La absorción del Cuerpo de Carabineros (LXXXI)

Por orden de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, de 4 de octubre de 1936, el capitán de Carabineros Francisco Zamora Medina dejó cuatro días después el frente del río Guadiaro que discurre entre las provincias de Cádiz y Málaga.

No se ha podido documentar la razón del cambio, pero probablemente fuera por la necesidad de contar con cuadros de mandos profesionales leales al gobierno de la República, así como redistribuir idóneamente los existentes.

De hecho, poco después, mediante orden de 3 de noviembre siguiente, del Ministerio de Hacienda, donde se destinaban 44 jefes y oficiales de Carabineros, Zamora, presentado en Málaga, procedente de la 3ª Compañía de Puente Mayorga, de la 10ª Comandancia (Algeciras), pasó a desempeñar una “comisión activa del servicio”, y afecto para haberes, a la 15ª Comandancia de Carabineros. Ésta, tras la reorganización dispuesta, a propuesta del ministro de Hacienda Joaquín Chapaprieta Torregrosa, en el decreto de 28 de septiembre de 1935, y la posterior subsanación del error de ajuste en el cuadro de clasificación, tenía además por demarcación territorial las provincias de Zaragoza, Soria, Logroño, Álava, Burgos, Palencia, León, Valladolid, Segovia, Ávila, Guadalajara, Teruel, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Córdoba y Jaén.

Zamora no fue el único oficial procedente de la Comandancia de Algeciras al que le fue asignado nuevo cometido. Entre otros oficiales evadidos del Campo de Gibraltar ocupado por los sublevados, estaban también los tenientes Andrés Lajarín Martínez, jefe de la Sección de Carboneras, perteneciente a la 1ª Compañía de Atunara, y Manuel Martínez Mora-Núñez, jefe de la Sección de Jimena de la Frontera, perteneciente a la 3ª Compañía de Puente Mayorga; así como el alférez Manuel González Navarro, jefe de la Sección de Puente Mayorga, perteneciente a la referida 3ª Compañía. Los tres quedaron comisionados en la 9ª Comandancia de Málaga.

Hay que significar que la mentada orden ministerial estaba suscrita por delegación, por el abogado del estado Luis de la Peña Cuesta. Este curioso personaje había sido nombrado director general de lo Contencioso del Estado en el Ministerio de Hacienda, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936.

Al iniciarse la sublevación militar, la presidencia del consejo de ministros, a cuyo frente se encontraba José Giral Pereira, lo nombró vocal, en decreto de 29 de julio siguiente, de la “Junta Central de Socorros, encargada de recoger, administrar y distribuir los donativos voluntarios en metálico hechos con la finalidad de atender a los combatientes contra la sublevación militar de Julio de 1936 y a las familias de los muertos e inutilizados en dicha campaña”.

También fue nombrado, por decreto de 1º de agosto siguiente, “censor” de la “Junta de la Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación”, ubicada en Madrid, dada su condición de académico “afecto a la legalidad”. Dicha institución, “de acuerdo con los componentes del Frente Popular y en nombre del Gobierno de la República”, había sido incautada, ya que estaba constituida, “en su gran mayoría por personas que en los momentos actuales y por su actitud pasiva –traducida en la interrupción de la vida académica- no se han hecho acreedores a la confianza del Gobierno para continuar rigiendo un organismo dependiente del Ministerio de Instrucción pública.

El 16 de septiembre siguiente, ya con Juan Negrín López como ministro de Hacienda, fue nombrado director general de Rentas públicas, teniendo que dimitir como director general de lo Contencioso del Estado. A partir de esa fecha, y hasta que por decreto de 9 de enero de 1937 se aceptó su nueva dimisión, firmó por delegación, todas las ordenes ministeriales relativas a los componentes del Instituto de Carabineros. Entre ellas, las relativas a las vicisitudes de los pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, tanto de los que permanecieron leales al gobierno de la República, como de los que se sumaron a la sublevación militar, causando en este caso, baja gubernamental en el Cuerpo.

Si bien, por decreto de 10 de octubre de 1936 había sido nombrado por el consejo de ministros, a propuesta del de Justicia, entonces Mariano Ruiz Funes, como magistrado del Tribunal Supremo, continuó desempeñando sus responsabilidades en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, apenas dos meses después, por otro decreto de 13 de marzo de 1937, se dispuso su separación definitiva del servicio, “con pérdida de todos los derechos inherentes a su cargo, por abandono de destino”. Se ignora que fue de su suerte, pero próxima ya a finalizar la contienda, el bando contrario, por orden fechada en Burgos el 14 de marzo de 1939, del Ministerio de Hacienda, también fue separado definitivamente del servicio y dado de baja en la escala de abogados del Estado. Debió sobrevivir a la guerra civil ya que entre 1977 y 1980 hay constancia de que una persona con esa misma filiación promovió reclamaciones judiciales, via contencioso-administrativa, frente a la expropiación de una finca de su propiedad en la provincia de León.

Regresando a las vicisitudes del capitán Zamora, que han podido ser parcialmente reconstruidas gracias a las disposiciones publicadas en la “Gaceta de la República” y el “Boletín Oficial del Instituto de Carabineros”, editados sucesivamente en Madrid, Valencia y Barcelona, en función del repliegue que se veía obligado a realizar el gobierno de la República, motivado por la modificación de los frentes de guerra.

Antes de finalizar 1936 pasó destinado a la Comandancia de Carabineros de Barcelona, donde por orden del Ministerio de Hacienda, de 12 de junio de 1937, de con­formidad con lo propuesto por la “Comisión de Clasificación y Ascensos de Carabineros”, creada por decreto de 10 de octubre de 1936, se resolvió promover su ascenso al empleo de mayor (asimilado a comandante), “por su ac­tuación desde que estalló el movimien­to subversivo, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la antiguedad del día 30 de Noviembre de 1936”.

El 3 de julio siguiente, a propuesta del jefe de las fuerzas del Instituto de Cara­bineros en Cataluña y Huesca, se dispuso por el Ministerio de Hacienda que el mayor Zamora pasase destinado en su nuevo empleo a la Jefatura del Detall de la Comandancia “fija” de Barcelona.

Por orden de 20 de enero de 1938, dimanante del Ministerio de Hacienda, fue designado para el mando del Batallón de Carabineros núm. 42, compatibilizando puntualmente dicha responsabilidad con la de vocal de la “Junta de Gobierno y Administración del Colegio de Carabineros”. Éste, por las vicisitudes bélicas había sido trasladado desde la población madrileña de El Escorial hasta la localidad valenciana de Alacúas.

Diez meses más tarde, por orden de 25 de octubre, pasó destinado a la “Jefatura de Fuerzas del Este” en concepto de auxiliar, sustituyendo al de igual empleo Urbano Rubio Alonso, que pasó a su vez a encargarse del mando del citado batallón.

Aquí se le pierde temporalmente el rastro documental de sus vicisitudes durante la contienda. Tras su finalización sería juzgado por un consejo de guerra y condenado a la pena de 30 años de reclusión mayor, como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar, conmutada posteriormente por la de 12 años y 1 día de reclusión menor.

(Continuará).