El TSJA confirma once años de cárcel para dos guardias civiles de San Roque por colaborar con narcotraficantes

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz de once años y seis meses para dos agentes de la Guardia Civil por colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico cuando estaban destinados en el puerto de San Roque.

Igualmente, ha ratificado la condena de seis años y seis meses para un tercero y ha absuelto del delito de tenencia ilícita de armas para uno de ellos.

La sentencia señala que queda probado que durante el periodo comprendido entre junio de 2017 y enero de 2019 en que fueron detenidos los tres, que desempeñaban sus profesiones como guardias civiles en servicio activo encontrándose destinados en el puesto de San Roque, "actuando de común acuerdo y valiéndose de su condición profesional, aprovechaban los servicios de seguridad ciudadana que les eran encomendados por sus superiores para dar cobertura a las actividades de organizaciones criminales dedicadas a la introducción en España de hachís que llegaba desde Marruecos por vía marítima, mediante el uso de embarcaciones".

Para ello, "controlaban los vehículos de la zona en la que se iba a realizar un alijo de droga, para detectar la presencia de unidades policiales o de operativos policiales camuflados, trasladando tal información a las organizaciones narcotraficantes para que pudieran seleccionar la forma segura de introducción del alijo de sustancia estupefaciente".

Además, la sentencia indica que "les filtraban también los datos e instrucciones que la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil transmitía a todas las unidades que se encontraban operativas en la zona, y les informaban de este modo a tiempo real sobre los movimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que las organizaciones de narcotráfico pudieran utilizarlos para la preparación de sus actividades delictivas".

También avisaban a las organizaciones criminales con las que colaboraban de la presencia o de la acción policial para evitar su captación y las informaban de sus propios turnos de servicio con el fin de proporcionarles una adecuada cobertura, señala igualmente la sentencia.

Además, relata una serie de hechos probados, como el ocurrido el 25 de noviembre de 2017, cuando una embarcación semirrígida se aproximó a la playa de la Urca, en las proximidades de la Urbanización Alcaidesa, y una multitud de individuos no identificados comenzaron a descargar fardos de los habitualmente empleados para el transporte de hachís en dos vehículos todo-terreno que se hallaban en el lugar.

"Los acusados bajaron con su vehículo policial a pie de playa, y permitiendo el paso de los dos vehículos cargados de fardos, circularon durante un tiempo indeterminado detrás de ellos, dándoles cobertura", asegura la sentencia.

El escrito señala que en los registros producidos en viviendas de los agentes detenidos se hallaron en efectivo cantidades de dinero que oscilaron entre los 1.050 euros y los 60.355 euros en la de uno de ellos.

Por ello, dos de los agentes fueron acusados a dos años y seis meses de prisión, con multa de ocho millones de euros, como cómplices de delito de salud pública, un año y medio por integración a grupo criminal, dos y medio por un delito de violación de secretos con grave daño para la causa pública y cinco años por un delito de cohecho.

El tercero de los agentes ha sido condenado a dos años de prisión, y multa de ocho millones, como cómplice de un delito de salud pública, seis por integración a grupo criminal, un año por violación de secreto con grave daño para la causa pública y tres años por cohecho.

Además, para uno de ellos la Audiencia había dictado dos años más de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, al encontrarse en su vivienda una pistola semiautomática en correcto estado de funcionamiento que tenía el número de identificación borrado.

La sentencia fue recurrida ante el TSJA que solo ha estimado parte del recurso, en el que absuelve a uno de los tres agentes del delito de tenencia ilícita de armas, por lo que queda un total de once años y seis meses para dos de los agentes y seis años y medio para el tercero.