La Guardia Civil en San Roque (XI)
CLXXV ANIVERSARIO DE LA CARTILLA DEL GUARDIA CIVIL (1845-2020)
El coronel Jesús Núñez repasa la historia de la Benemérita en el Campo de Gibraltar
Esta entrega se dedica a la segunda parte de la semblanza del Brigadier Miguel Guzmán Cumplido (1819-1895)
Comenzaba el mes de noviembre de 1840 cuando el joven teniente Miguel Guzmán Cumplido se había reincorporado a su destino en el Regimiento de Infantería del Rey núm. 1, tras restablecerse del balazo sufrido en una pierna, ya relatado en el capítulo anterior. Comenzaba el mes de noviembre de 1840 cuando el joven teniente Miguel Guzmán Cumplido se había reincorporado a su destino en el Regimiento de Infantería del Rey núm. 1, tras restablecerse del balazo sufrido en una pierna, ya relatado en el capítulo anterior.
Acababa de finalizar la Primera Guerra Carlista y no con ello había llegado la necesitada estabilidad política a España. Todavía quedaba mucho convulso siglo XIX que padecer. Apenas dos semanas antes, la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, a pesar de haber ganado la fratricida contienda bélica a favor de los derechos sucesorios de su hija Isabel II, todavía menor de edad, había renunciado a la regencia y marchado al exilio.
Su sitio sería ocupado durante los tres años siguientes por el general Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro, que ostentaba ya los títulos de duque de la Victoria, duque de Morella y conde de Luchana.
Desde el primer momento que se hizo cargo de la regencia promovió numerosas iniciativas legislativas. La más importante y esperada en el ámbito de la seguridad pública sería decretada el 2 de noviembre de 1840: “Queda abolida la policía secreta y prohibido hacer ningún gasto con tal objeto”.
Así rezaba el artículo primero del brevísimo decreto que la Regencia provisional del Reino dirigió al ministro de la Gobernación Manuel Cortina Arenzana. Tan drástica resolución, ya que ni se suprimía ni se disolvía, sino que se abolía, fue dictada tras tomarse en consideración lo que él mismo había expuesto.
El repudio social generalizado hacia dicha institución, reflejado en numerosas publicaciones de la época así como su elevado coste económico que padecía una absoluta falta de transparencia en la justificación de los gastos, hacían inaceptable su continuidad. Poco quedaba ya de aquella Superintendencia General de la Policía del Reino creada por Fernando VII en real cédula de 13 de enero de 1824.
Si bien el otro artículo de dicho decreto disponía que se propondría “con urgencia la organización que deberá tener la policía de protección y seguridad pública ejercida por las autoridades que la ley reconoce”, la cierto es que tardaría más de tres años en comenzar a cumplirse.
Mientras tanto dicha responsabilidad quedaba conferida a los alcaldes cuyas competencias quedaban recogidas en el capítulo III de la ley de 3 febrero de 1823, relativa a la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”. Derogada por Fernando VII con el fin del denominado “Trienio Liberal”, había vuelto a ser rehabilitada tras su muerte, mediante real decreto de 15 de octubre de 1836.
Habría que esperar a que nuevamente fuera derogada por otro de 30 de diciembre de 1843 y sobre todo a que se aprobara el de 26 de enero de 1844 sobre organización del Ramo de Protección y Seguridad Pública. En éste, se reconocía que “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840”, así como que se había suprimido “del todo la institución, limitándose a la parte peligrosa o repugnante”. Finalizaba disponiendo que el ministro de la Gobernación propusiera “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades”.
Y esa “fuerza especial” fue la Guardia Civil, creada por real decreto de 28 de marzo siguiente y consolidada formalmente por el de 13 de mayo de ese mismo año de 1844.
Poco podía pensar el entonces teniente Guzmán que pasaría más de la mitad de su vida militar portando el uniforme del benemérito Instituto que acababa de nacer así como que la ciudad de San Roque marcaría para siempre su vida personal y familiar.
Mientras tanto continuaba su brillante trayectoria profesional en su regimiento. Del 13 de noviembre de 1842 hasta el 19 de febrero de 1843, fecha en la que se levantó el estado de sitio, participó en las operaciones militares contra la ciudad sublevada de Barcelona que, tras ser bombardeada, había sido ocupada el 4 de diciembre.
Finalizadas las operaciones regresó a Madrid de donde el 22 de julio de 1843 salió hacia Andalucía con la División Expedicionaria del Primer Distrito. Las tornas habían cambiado y diversos generales de gran prestigio como Juan Prim Prats en Reus y Ramón María Narváez Campos en Valencia, se habían sublevado contra el regente. En Córdoba, de donde se iban a dirigir a Sevilla, también alzada, que ya estaba siendo atacada y bombardeada, resultó que fue separado de su regimiento al ser considerado sospechoso.
Sin embargo la capital hispalense resistió y el general Espartero terminó por huir al Puerto de Santa María donde embarcaría hasta Cádiz para proseguir vía marítima su exilio a Inglaterra. Guzmán entonces fue rehabilitado reincorporándose el 1º de agosto siguiente a su unidad, la cual se sumo también al alzamiento.
Transcurridos dos meses marchó con su regimiento a Granada con ocasión de una rebelión estallada el 5 de octubre siguiente, siendo rápidamente aplastada bajo el mando del mariscal de campo José Cabrera. Por su “buen comportamiento” en dichas acciones le concedieron por real orden de 27 de junio de 1845, la segunda cruz de 1ª clase de San Fernando.
Ascendido a capitán con efectividad de 24 de diciembre de 1843 continuó en su regimiento, permaneciendo en Granada el año siguiente. En 1845 prestó servicio en el Peñón de Alhucemas que contaba con una pequeña guarnición. Ubicado frente a la costa de Marruecos, existía en su interior un presidio menor. Reincorporado a la Península su vida personal daría un importante cambio. Conforme a lo dispuesto en el “Reglamento de Monte Pío Militar”, de 1º de enero de 1796, solicitó real licencia para contraer matrimonio con Dorotea Shakery Rusciano, siéndole concedida en mayo de 1846. El enlace nupcial se celebró en San Roque el 12 de agosto siguiente.
Si bien no se ha conseguido obtener información hasta la fecha sobre el origen de dicha relación, sí se tiene constancia de que la familia a la que pertenecía era de nacionalidad británica y poseía residencias e intereses, tanto en la colonia de Gibraltar como en la ciudad de San Roque.
Su padre se llamaba Francisco Shakery, de profesión comerciante, siendo persona muy conocida. Su madre se llamaba Ana Rusciano, significándose que en algunos documentos dicho apellido aparece también como Rusiano o Russiano.
Aquél había suscrito el 27 de abril de 1840 un manifiesto público, junto a Manuel Gambaro y Francisco Parody, como miembro de la “Comisión suprema popular autorizada por el pueblo católico de Gibraltar”. Solicitaron a la “Junta de Ancianos” de la iglesia de Santa María la Coronada de Gibraltar, la reposición en el vicariato apostólico del sacerdote Juan Bautista Zino, destituido injustamente según denunciaban, siendo nombrado en su lugar fray Enrique Hughes.
Dicha junta estaba compuesta por doce ancianos elegidos por los seglares de dicha parroquia. Aquella situación degeneró en un cruces de denuncias y anónimos sobre “los negocios eclesiásticos” que tras hacerse públicas por algunos de los implicados, terminaron resolviéndose en el tribunal supremo de justicia de la colonia mediante sentencia de fecha 30 de enero de 1841.
(Continuará)
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