OBSERVATORIO DE LA TROCHA
La arquitectura de San Roque (II)
San Roque/El clamor en el Campo de Gibraltar contra el impuesto del Gobierno de España a las energéticas va en aumento tras provocar, como primera consecuencia, que la compañía Cepsa haya decidido congelar las inversiones en San Roque y Huelva correspondientes al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde valoradas en más de 5.000 millones de euros.
La firma energética anunciaba el viernes su intención de relegar su despliegue inversor en Andalucía a la espera de conocer si el impuesto extraordinario a las energéticas pasará a ser un gravamen permanente, tal como plantea el Ministerio de Hacienda. Por el momento, junto con Repsol, Cepsa es la única gran empresa del sector que ha anunciado un frenazo a sus proyectos.
La plantilla de Cepsa ha expresado públicamente este domingo su preocupación por las posibles consecuencias del impuesto. El Sindicato de Trabajadores (STR), que tiene la representación mayoritaria del colectivo, ha advertido que la inversión en la industria petroquímica nacional es "fundamental y vertebradora" de las regiones del país. "Miles de familias ven con preocupación y asombro cómo la estabilidad de sus puestos de trabajo, directos e indirectos, que genera el sector pueda estar en peligro por decisiones políticas y/o fiscales que van en contra de la estabilidad de la industria, amenazando con trasladar inversiones y puestos de trabajo a otros países", ha criticado el colectivo.
STR avisa que seguirá "muy de cerca" la evolución de estos acontecimientos" y exige "un diálogo de los de arriba para que tengan en cuenta a los de abajo", con el propósito de "atajar la realidad de la situación laboral y económica", al tiempo que insta al Gobierno a "revertir" decisiones tomadas a la ligera".
Mientras, el Partido Socialista de San Roque guarda silencio. Europa Sur ha intentado contactar con el alcalde sanroqueño y diputado en el congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, para conocer su posicionamiento al respecto, sin conseguirlo.
El Partido Popular de San Roque ha reclamado este domingo conocer el posicionamiento del alcalde de la localidad y diputado en el Congreso, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, ante la propuesta del Gobierno para convertir en gravamen permanente el impuesto del Gobierno de España a las energéticas. La compañía Cepsa, con inversiones millonarias en hidrógeno verde programadas en la localidad, ya ha anunciado su intención de retrasar la implantación de estos proyectos en caso de cristalizar la iniciativa.
“¿Qué va a hacer Ruiz Boix cuando este impuesto llegue a votación en el Congreso? Los sanroqueños tienen derecho a conocer la postura de su alcalde frente a la posibilidad de perder más de 12.000 empleos debido al impuestazo de Pedro Sánchez. Andalucía podría ser una de las comunidades más perjudicadas, arriesgándose a perder una inversión de más de 8.000 millones de euros, con potencial para generar más de 20.000 empleos", ha valorado el PP en un comunicado.
“Parece que al alcalde le importa poco su ciudad y, mucho menos, los sanroqueños. Sus intereses parecen estar dirigidos hacia Madrid y satisfacer al núcleo duro del Gobierno”, ha censurado el PP.
Desde la formación política se ha efectuado un llamamiento urgente "a la responsabilidad" del Gobierno Central y al sentido común. "Esta situación tendrá repercusiones directas sobre el empleo y el futuro de nuestra ciudad. La incertidumbre que generan estas decisiones pone en jaque el desarrollo económico y social de San Roque y sus alrededores", han subrayado los populares sanroqueños.
A su vez, el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, también ha reclamado este fin de semana al Gobierno que se replantee su postura.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, afeaba al Ejecutivo central el viernes que el Gobierno central "en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas".
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, criticaba también el "impuestazo" a las energéticas y a la banca al querer el Gobierno central dar continuidad a este gravamen. "No entendemos la voracidad fiscal del Gobierno", afirmaba. "Andalucía tiene tanto en juego y tanto está en riesgo" por esta decisión; ello tras ver que Cepsa ha decidido congelar sus inversiones por esta situación.
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