Primer relevo de mandos (1936)

El teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso no tardó en dejar de ser el titular de la línea de la Guardia Civil de San Roque ya que el 1º de septiembre de 1936, tal y como consta en su hoja de servicios, se hizo cargo del mando de la de La Línea de la Concepción.

Su anterior responsable, el teniente Valeriano Silva Franco, veterano de las Campañas de Marruecos, había fallecido el 25 de agosto en el hospital civil de dicha población como consecuencia de las heridas sufridas por arma de fuego en un enfrentamiento con fuerzas gubernamentales. El hecho había ocurrido doce días antes, “sobre el río de Guadiaro y Tesorillo en la que iba como práctico del terreno”, con una columna del III Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm. 4, que también tuvo dos bajas. Estaba mandado por el comandante de Infantería Enrique Rodríguez de la Herrán.

Cubrir cuanto antes la vacante del oficial muerto era prioritario ya que La Línea de la Concepción era un enclave estratégico para los sublevados. Se trataba del punto de paso terrestre obligado para entrar y salir de la colonia británica de Gibraltar. La Guardia Civil era entonces el Instituto responsable del orden público y la seguridad ciudadana en la localidad y la Verja. Todavía no tenía encomendada la persecución del contrabando procedente del Peñón ya que dicha misión correspondía a los Carabineros.

Aunque ese Cuerpo tenía una fuerte presencia de efectivos desplegados en los municipios de San Roque y La Línea de la Concepción, el triunfo de la sublevación militar había provocado que un buen número de ellos buscase refugio en Gibraltar o en la provincia limítrofe de Málaga. Lo mismo habían hecho también otros muchos vecinos de la comarca e incluso algunos miembros del Ejército y de la Guardia Civil. Eran tiempos de incertidumbre, miedo y represalias.

De las unidades de Carabineros destacadas en el término municipal de San Roque fueron casi un centenar de componentes los que se pasaron a la zona gubernamental. Tal y como recoge el coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar Joaquín Gil Honduvilla en su obra Militares y sublevación. Cádiz y provincia 1936, publicada en 2013, hubo principalmente dos grupos muy numerosos.

El primero estaba encabezado por el capitán Francisco Zamora Medina, jefe de la 3ª Compañía con cabecera en Puente Mayorga, seguido del alférez Manuel González Navarro así como medio centenar de suboficiales, cabos y carabineros que lo hicieron el 25 de julio a través de la colonia británica. Ello motivaría que tres días más tarde le fuera conferido el mando de dicha unidad al capitán Juan Aragón Michelena, al objeto de que lo ejerciera conjuntamente con el de la 1ª Compañía de La Atunara que ya venía desempeñando desde el mes de mayo. El capitán Zamora sería ascendido por méritos de guerra al empleo de mayor (comandante) y detenido en Barcelona al finalizar la contienda, siendo condenado a 30 años de reclusión mayor, mientras que el alférez González fue capturado tras la caída de Málaga, siendo condenado a muerte en consejo de guerra y fusilado el 23 de marzo de 1937.

El segundo grupo lo lideró el teniente Andrés Lajarín Martínez con unos cuarenta efectivos entre los que se encontraban el sargento Miguel Torres Álvarez, comandante del puesto de Torrenueva, y toda su plantilla. Pasaron a la provincia de Málaga hasta llegar a Estepona donde se presentaron y unieron a las fuerzas gubernamentales. Lajarín que era el jefe de la sección de Carboneras, perteneciente a la 1ª Compañía de La Atunara, ascendería sucesivamente a los empleos de capitán y mayor por méritos de campaña, llegando a mandar el Batallón Pablo Iglesias. El 16 de mayo de 1944 sería condenado en rebeldía por un delito consumado de masonería por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo a la pena de 12 años y un día de reclusión menor.

A la vez que el teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, ordenó al teniente Ojanguren que marchase a La Línea de la Concepción para hacer cargo de su mando, le encomendó también que continuase con la de San Roque, pero en concepto de “agregada”.

Si bien el brigada Juan Colodrero Vergara, comandante del puesto de San Roque, se había hecho cargo el mismo 1º de septiembre del mando accidental de la línea de San Roque, conforme establecían las ordenanzas y el régimen interior del benemérito Instituto, el teniente Ojanguren seguiría tutelándola. La razón de ello era que siempre debía haber un oficial responsable de la demarcación territorial, aunque no fuera su titular. No hay que olvidar que la línea de San Roque tenía a su cargo además de buena parte de ese municipio, los de Algeciras, Los Barrios y Castellar de la Frontera.

Esta situación se mantuvo hasta el 19 de octubre siguiente en que por la jefatura de la Comandancia se dispuso que la línea de San Roque pasase en concepto de “agregada” al teniente jefe de la línea de Tarifa, José Rodríguez Guillén, mientras que la línea de Jimena de la Frontera fuera “agregada” al teniente Ojanguren. Hay que precisar que la escasez de oficiales que se padecía, agudizada por la necesidad de enviar a algunos de ellos a unidades expedicionarias que estaban desplegadas en los frentes bélicos, propició durante toda la contienda un uso habitual del mando “agregado” y del “accidental”.

Los destinos de los oficiales de la Comandancia de Cádiz debían haber sido asignados por el coronel subinspector del 16º Tercio, Fulgencio Gómez Carrión, con residencia en la capital malagueña. Sin embargo, la sublevación militar lo impidió al quedar las provincias de Cádiz y Málaga bajo el control de los dos bandos enfrentados.

El coronel Gómez, que terminaría siendo fusilado, acató inicialmente la declaración del estado de guerra decretado desde Sevilla por el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra, inspector general de Carabineros, tras detener a su titular, José Fernández de Villa-Abrille Calivara y hacerse cargo del mando de la 2ª División Orgánica. En Málaga las fuerzas del Ejército salieron a la calle para secundarlo, ocupando diferentes puntos estratégicos, contando también con el apoyo de alguna unidad de la Guardia Civil.

De dicho acatamiento el coronel Gómez dio cumplida cuenta el mismo 18 de julio, mediante los correspondientes radiogramas al inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Caballería Sebastián Pozas Perea, con residencia en Madrid, así como al jefe de la 2ª Zona de la Benemérita, general de brigada Fernando Núñez Llanos, con residencia en Córdoba.

Lo que no podía sospechar el coronel Gómez sería la contundente respuesta de su inspector general: “Sabiendo que la declaración estado guerra esa capital es a espalda y en contra de la Ley y del gobierno, el hecho perpetrado por V.S. como Jefe de ese Tercio al obedecer órdenes de un mando faccioso es un acto deshonroso por el que la Ley le exigirá estrecha cuenta y la Guardia Civil por el deshonor que V.S. y los demás desleales han infringido”.

Continuará.