.
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