La absorción del cuerpo de Carabineros (XLVI)

Durante el año 1935 se producirían importantes cambios para el Cuerpo de Carabineros que no sólo repercutirían a su comandancia en el Campo de Gibraltar sino también a sus unidades desplegadas en el término municipal de San Roque, tal y como se expondrá en el próximo capítulo. No hay que olvidar que dicho municipio y el de La Línea de la Concepción fueron los dos que más fuerza de Carabineros tuvieron siempre en nuestra Comarca.

El año comenzó con el general de división Miguel Cabanellas Ferrer como inspector general de Carabineros, pero por decreto de 15 de febrero sería cesado. Con esa misma fecha fue sustituido por el de igual empleo, Gonzalo Queipo de Llano Sierra. El primero, a propuesta del ministro de la Gobernación, Eloy Vaquero Cantillo, fue nombrado inspector general de la Guardia Civil, cargo que ya había ocupado hasta su fulminante cese tras el fracaso de la “Sanjurjada”, mientras que el segundo procedía de Madrid, donde se encontraba en la situación de disponible.

Hay que significar que Queipo de Llano ocupaba por segunda vez la jefatura del Cuerpo de Carabineros. Había sido nombrado a fin de septiembre de 1933, a propuesta del entonces ministro de Hacienda Antonio Lara Zárate, tras haber sido jefe del Cuarto Militar del presidente de la República. Y fue cesado en mayo de 1934, a propuesta del entonces nuevo ministro de Hacienda, Manuel Marraco Ramón, quien por cierto, fue el mismo que volvió a proponerlo en febrero del año siguiente para desempeñar nuevamente el cargo de inspector general.

El nuevo jefe de la Comandancia de Algeciras, que había sido nombrado justo al inicio de 1935, era el teniente coronel Antonio Pastor Palacios. Procedía por ascenso de la 2ª Circunscripción de Madrid, donde había estado destinado como secretario del general de brigada Julio Bragulat Pascual. Su efímero predecesor había sido el teniente coronel José Casanova Tornero, procedente de disponible forzoso y afecto a la Comandancia de Baleares. Tras ser destinado el 1º de noviembre con carácter forzoso a la Comandancia de Algeciras, solicitó inmediatamente su pase voluntario a la situación de retiro para Palma de Mallorca, siéndole concedido y causando baja en el Cuerpo a fin de mes.

El titular anterior, teniente coronel Enrique Crespo Salinas, mencionado en el último capítulo, había ascendido a coronel en octubre, siendo destinado a mandar la 5ª Zona de Málaga, que comprendía las Comandancias de Málaga y la vecina de Estepona con sus tres compañías de la residencia, Marbella y Ronda.

Por otra parte, al inicio también de 1935, el jefe de la 6ª Zona, cuya demarcación comprendía toda la provincia gaditana, con sus Comandancias de Cádiz y Algeciras, era el coronel Joaquín Rodríguez Mantecón, que tenía fijada su residencia en la capital. Pero tampoco permaneció mucho tiempo a su frente ya que a finales del mes de mayo fue destinado a mandar la 8ª Zona con sede en Oviedo. Fue sustituido en Cádiz por el de igual empleo, Waldo Ferreira Peguero, procedente de la jefatura de la 13ª Zona, con residencia en la localidad gerundense de Figueras. Éste, sin perjuicio del mando de la provincia gaditana, continuaría adscrito a la “Comisaría General para la Represión del Contrabando y la Defraudación”, cargo para el que había sido también designado en marzo de 1935, y en las condiciones dispuestas en el decreto de 27 de mayo de 1934, por el que se creó dicho organismo.

El comienzo de la exposición de motivos de dicho decreto no podía ser más explícito: “El creciente volumen que el contrabando y la defraudación vienen de modo sucesivo alcanzando ha llegado a un punto tal en la curva de su desarrollo, que fuerza al Gobierno a adoptar medidas de adecuada defensa para contener el impulso de su avance y, en definitiva, para dominarle, a fin de conjurar el considerable quebranto que en el interés de la Hacienda pública viene produciendo, cada vez más acentuadamente, esta forma especial de delincuencia”.

Tal y como se expuso en su momento, la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, tuvieron sus “Delegaciones Regias para la persecución y represión del contrabando”, creadas por real decreto de 20 de diciembre de 1921 y reorganizadas por real decreto de 13 de noviembre de 1923. La República no fue menos y plenamente consciente del grave problema que era el contrabando y el fraude, se volvieron a dictar normas extraordinarias al respecto y se creó un nuevo organismo específico para combatirlo con mayor eficacia.

Concretamente, se dispuso la creación de dicha Comisaría general en el seno del Ministerio de Hacienda. Por delegación del ministro, el citado Marraco, tenía como funciones esenciales las de “unificar, organizar y disponer los servicios necesarios o convenientes para la prevención, vigilancia y persecución del contrabando y la defraudación que puedan intentarse o cometerse en relación con las rentas de Aduanas, alcoholes, azúcares, achicorias, cafés, tés y cervezas, así como con los artículos estancados o monopolizados por la Administración, con los de ilícito comercio, y con aquellos cuya importación o exportación se hallaren prohibidas por las disposiciones vigentes, aún cuando la prohibición fuera temporal o condicionada”.

A tal efecto, dicho organismo pasó a centralizar todos los servicios de policía fiscal relativos a las mentadas formas de fraude que no estuvieran especialmente atribuidos a los Cuerpos u organismos represores, y de éstos, los que se estimasen necesarios a los fines de su peculiar función. También quedaba facultado de modo expreso para disponer en todo el territorio nacional “y plazas de soberanía”, cuantos servicios considerase necesarios, así como ordenar su práctica, bien por los individuos que lo formen o por los Resguardos oficiales y de las entidades subrogadas en los derechos de la Hacienda pública. Igualmente, podían solicitar el apoyo de todas las autoridades, funcionarios y fuerzas que no dependieran del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por la vigente ley de Contrabando y Defraudación.

La citada Comisión general quedó constituida por un comisario general, un comisario jefe, siete comisarios y un número de agentes de inspección que en ningún paso podía exceder de quince. El comisario general podía recaer en cualquier persona que estimase adecuada el ministro pero el comisario jefe, aún siendo también de su libre elección, debía tratarse de un abogado del estado. El resto de nombramientos de comisarios y agentes era igualmente potestad del ministro, pero debían ser funcionarios pertenecientes a “los Cuerpos general de Hacienda y especiales de Aduanas, Carabineros, Vigilancia, Pericial de Contabilidad, Profesores Mercantiles y a los Resguardos de las Compañías subrogadas”. Se significa que en su servicio especial los miembros de dicha Comisaría general estaban autorizados a utilizar las embarcaciones de “los resguardos de Carabineros y de las Compañías Arrendatarias de Tabacos y Petróleos”.

Sin embargo, dicha iniciativa para fortalecer la persecución de contrabando y el fraude, donde el procedente de la colonia británica de Gibraltar era el mayor exponente, no perduró mucho. Por decreto de 5 de julio de 1935, al no contener crédito alguno la nueva ley de Presupuestos para el sostenimiento de dicha Comisaría general, se procedió a su supresión.

(Continuará).