Sanidad y suicidios en prisión: problema sin resolver

Las dos últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que siempre causa gran impresión, y aunque olvidada, no desconocida. Se trata del suicidio en la prisión de Botafuegos de dos internos, ambos afectados por enfermedades psiquiátricas. En ocasiones anteriores, han sido los propios funcionarios quienes han evitado la autolisis de otros tantos presos.

La pregunta que cabe hacerse en estos casos es qué ocurre en las cárceles españolas y, en concreto, en la de Algeciras.

Los dos grandes problemas a los que se enfrentan los establecimientos penitenciarios vienen referidos a la enfermedad mental y las adicciones.

El Centro Penitenciario de Botafuegos alberga un total de 1.200 presos, de los que alrededor de 600 precisan de asistencia psiquiátrica. 

La enfermedad mental. Con un déficit de médicos -sólo tres para esa población penitenciaria- es imposible dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e incluso prevenir brotes que pueden acabar en agresiones a otros reclusos y funcionarios. El 30% de la población reclusa refiere que está en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado alguna vez quitarse la vida. Las condiciones que presentan los reclusos son muy diversas, presentándose algunas más prevalentes como la ansiedad o depresión y también esquizofrenia, trastornos bipolares o delirantes.

Se carece de psiquiatra y se trata de cubrir ese vacío contratando a este especialista tres veces al mes, a todas luces insuficiente atendiendo a la elevada demanda y la lista de espera de internos para ser atendidos.

 En cuanto a los problemas de adicciones, en la última encuesta que se llevó a cabo el pasado año se observó que alrededor del 75 por ciento de los internos en prisiones ha tenido en algún momento relación con la droga y el 50 por ciento había consumido el mes anterior o posterior al ingreso, lo que refleja que es un problema de gran importancia.

Hay que dar solución a este asunto -que preocupa bastante- por parte de quienes tienen la obligación de velar por la salud de los internos.

Los profesionales y expertos en esta materia recomiendan que la sanidad penitenciaria sea transferida a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucia, tal como lo preveía ya la Ley de 2003, que establecía un plazo para ello de 18 meses sin que se haya asumido tal transferencia hasta el momento. Tan solo lo han hecho Cataluña, País Vasco y Navarra. Y el problema de no hacerse cargo la Junta de Andalucia es de índole económica, así como la atracción de médicos dispuestos a asumir sus funciones en estos centros, que se podría hacer mejorando su salario, que suele rozar los 1.500 euros, cantidad bastante inferior a la que obtienen en la sanidad pública. Y como consecuencia de esta falta de profesionales se ha deteriorado mucho la atención en las prisiones.

Considero que la inversión en sanidad penitenciaria es un beneficio comunitario, ya que si se encauza en prisión a quienes sufren estos problemas se pueden evitar complicaciones futuras.

Se ha de dar solución a este grave problema, ya que, en otro caso, habrá que pensar qué poco importa que se sucedan este tipo de episodios, que tanto están perjudicando desde hace años a presos, funcionarios y la sociedad en general.