La Junta paraliza la construcción de un asentamiento ilegal en una finca rural en San Roque

La Junta de Andalucía mantiene paralizada la construcción de un asentamiento ilegal sobre una finca de 57.000 metros cuadrados en la zona del Cortijo Albalate, en San Roque, donde se habían comenzado a levantar ya 37 viviendas individuales. El complejo ha sido precintado ante el riesgo de que se convirtiera en un nuevo núcleo de población en un espacio rural en el que está prohibido construir.

Las edificaciones se estaban levantando en la parcela 1.010 del polígono 7 sanroqueño, que está catalogada como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, subcategoría 2, por el Plan General de Ordenación Urbana de San Roque tras su adaptación parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2009. El terreno, que tendrá que ser devuelto a su estado original, es propiedad de la empresa Promociones Playa Sobrevela, que lo dividió en 87 parcelas antes de venderlo por lotes a 72 personas.

La irregularidad la detectó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que denunció al propietario de la promotora ante el Juzgado Mixto nº1 de San Roque en mayo de 2019 por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. En diciembre de 2021, presentó dos denuncias por infracción urbanística y después llevó el caso a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana. En abril de 2022, los agentes realizaron un reportaje fotográfico con drones y en mayo elaboraron un informe detallando todas las construcciones observadas.

Constataron la existencia de materiales de obra, arenas, gravas, fosas sépticas, herramientas, muros de hormigón, módulos de chapa metálica, piscinas desmontables, vallas, contenedores, viviendas prefabricadas, zanjas de cimentación, autocaravanas y almacenes, entre otros. En definitiva, todo lo necesario para construir en los terrenos. Ninguno de los propietarios con los que contactaron aportaron licencias urbanísticas.

Este asentamiento se estaba levantando sobre una parcela que se había dividido en 87 lotes tras vallarla entre julio de 2019 y de 2020. Está construida una carretera interior de acceso general y calles menores a cada terreno, para lo que se habían registrado movimientos de tierra y eliminación de plantas que crecen en la zona. Existen 72 contratos de compraventa realizados entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Cada propietario tiene una superficie de entre 500 y 1.000 metros cuadrados.

Según la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, todas las obras realizadas inducen a la formación de un nuevo asentamiento o núcleo de población, prohibido por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y por el propio PGOU sanroqueño. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana prohíbe las parcelaciones en suelo rústico.

El expediente implica la "inmediata suspensión" de las construcciones y del "uso residencial" de las fincas, así como del "suministro de los servicios públicos". Advierte de la posibilidad de precintar los terrenos y las instalaciones, tal y como hizo, así como retirar la maquinaria y los materiales si no atienden la orden. Los gastos correrían a cargo del promotor y los propietarios.

El incumplimiento de la orden de paralización daría lugar a multas por periodos mínimos de diez días y cuantía del 10% de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000. También se daría traslado al Ministerio Fiscal para que determine qué responsabilidades puede reclamar.

La Junta daba a los propietarios un plazo de 15 días para alegar y presentar la documentación que estimen para sus defensas antes de que tengan que devolver la parcela a su estado original.

Según consta en el documento de la Junta, el Ayuntamiento de San Roque comenzó denegando la licencia para el arreglo de un carril, limpieza y vallado interior de la parcela. Luego consideró inviable la instalación de huertos de ocio en esa misma parcela. También abrió un expediente, a raíz de la denuncia del Seprona, sobre la ilegalidad de la parcelación realizada. Un Decreto de Alcaldía, del 13 de abril de 2020, ordenaba a Promociones Sobrevela "la reposición de la realidad física alterada" en la finca "mediante la demolición de las instalaciones realizadas". El 7 de junio de 2021 incoó expediente de ejecución forzosa subsidiaria en el que valoraba los coste de reposición en 300 euros y un plazo de tres días para cumplirlos. También se abrió otro expediente referido a un de los terrenos por el que se ordenó a uno de los propietarios retirar "una plantación de cipreses, en forma de muro" y "un malla verde y una puerta con candado". Otro Decreto de Alcaldía, el 5 de julio de 2021, acordaba la ejecución subsidiaria con un valor de reposición de 659 euros y un plazo de ejecución de 15 días.

El informe jurídico con el que se abrió el expediente por parte de la Junta critica "la escasa cuantía estimada" por el Ayuntamiento que "pone de manifiesto que no abarca la totalidad de los acometidos en la parcela". También censura que el Ayuntamiento "no ha identificado" a todos los propietarios, por lo que "la ejecución de las resoluciones de los procedimientos de legalidad tramitados difícilmente van a suponer la reposición de la realidad física de la totalidad de la parcela". Por último afirma que la actuación municipal "no ha frenado" la parcelación ilegal que ni siquiera llegó a precintar, por lo que la considera "parcial e insuficiente".

En una entrevista con Europa Sur en mayo de 2019, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, cifró en "más de 600" las viviendas "construidas de forma ilegal" en el Albarracín. "Lo que estamos haciendo ahora es paralizar las nuevas construcciones para que ese problema no se agigante", dijo el regidor, que a la pregunta de si ­se planteaba el derribo de esas casas, respondió: "­Hay órdenes de demolición y de reposición de los suelos a su estado natural". ­