La absorción del Cuerpo de Carabineros (LXII)
LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CLX)
El capitán Lamadrid vuelve a Algeciras para explicar por qué, tras casi un año y medio de guerra, huyó a Gibraltar cuando ya nada hacia pensar en una victoria de los leales a la República
Cuando en 1954 el antiguo capitán de la 3ª Compañía de Carabineros en Puente Mayorga, Manuel Lamadrid Rivas, regresó a España tras más de quince años de exilio en Francia, el jefe de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras era el teniente coronel Francisco Hermida Medina. Éste procedía también del extinto Cuerpo de Carabineros.
Ambos habían cursado sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo, si bien Lamadrid pertenecía a la promoción de 1916 y Hermida a la de 1917, habiendo coincidido allí los cursos 1917-1918 y 1918-1919, razón por la cual bien seguro que se conocían.
Lamadrid, a su vez, era también compañero de promoción de la Academia de Infantería del capitán de Carabineros Francisco Zamora Medina, quien en julio de 1936 se encontraba mandando la mentada compañía de Puente Mayorga y que como ya se relató en un capítulo anterior, se pasó a las filas republicanas con buena parte de sus hombres, a través de la colonia británica de Gibraltar. Al finalizar la guerra civil sería hecho prisionero en Barcelona y condenado a la pena de 30 años de reclusión mayor, cumpliendo una parte y siendo indultado del resto. Tenía un hermano llamado Sebastián que pertenecía a la promoción de 1918 de la Academia de Infantería y al que la sublevación militar le sorprendió siendo capitán del Regimiento de Infantería Albuera núm. 16, de guarnición en Lérida. También permaneció leal al gobierno de la República y ejerció diversos mandos en el Ejército Popular durante la contienda, entre ellos el de la 141ª Brigada Mixta y la 16ª División, exiliándose a Francia como otros muchos que se encontraban en Cataluña ante el avance de las tropas franquistas. Años después regresaría a España, sería condenado en consejo de guerra y posteriormente indultado.
Hermida, por su parte, fue compañero de promoción en la Academia de Toledo de dos personajes históricos bien diferentes, ambos pertenecientes a la Guardia Civil. Francisco Galán Rodríguez y Santiago Cortés González. El primero era hermano del capitán de Infantería Fermín que sería fusilado en la ciudad oscense de Jaca en diciembre de 1930 por sublevarse en armas contra el régimen monárquico de Alfonso XIII. Fue leal al gobierno de la República y ostentó importantes mandos del Ejército Popular durante la contienda, entre ellos los de varios Cuerpos de Ejército y finalmente el de la base naval de Cartagena, marchándose al exilio y terminando en Argentina. El segundo se alzó contra el gobierno de la República y lideraría la defensa durante más de siete meses del Santuario de Santa María de la Cabeza, sito en la Sierra de Andújar (Jaén), hasta su ocupación por tropas gubernamentales el 1º de mayo de 1937, falleciendo al día siguiente por las graves heridas sufridas.
Iniciada por lo tanto la difícil reconstrucción de la causa núm. 47/1938 contra el que ya era calificado como ex-capitán de Carabineros Manuel Lamadrid Rivas, por el delito de rebelión militar, su juez instructor, el comandante de Infantería Manuel Jordán Jordán, solicitó tanto al gobernador militar del Campo de Gibraltar, general de división José Cuesta Monereo, como al jefe de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil, teniente coronel Hermida, cuantos datos existieran en sus respectivos archivos, relativos a aquél, “así como de cuantas personas intervinieron en las declaraciones y denuncias sobre el hecho”.
El 10 de marzo de 1955 el teniente coronel Hermida remitió, “copia de los servicios prestados por dicho Capitán en zona roja, deducidos de la Hoja de Servicios que le fue abierta en dicha zona, y en cuyos documentos se detalla la actuación del mismo desde el momento de su fuga”. También informó que a dicho oficial se le había instruido la causa núm. 560/1937 por el delito de “espionaje” en el juzgado militar de Algeciras y que fue sobreseída el 20 de noviembre de 1937. Dado que ya no había procedimiento abierto contra Lamadrid, se le concedió entonces el mando de la Compañía de Puente Mayorga. A partir de su huida a la colonia británica de Gibraltar no se volvió a saber nada de sus vicisitudes hasta que se recibió en la antigua Comandancia de Carabineros de Algeciras, copia de la referida hoja de servicios.
Ésta fue remitida el 24 de junio de 1939 a la Auditoría de Guerra del Ejército Sur (Sevilla), “a los efectos de justicia pertinentes”. Igualmente informó que dicha documentación se había unido a la referida causa núm. 560/1937, cuyo instructor en Algeciras era el teniente coronel de Infantería Brígido García Berrocal. Éste se había acogido, tras las proclamación de la Segunda República, al retiro voluntario, reingresando tras la sublevación militar. Desde finales de febrero de 1939 se encontraba, procedente de la Sexta Región Militar (Burgos), a disposición del gobernador militar del Campo de Gibraltar.
A dicho cargo, “que la República suprimió”, se le restituyó formalmente por decreto de 17 de agosto de 1939, “para bien del servicio e interés nacional”, la dirección de todos los servicios de “Vigilancia, Policía y Orden Público, así como las atribuciones propias de los Jefes de Hacienda sobre las Fuerzas de los Resguardos de Mar y Tierra, en cuanto se refiere a la represión del fraude y contrabando, ya que la experiencia enseña, dada la característica especial de aquella Zona, que deben quedar bajo una sola Autoridad, dichos servicios”. Su jurisdicción territorial se extendería sobre los partidos judiciales completos de Algeciras y San Roque. Una semana después sería nombrado para desempeñar ese cargo el general de brigada Francisco Martín Moreno, hasta entonces jefe de estado mayor del “Cuartel General del Generalísimo”.
El siguiente paso que dio el juez instructor fue tomar declaración al capitán Lamadrid en la sede judicial militar de Algeciras, para lo cual era necesario que éste se desplazase desde su residencia en Cádiz y compareciese físicamente ante su autoridad. A tal efecto se solicitó del gobernador militar de Cádiz, general de brigada de Artillería Ramón Méndez Parada, la expedición del correspondiente pasaporte al objeto de atender a los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento si esto último fuera preciso.
Dicha toma de declaración revestía singular importancia pues sería la primera vez que el propio encartado tendría la oportunidad de relatar lo sucedido, desde que el 29 de diciembre de 1937 huyó a la colonia británica de Gibraltar, acompañado de su esposa, con el propósito de pasarse a las filas republicanas.
En la historiografía es difícil encontrar el caso de que un oficial profesional se pasase tan tardíamente a la zona gubernamental, cuando precisamente la evolución de las operaciones militares no propiciaban ya pensar en una posible victoria de los que habían permanecido leales al gobierno de la República.
Al inicio de la sublevación militar y durante los primeros meses de la contienda, sobre todo, hubo numerosos pases de zona, en ambos sentidos, si bien, en el caso de los militares profesionales, los datos historiográficos que se manejan, inclinan la balanza a favor de los procedentes de la republicana. Entonces, ¿por qué tras casi año y medio de guerra, un capitán, jefe de unidad, dejó todo, para afrontar un futuro tan incierto?
Continuará.
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