Los derechos reproductivos son derechos humanos

Según datos de la OMS, unas 287 000 mujeres mueren cada año en el mundo durante o tras el embarazo o el parto. Esto significa que cada día pierden la vida casi 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, una muerte materna prácticamente cada dos minutos. El elevado número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las desigualdades en el acceso a unos servicios de salud de calidad y pone de relieve la brecha entre ricos y pobres. Aunque cerca del 95% de todas estas muertes se dieron en países de ingresos bajos y medianos bajos, no podemos dar el problema por superado en otros lugares. La revista científica The Lancet publicaba recientemente que USA es uno de los países desarrollados más peligrosos para dar a luz, su tasa de mortalidad materna es peor que en cualquier otro país de altos ingresos, con alarmantes desigualdades sociales: las mujeres negras tienen tres veces más de probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo y parto que las blancas, y sus bebés tienen el doble de riesgo de morir en el primer año de vida. Además, por cada mujer que muere, al menos otras 77 sufren complicaciones severas por causas relacionadas con la maternidad.

Lo más intolerable es que la gran mayoría de estas muertes son evitables. Las principales complicaciones, causantes del 75% de todas las muertes maternas, son las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión arterial durante el embarazo, las complicaciones en el parto y los abortos inseguros: la mayoría de ellas son prevenibles o tratables. Para mejorar la mortalidad materna es importante actuar sobre los factores que impiden que las mujeres reciban atención adecuada durante el embarazo o el parto. Factores debidos a fallos del sistema de salud: atención de mala calidad, incluidas faltas de respeto, malos tratos y abuso; número insuficiente de trabajadores y carencias de capacitación; escasez de suministros médicos esenciales, entre otros. Pero también factores relacionados con determinantes sociales, como ingresos insuficientes, escaso acceso a la educación, discriminación por raza u origen étnico; normas de género discriminatorias que limitan o vulneran los derechos de las mujeres y las niñas o factores externos como las crisis climáticas y humanitarias.  

Para evitar las muertes maternas y las secuelas derivadas de los problemas reproductivos, es vital prevenir los embarazos imprevistos y no deseados. De las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que había en el mundo en 2021, 1100 millones necesitaban planificación familiar; de estas, 164 millones tenían una necesidad no satisfecha de anticoncepción. El porcentaje de mujeres cuyas necesidades de planificación familiar están satisfechas mediante métodos modernos se ha estancado a nivel mundial entre 2015 y 2022 y ronda el 77%. 

Las dificultades para acceder a servicios adecuados de planificación familiar y a una educación integral sobre sexualidad están a la base de que se produzcan interrupciones voluntarias del embarazo. Según la OMS, cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 61% de los embarazos no deseados y, en conjunto, el 29% del total de embarazos, se interrumpen voluntariamente. Cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas (lo que supone a nivel mundial 25 millones de abortos inseguros cada año). A pesar de que se puede prevenir, el aborto peligroso es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas y psíquicas y perjuicios sociales y económicos a las mujeres y a la sociedad.

Como declara la OMS, la imposibilidad de acceder a una atención para el aborto segura, oportuna, asequible y respetuosa es un grave problema para la salud pública y una violación de los derechos humanos. La legislación que limita el aborto puede causar malestar y estigmatización y podría violar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Las políticas restrictivas no solo no reducen el número de abortos, sino que también afectan a la posibilidad de que se practiquen de forma segura. Los datos demuestran que la proporción de abortos peligrosos es significativamente más elevada en los países que imponen leyes muy restrictivas que en aquellos dónde estas leyes son más permisivas.

Situándonos en nuestro contexto más próximo, en el Sur de Europa la tasa de embarazos no deseados se redujo un 44% desde el periodo 1990-1994 hasta 2015-2019 y la tasa de aborto disminuyó un 49%, según datos del Instituto Guttmacher. En España, la tasa de embarazos no deseados se redujo un 32%, mientras que la proporción de estos que finalizó en aborto se mantuvo alrededor del 43%. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad muestran que en nuestro país se produjeron un total de 103.097 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en el año 2023, lo que supone una tasa de 12,22 mujeres (entre 15 y 44 años) por cada 100.000. Fueron las mujeres de entre 20 y 34 años las que contribuyeron a un mayor número de abortos, hecho esperable ya que también son los grupos que aportan más a la natalidad. Solo 8 de cada 100 eran mujeres sin estudios.

Llama la atención que en casi la mitad de los casos (48.000), las mujeres no utilizaban ningún método anticonceptivo, y aunque en su mayoría (7 de cada 10) se informaron en un centro sanitario público, 8 de cada 10 abortos se realizaron en un centro privado. Los datos de evolución indican que tanto la cifra absoluta de abortos como sus tasas han aumentado respecto al año 2019, y lo han hecho en todas las franjas de edad con excepción de las mujeres jóvenes menores de 20 años. 

Estas cifras indican por un lado que las mujeres en España pueden acceder a servicios de aborto seguro, aunque es necesario mejorar la disponibilidad de servicios sanitarios públicos donde se realicen estas intervenciones para garantizar una mayor equidad. Por otro lado, los datos señalan que existe una necesidad urgente de mejorar la información y educación sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva, así como la accesibilidad a métodos de anticoncepción modernos y eficaces que estén disponibles y sean aceptables para todas las mujeres y jóvenes que los necesiten. 

Lograr la salud sexual y reproductiva depende de la realización de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos por la comunidad internacional a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo en 1994. Un reciente Informe de la Comisión Guttmacher-Lancet sobre salud y derechos sexuales y reproductivos ha actualizado la definición de estos derechos, como son: el derecho a que se respete la integridad corporal, privacidad y autonomía personal; a definir libremente la propia sexualidad; a decidir si ser sexualmente activo y cuándo; a elegir las parejas sexuales; a decidir si casarse, cuándo y con quién; a decidir si tener hijos, cuándo y cuántos; a tener acceso a la información, recursos, servicios y apoyo para lograr los anteriores, sin discriminación, coerción o violencia. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres que son, también, derechos humanos.