La absorción del Cuerpo de Carabineros (LXIII)

El 4 de abril de 1955 el antiguo capitán de la 3ª Compañía de Carabineros en Puente Mayorga, Manuel Lamadrid Rivas, prestó declaración ante la justicia militar. Tenía ya 60 años de edad y es de suponer que con muchas ganas de cerrar este capítulo de su vida. Habían transcurrido 17 años y 3 meses desde que había huido a Gibraltar y cuyas consecuencias arrastraría hasta el final de su existencia.

Tras ser advertido por el juez militar -comandante de Infantería Manuel Jordán Jordán- de que tenía la obligación “de decir verdad y de las penas señaladas a los reos de falso testimonio, juró por su honor ser veraz en sus manifestaciones”. Actuó como secretario el capitán de Infantería Francisco Barbero Téllez.

La primera pregunta que se le formuló a continuación fue por los motivos que le habían impulsado el 29 de diciembre de 1937 a marcharse “al extranjero y de allí a la entonces zona roja, abandonando su compañía y puesto de servicio”. Había permanecido hasta poco antes de su huida, siete meses encarcelado preventivamente en la prisión militar de Cádiz -Castillo de Santa Catalina- sin llegar a ser procesado. A pesar de que finalmente fue puesto en libertad sin cargos tenía miedo de nuevas acciones de represalia contra él, “al estar considerado como persona de izquierdas por sus jefes”.

Seguidamente relató que a su esposa -María Moreno Páez- le había sido “requisado por la Falange de Cádiz” un coche de su propiedad, “del cual nunca ha vuelto a saber nada más de él”. También declaró que, tras ser destinado a mandar la 3ª Compañía de Puente Mayorga, solía acudir a una casa de comidas sita en dicha barriada sanroqueña, cuyo propietario era un tal Antonio, del cual no facilitó más datos identificativos. Allí “trabó amistad con unos señores súbditos ingleses con residencia en Gibraltar, quienes con frecuencia iban a dicho punto a merendar”.

Como ya se puede suponer, la presencia de tales británicos muy probablemente ni sería casual ni acudirían a Puente Mayorga solo para degustar una merienda seguro mucho más modesta que la que podrían disfrutar en la vecina colonia. Sus propósitos debían ser otros bien diferentes, pero Lamadrid no aportó más datos que permitieran su identificación.

Tan sólo declaró que dichos individuos “le aconsejaron que debido a su situación y circunstancias, debía abandonar España y marcharse a Gibraltar, y quizás debido al estado de incomprensión en que se hallaba, a los sufrimientos propios de su encarcelamiento pasados, sin pensar la responsabilidad que contraía, tomó un bote que le había cedido con anterioridad sólo para pescar el entonces comandante de Marina de dicho punto, trasladándose a Gibraltar con su esposa, dejando abandonadas todas sus obligaciones, marchando seguidamente desde este puerto a Tánger, de aquí a Marsella y por último se trasladó a Barcelona, presentándose al Gobierno republicano quien le destinó a diversos servicios, siempre en retaguardia hasta que finalizó la guerra, huyendo a Francia en donde ha permanecido hasta el mes de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, en que voluntariamente y por mediación de la Autoridad consular española se presentó a nuestras autoridades, marchando a residir a Cádiz”.

El juez militar le preguntó entonces por los contactos o personas que le habían ayudado en su huida a la colonia de Gibraltar para pasar seguidamente “a la zona entonces roja”, respondiendo que no contó con complicidad alguna. Aunque habían transcurrido más de tres lustros desde el final de la guerra y se habían ido decretando sucesivos indultos generales, Lamadrid no quería implicar a nadie contra el que pudiera haber posibilidad de deducirse testimonio.

Seguidamente el juez militar continuó interrogándole por el dinero que se había llevado de su unidad. Sorprendentemente, de las 1.170 pesetas que oficialmente se le habían consignado en el correspondiente procedimiento administrativo de resarcimiento, rebajadas a 1.123,61 tras compensarse 46,90 pesetas que se le debían de dietas atrasadas, sólo reconoció haberse llevado la cantidad de 820 pesetas, las cuales entregó en Gibraltar al representante consular del gobierno republicano. Es decir, que no se había quedado con un solo céntimo. No obstante, dijo que al habérsele subastado sus pertenencias particulares dejadas en Puente Mayorga, debía considerarse completamente resarcida aquella cuantía con la Hacienda Pública.

En su interrogatorio el juez militar le preguntó por las vicisitudes anotadas en su hoja de servicios correspondientes a la guerra civil y que fueron redactadas en “zona roja”, ya descritas en un capítulo anterior. Lamadrid contestó que no coincidían con la realidad ya que “en la zona roja se limitó a prestar la mayor parte de su servicio en sentido burocrático y nunca estuvo en el frente de guerra mandando fuerzas”.

También se le preguntó qué personas, en calidad de testigos, podrían prestar declaración en su favor, respondiendo que podrían hacerlo el entonces teniente coronel de la Guardia Civil Ignacio Molina Pérez y un antiguo comandante de Carabineros apellidado Toledo, si bien ignoraba dónde podía residir este último.

Finalmente, el juez militar le preguntó por la mutilación que observó en su mano derecha, respondiendo que “ello es producto de una herida infectada producida en acto del servicio durante el tiempo que permaneció en zona roja, pero no como resultado de herida de guerra, aunque en orden menor y antes de nuestra guerra ya había sufrido otra lesión en la misma mano”.

En relación al teniente coronel Molina hay que significar que no sólo se trataba del capitán habilitado cajero de la 10ª Comandancia de Carabineros de Algeciras en diciembre de 1937. Desde septiembre de dicho año y compaginando simultáneamente el cargo anterior, venía desempeñando funciones propias del Servicio de Información Militar (SIM) a las órdenes del gobernador militar del Campo de Gibraltar, así como el de ayudante del coronel del Ejército que ostentaba tal cargo.

Molina había nacido en 1898 en la localidad malagueña de Casares y pertenecía a la Promoción de 1916 de la Academia de Infantería de Toledo. Por lo tanto, era compañero de Lamadrid, habiendo compartido los tres cursos escolares que entonces se realizaban para obtener el empleo de alférez e iniciar su servicio activo en el Ejército. Tras prestar servicio en unidades del Arma como alférez y teniente, participando en las Campañas de Marruecos, ingresó voluntariamente en junio de 1923 en el Cuerpo de Carabineros. Fue destinado a la Comandancia de Málaga, habiendo contraído matrimonio canónico el mes anterior con la joven Ramona López Riquelme, vecina de Algeciras. En octubre siguiente pasó destinado a esta Comandancia, donde ocupó diversos destinos hasta su ascenso a capitán en marzo de 1934. Entre los cometidos desempeñados destacan precisamente los del mando accidental en varias ocasiones de la 3ª Compañía de Puente Mayorga así como el de juez eventual de la Comandancia.

Significar también que durante ese periodo estuvo desde octubre de 1924 hasta febrero de 1931 desempeñando el servicio de “Inspector Especial de Alcoholes y demás Impuestos” en la capital malagueña, pero siempre afecto a la Comandancia de Algeciras. Destinado como capitán en la Comandancia de Huesca regresó, cinco meses más tarde, destinado a la de Algeciras donde desempeñaría el mentado cometido de cajero habilitado.

(Continuará).