Los informes de depuración (I)

Durante la Guerra Civil fue preocupación de la Inspección General del benemérito Instituto en el bando sublevado que no ingresase personal alguno hasta finalizar la contienda. La razón de ello era evitar que accediesen a la Guardia Civil, individuos que no hubiesen sido objeto de la exhaustiva investigación que se realizaba sobre cada aspirante. Ello garantizaba que quienes ingresaban carecían de tacha alguna. Tener antecedentes desfavorables, bien de carácter delictivo o de moralidad, impedía vestir el uniforme del Cuerpo.

Desde la Inspección General existía una motivada desconfianza respecto a los que siendo ajenos a la Institución, habían abrazado con aparente y desbordante entusiasmo ideológico la causa de los sublevados. Ni se quería a los exhaltados de nuevo cuño ni tampoco advenedizos que buscaban la protección del uniforme por su procedencia nada afín al “Glorioso Movimiento Nacional”. Suficientemente sabido era que en la zona sublevada la camisa azul sirvió para amparar a muchos que nada tenían que ver con los postulados de la Falange.

En el caso concreto de San Roque, por ejemplo, el profesor Diego Caro Cancela, en su obra La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos, publicada en 1987 por la Diputación Provincial, recogió que el número total de votantes en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 fue de 3.610. De ellos, 3.148 votaron al Frente Popular de Izquierdas y 462 al Frente Antirrevolucionario. El líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, tan sólo obtuvo un voto.

La Guardia Civil era consciente de que en “tiempos revueltos” era muy difícil garantizar el ingreso de personal cuyo único fin fuera servir bajo los principios establecidos en la “Cartilla” redactada por el duque de Ahumada.

Sin embargo, al igual que el enconado y violento enfrentamiento de las llamadas “dos Españas” no dejó al margen a ninguna institución del Estado, la Guardia Civil tampoco pudo librarse de ello. En la zona gubernamental, tras una entrada masiva de nueva recluta afín ideológicamente al Frente Popular, fue rápidamente reconvertida en la “Guardia Nacional Republicana” y tres meses después disuelta pasando sus miembros, previa depuración, a integrarse en el nuevo “Cuerpo de Seguridad”. Y en la zona sublevada, si bien se cerró el ingreso a nuevos aspirantes, salvo los que ya habían aprobado los exámenes celebrados antes del 18 de julio de 1936 que estaban pendientes de incorporación, se procedió a la depuración de todos los guardias civiles que se habían sumado a la sublevación militar.

Así, tanto el teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso como el brigada Juan Colodrero Vergara, el guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez y los guardias 2º Rodrigo Vázquez Villalobos, José Pareja Gómez, José Espinosa Sánchez, José Montes Gil, José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Pacheco Sánchez y José Corbacho Franco, fueron todos ellos objeto de la consiguiente depuración para su continuación en el servicio activo.

A tal efecto, y sin perjuicio de las primeras medidas preventivas que se tomaron al inicio de la sublevación contra aquellos guardias civiles manifiestamente desafectos, se dictó por el general de brigada de Infantería Ricardo Serrador Santés, inspector general de la Guardia Civil, la Circular número 1, fechada en Valladolid el 12 de abril de 1937, sobre “Conceptuación moral”. Iba dirigida a todos los coroneles jefes de Tercio.

El inicio de la misma no dejaba dudas sobre su finalidad: “Teniendo en cuenta los postulados en que se inspira el nuevo Estado Español, es indispensable conocer perfectamente los individuos que componen sus organismos, siendo el de la Guardia Civil uno de los que más lo necesita por la misión que le está confiada”.

Seguidamente se daban instrucciones para confeccionar por cada Tercio, y remitir a la Inspección General, una relación nominal de todo el personal perteneciente al mismo, “en la que se exprese con toda claridad, concreción, brevedad y detalle, el concepto que deba merecer cada uno como consecuencia de un escrupuloso análisis de los siguientes conceptos (que también figurarán en dicha relación): carácter, conducta pública y privada, moralidad, compañerismo, actitud que adoptó antes, al iniciarse y después del Movimiento; lealtad al mismo y al Mando, amor al servicio y demás datos necesarios para poder formar un perfecto juicio moral de cada uno”.

A continuación se disponía que por parte de los mandos que realizasen dicha conceptuación debían hacerlo “bajo la estricta responsabilidad de quien la emite, y en la que huelga indicar debe resplandecer la justicia, imparcialidad y razón del juicio”.

Para su elaboración se debía tener muy presente que se hiciera “con pleno conocimiento de causa”, pudiendo valerse de todos los elementos que se considerasen convenientes así como que si fuera necesario podía dejarlo en suspenso hasta que sea posible obtenerlos.

En dicha circular también se daban instrucciones concretas relativas a su elaboración, tanto sobre la procedencia de los informes que justificasen la fundamentación del parecer que mereciese cada componente del Tercio, como sobre los mandos concretos que debieran confeccionarlos.

En el caso de los tenientes coroneles y comandantes, dicha conceptuación debía elaborarse, “asesorándose de las Autoridades Militares y recogiendo cuantos elementos de juicio considere convenientes, razonándola detalladamente”.

Cuando se tratase de capitanes u oficiales subalternos (tenientes y aféreces), correspondía emitir el juicio a todos los jefes del Tercio, razonándolo detalladamente. Así, en la conceptuación del teniente Ojanguren, “formalizada de acuerdo con la Junta de Jefes”, fue suscrita el 25 de noviembre de 1937 por el nuevo jefe del 16º Tercio (Málaga), coronel Antonio Álvarez-Ossorio Barrientos. Éste, al iniciarse la sublevación era el teniente coronel jefe de la Comandancia de Baleares, con residencia en Palma de Mallorca.

Los informes de conceptuación de suboficiales y clases decían ser emitidos por su jefe de línea, de acuerdo con su capitán y avalado por el primer jefe de la Comandancia. En el caso del brigada Colodrero, como el 27 de abril de 1937 se encontraba desempeñando el mando con carácter accidental de la línea de San Roque, además del mando del puesto de la residencia, fue suscrito por el teniente Ojanguren. Éste, en esa fecha, era el titular de La Línea de la Concepción pero estaba desempeñando también accidentalmente el mando de la Compañía de Algeciras. El preceptivo visto bueno lo firmó el teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de Cádiz.

Respecto a los guardias civiles correspondía emitir el juicio a su comandante de puesto, debiendo ser comprobado por su jefe de línea y avalado por el capitán jefe de su unidad. Por tal motivo las conceptuaciones de Ruiz, Vázquez, Espinosa, Montes, Barragán, Medina, Pacheco y Corbacho, fueron emitidas el 26 de mayo de 1937 por el brigada Colodrero, como comandante de puesto de San Roque y como jefe de línea accidental. En cambio la ficha del guardia 2º Pareja, como en la revista de septiembre de 1936 había causado alta en el puesto de Tarifa, le correspondió hacerlo al brigada Juan Bernal Moreno como comandante del mismo y al alférez Jaime Bardisa Rebasa como jefe de la línea de Tarifa. El visto bueno correspondió en todos los casos al teniente Ojanguren en su calidad de jefe accidental de la mentada Compañía de Algeciras.

(Continuará).