San Roque planta cara al auge de los pisos turísticos: el Ayuntamiento dejará de colaborar en nuevas altas
Ruiz Boix alerta de que los alquileres superan el 60% del salario medio y estudia penalizaciones para frenar el uso vacacional de viviendas
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San Roque/El Ayuntamiento de San Roque ha decidido frenar en seco el crecimiento de las viviendas turísticas. Así lo ha anunciado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), al adelantar que en los próximos seis meses el Consistorio "dejará de colaborar" en la tramitación de nuevas altas de este tipo de inmuebles. El objetivo es contener un fenómeno que, a juicio del regidor, "dispara los precios y expulsa a los inquilinos de larga duración", haciendo cada vez más difícil acceder a una vivienda digna en el municipio.
Ruiz Boix ha ofrecido datos que reflejan la magnitud del problema. En San Roque hay actualmente 1.159 viviendas turísticas registradas oficialmente, lo que se traduce en más de 3.600 habitaciones y unas 7.800 plazas. “Esas más de mil viviendas no están en el parque de alquiler de larga temporada”, ha subrayado, lo que reduce la oferta y tensiona los precios, hasta el punto de que alquilar un piso supone ya más del 60% del salario medio de un vecino del municipio.
La situación se vuelve especialmente crítica en zonas de alta demanda como Torreguadiaro, donde se llegan a pedir hasta 12.000 euros al mes por un apartamento de dos dormitorios en verano, o incluso 15.000 euros por una sola semana, según ha advertido el alcalde.
A esta presión se suma la elevada demanda de vivienda habitual: más de 600 familias están inscritas en el Registro Municipal de Demandantes, y ni las promociones impulsadas por Emroque, ni los proyectos en colaboración con la Diputación de Cádiz o la Junta de Andalucía son suficientes para dar respuesta.
“Hemos decidido frenar la suma de nuevas viviendas turísticas. En los próximos seis meses no vamos a colaborar en ninguna alta más. Sabemos que es difícil, pero vamos a estudiar medidas para penalizar el uso turístico”, ha afirmado Ruiz Boix, quien también ha recordado que el acceso a una vivienda digna es un derecho recogido en la Constitución.
El alcalde ha puesto el foco además en quiénes están detrás de este negocio: “Pocas familias y muchos fondos de inversión y grandes fortunas”, ha dicho, que operan con lógica especulativa y contribuyen a expulsar a “los buenos inquilinos” que buscan estabilidad con contratos de dos a cuatro años. Un fenómeno que, en su opinión, frena el crecimiento poblacional del municipio y aleja la meta de alcanzar los 50.000 habitantes.
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