La absorción del cuerpo de Carabineros (XIV)

Por real decreto de 14 de marzo de 1922, siendo Francisco Bergamín García ministro de Hacienda, se derogó el de 23 de octubre de 1894. Citado en capítulos anteriores, este texto fue uno de los más beligerantes que se dictaron para evitar el contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar. Sin embargo, no llegó a tener siquiera dos años de plenitud pues por real decreto de 30 de agosto de 1896 fue rectificado, por no decir cercenado, en aquello que más perjudicaba los intereses comerciales del Peñón.

Tal y como se afirmaba en la exposición de motivos del nuevo texto de 1922, se reconocía que las disposiciones contenidas en el de 1894, “encaminadas a la persecución del fraude en la zona denominada Campo de Gibraltar”, fueron de eficaz efecto en aquella fecha. Aunque no lo dijera expresamente se refería al periodo en que dicho real decreto todavía no había sido mutilado y remendado.

Desde entonces habían transcurrido casi tres décadas. Y tal y como se seguía exponiendo, “sus preceptos, en la parte que subsiste, son hoy la única legislación aplicable al tráfico y vigilancia de dicha región, por cierto de características excepcionales, y que, por lo tanto reclaman medidas adecuadas a su índole y condición”.

Curiosamente el nuevo texto de 1922 omitía cualquier referencia al sonrojante real decreto de 1896, como si nunca hubiera existido. En él, tal y como se expuso en el capítulo anterior, se concedían diversos privilegios fiscales a los habitantes del Peñón y sobre todo a su guarnición militar.

También reconocía que si bien en el texto de 1894 figuraba el cargo de “Inspector de Aduanas del Campo de Gibraltar” también se afirmaba que había sido suprimido posteriormente. Sin embargo, no especificaba el rango ni la fecha de la resolución derogatoria, seguramente porque sobre algunas cuestiones más valía no dar detalles.

Lo que realmente había sucedido, y no se contaba, era que aprovechando un traslado de destino, se había suprimido la única plaza de inspector de aduanas que existía en el Campo de Gibraltar. El servicio aduanero por supuesto permanecía pero su nuevo responsable sería ya de inferior categoría, lo cual restaba aparente importancia a la singular problemática de esa zona.

Se aprovechó que por real decreto de 4 de febrero de 1919, el entonces inspector especial de Aduanas en Algeciras, que se llamaba Galo García-Baquero González, con categoría de “Jefe de Administración” de 3ª clase, fue nombrado “Inspector de muelles y almacenes de la Aduana de Irún”, en Guipúzcoa, manteniendo igual categoría y clase. Era ministro de Hacienda interino, sin perjuicio de ostentar la cartera de Fomento, José Gómez-Acebo Cortina, ya que su titular, Fermín Calbetón Blanchón, se encontraba enfermo.

Ello en principio no hubiera tenido por si sólo importancia alguna ya que se trataba de un cambio de destino más al igual que había sucedido anteriormente con sus predecesores en el cargo a lo largo de esa década: Juan Ordóñez Cáceres, Luis Latorre Chacolá, Francisco Beltrán de Pablo Blanco, Luis Torá Martín y Antonio García López. Hay que significar que fue con de Pablo, cuando por real decreto de 30 de diciembre de 1912, se dispuso que el “Inspector de Aduanas en el Campo de Gibraltar” pasase a ser denominarse “Inspector especial de Aduanas”, de Algeciras, manteniendo las mismas atribuciones y categoría.

Sin embargo, resultó que en el mentado real decreto por el que destinaba a Irún a García-Baquero, se disponía también que su plaza, en vez de quedar vacante para que fuese ocupada inmediatamente por otro funcionario como solía suceder habitualmente, pasaba a ser amortizada. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la real orden de 20 de septiembre de 1918, mediante la que se reorganizaban las plantillas del Cuerpo de Aduanas.

Dos semanas antes se había aprobado mediante otro real decreto un nuevo reglamento general de funcionarios civiles de la Administración del Estado. En virtud del mismo se procedió a una reducción de plantillas para incrementar el sueldo de los funcionarios que quedasen, siendo necesario por lo tanto amortizar un importante número de vacantes. Para su cumplimiento se dispuso que determinado porcentaje de las plazas que se fueran liberando por quedar sin su titular, sin importar la causa, se procediese a su supresión.

Tal medida era lógica y entendible ya que al no haber aumento presupuestario sólo amortizando plazas se podían elevar los salarios de los funcionarios que continuasen su carrera. Ello exigía una adecuada planificación para llevar a cabo una reorganización que fuese eficaz y eficiente.

Sin embargo, paradójica y sorprendentemente, la plaza del inspector especial de Aduanas en Algeciras, cuya jurisdicción era el Campo de Gibraltar, fue una de las amortizadas. Si bien en aquella época el puerto de Algeciras no tenía el importante movimiento comercial que tiene actualmente, ¿cómo era posible que se suprimiese un cargo de tanta relevancia en una zona que era de las más afectadas en España por el contrabando y el fraude?

Es por ello, que sin mencionarse en el real decreto de 1922 todo lo anteriormente expuesto, sí se afirmaba al menos en su exposición que los servicios que prestaba el suprimido inspector de aduanas del Campo de Gibraltar, “hoy se echan de menos, por lo que su reposición es de inaplazable necesidad”. Razón por la cual se procedía seguidamente a ello.

Continuando con el propósito de enmienda, se dispuso también, para ayudar al inspector en sus funciones, la creación de una plaza de subinspector. En el texto se precisaba igualmente que, “para ejercer con toda autoridad la inspección de las Aduanas de su demarcación”, debían procurar, dada la índole del servicio que les estaba encomendado, que conservasen “la actividad y energía física que no es frecuente a la edad en que por término medio, se llega a las escalas superiores del personal administrativo”. Para el inspector se fijó la categoría de jefe de administración de 3ª clase y para el subinspector la de jefe de negociado de 1ª clase.

Otra importante novedad que se introdujo en el reiterado texto de 1922 era que el inspector de aduanas dejaría de estar a las órdenes directas del comandante militar del Campo de Gibraltar, que por aquel entonces era el general de división José Villalba Riquelme. En 1894 tenía su lógica dicha dependencia ya que no existía entonces en aquella zona más autoridad de Hacienda que la del mentado mando militar. Pero en 1922, el ministro de Hacienda tenía su representación directa en la figura del “Delegado regio”, existiendo además un servicio de Inspección General de Aduanas, cuya jurisdicción alcanzaba toda la Península.

Concretamente, por real decreto de 20 de diciembre de 1921 se establecieron las “Delegaciones regias para la represión del contrabando”, al objeto de unificar los servicios necesarios para ello. Una real orden de 5 de enero siguiente, creó una “Delegación regia” con jurisdicción en las provincias de Almería, Cádiz con su Campo de Gibraltar, Granada y Málaga. Cuatro días después fue nombrado para ello Carlos Blanco Pérez, auditor general del Ejército, consejero del Supremo de Guerra y Marina y antiguo inspector general de Seguridad de Madrid.

(Continuará).