Adhesión del Ayuntamiento al homenaje a la Benemérita

El 29 de abril de 1935 la comisión gestora de la Diputación de Cádiz acordó, según palabras de su presidente Pedro Icardi Blanca, rendir un homenaje a la Guardia Civil por todos los municipios de la provincia, “donándole una bandera con su vitrina, como tributo de simpatía a los indiscutibles merecimientos de dicho Cuerpo que con una abnegada labor y espíritu de sacrificio viene constituyendo en todos los instantes de la vida pública de los pueblos, el sostén y base firmísima del mantenimiento del orden y la paz social”.

Dicho acuerdo fue tomado por unanimidad con el apoyo de los vocales, Manuel Caramé Pineda, alcalde de San Fernando y representante del distrito de San Fernando-Chiclana de la Frontera, de quien partió la iniciativa; Pedro Porras Jurado, alcalde de Setenil y representante del distrito de Olvera-Grazalema; y José Soto Revolo, representante del distrito de Algeciras-San Roque, por el Campo de Gibraltar, habiendo excusado justificadamente su ausencia el vocal Manuel Narváez Ortega, alcalde de Jerez de la Frontera y representante de dicho distrito.

La razón del homenaje era la misma que había concurrido en otras muchas provincias españolas. El movimiento insurreccional contra la legalidad republicana vigente que se había producido en octubre del año anterior en buena parte del país, principalmente en Asturias y Cataluña, causó 111 muertos y 182 heridos entre los componentes de la Guardia Civil, así como el ataque a numerosas casas-cuarteles.

Lo que se inició como una huelga general convocada por los partidos políticos y sindicatos de izquierda para protestar por la entrada de varios ministros derechistas en el gobierno presidido por el radical Alejandro Lerroux García, se convirtió en una intentona revolucionaria extremadamente violenta. Ello provocó la declaración del “Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española”, así como una durísima represión gubernamental para restablecer el orden y la ley en la que se emplearon incluso fuerzas del Ejército de África.

La magnitud de la tragedia, dado el elevado número de bajas sufridas por ambas partes, impactó profundamente en el seno de la sociedad de la época. En la parte que afectó al benemérito Instituto se proyectó desde el gobierno una estrategia de potenciación de sus capacidades humanas y materiales, así como de fortalecimiento moral. Esto último se materializó a través de solemnes homenajes y reconocimientos, institucionales y públicos, por toda la geografía nacional.

La primera medida efectiva que tuvo proyección normativa fue la creación de la Corbata de la Orden de la República, mediante decreto de 30 de octubre de 1934: “con ocasión del último movimiento revolucionario se han registrado en los Institutos y Cuerpos armados, casos de verdadero heroísmo, no sólo de alguno de sus individuos, sino de sus unidades en masa, contribuyendo con ello de manera eficacísima a la defensa de la Patria y a la mayor exaltación y gloria de la República”.

Hay que significar que la Orden de la República había sido creada por decreto de 21 de julio de 1932, “con el propósito de que puedan recibir honrosa recompensa por sus especiales merecimientos los ciudadanos que más se distingan en el servicio de España y de la República”.

Como era una recompensa civil de carácter individual, se creó la categoría de la Corbata, a similitud de algunas órdenes militares, “destinada a premiar, como recompensa colectiva, los actos heroicos de institutos armados o de colectividades civiles en el cumplimiento de su deber, o que hayan prestado excepcionales y especialísimos servicios de carácter cívico, humanitario, etc.”

En realidad, dicha ampliación se realizó, en palabras de Eduardo Benzo Cano, subsecretario del ministerio de la Gobernación, “para premiar de manera relevante los grandes servicios que la Guardia Civil ha prestado”, estando incluso “en proyecto la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, cuyas condecoraciones premiarán los servicios distinguidos dentro de los peculiares del Instituto”. No obstante, para que esto último fuera una realidad, habría que esperar cuatro décadas, concretamente hasta 1976.

Por decreto de 11 de febrero de 1935 el gobierno dispuso “conceder la corbata de la Orden de la República al Instituto de la Guardia Civil, para premiar como recompensa colectiva los innumerables actos heroicos llevados a cabo por el personal del mismo y los relevantes servicios de carácter cívico y humanitario que ha rendido a España y a la República en el cumplimiento de sus deberes”. Se trató de la primera y única Corbata de la Orden de la República que se concedió. Si bien nunca fue expresamente abolida, tras la Guerra Civil cayó en un profundo y oscuro silencio en el que todavía continúa sumida.

Por otra parte, como hasta entonces poco más de una docena de unidades de la Guardia Civil tenían concedido el derecho de uso de enseña nacional, se dispuso a partir de 1935, su concesión a tercios y comandancias, estando entre estas últimas la de Cádiz. Y es aquí donde surgió la iniciativa de la comisión gestora de la Diputación gaditana.

Consecuente con ello se solicitó la participación de todas las corporaciones municipales de la provincia. Así, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 1935 en la casa consistorial de la “Ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar”, tal y como se citaba en el acta correspondiente, se trató la propuesta de la Diputación en el punto 7º del orden del día.

Fue presidida por el alcalde Francisco Viñas Vinuesa y asistieron los concejales Pedro Santillana Cruces, José Molina Sánchez, Demófilo Pérez Delgado, Andrés Pérez Velasco, José Jiménez Fernández y José Guijón Paéz. También estuvo presente el interventor municipal interino, José Reathy Rendón, levantando acta el secretario Emilio Cano Linares:

“Leído oficio del Sr. Presidente de la Diputación provincial de Cádiz invitando a este Ayuntamiento a sumarse al homenaje que ha de tributarse por todos los pueblos de esta provincia, al benemérito Instituto de la Guardia Civil, donándole una bandera con su vitrina, se acuerda por unanimidad adherirse cordialmente a dicho homenaje y contribuir con veinticinco pesetas a la realización del mismo.” Para que el lector tenga una referencia, dicha cantidad equivalía aproximadamente a cinco jornales agrícolas.

El 5 de julio siguiente, el alcalde dirigió una carta al presidente de la Diputación comunicándole que se “acordó por unanimidad sumarse al homenaje que ha de tributarse por todos los pueblos de esta provincia al benemérito Instituto de la Guardia Civil”.

Finalmente, el emotivo homenaje a la Guardia Civil se celebró el 8 de diciembre siguiente en la plaza de España de la capital gaditana, ante el monumento a la Constitución de 1812, asistiendo junto a numerosísimo público las autoridades civiles y militares de toda la provincia. Entre ellas se encontraba el alcalde de San Roque.

Los padrinos de la bandera fueron Carmen Oliver Cobeña, esposa del gobernador civil, Luis de Armiñán Odriozola, y el filántropo gaditano Elías Ahuja Andría, gran benefactor de los huérfanos de la Guardia Civil. La enseña fue entregada al teniente coronel Sebastián Hazañas González, jefe de la Comandancia de Cádiz, acompañado del general de brigada Federico de Santiago Iglesias, jefe de la 2ª Zona en Córdoba.