Los informes de depuración (II)

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (XCIV)

El posicionamiento inicial de los componentes del Cuerpo ante la sublevación militar habían inclinado en ocasiones la balanza en sentido contrario al de los sublevados

Ficha de conceptuación del guardia 2º José Montes Gil del puesto de San Roque (1937).
Ficha de conceptuación del guardia 2º José Montes Gil del puesto de San Roque (1937). / E.S.
Jesús Núñez - Coronel de la Guardia Civil y Doctor en Historia

22 de noviembre 2021 - 02:00

Tan sólo tres días después de que el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Infantería Ricardo Serrador Santés, firmase la Circular número 1 sobre Conceptuación moral, hizo lo mismo con la Circular número 2 sobre Depuración de conducta.

Si la primera circular pretendía determinar el nivel de los principales valores morales así como la actitud y grado de lealtad de los miembros del benemérito Instituto respecto al “Glorioso Movimiento Nacional”, el propósito final de la segunda circular, fechada el 15 de abril de 1937, era propiciar la delación entre sus propias filas de los desafectos que no hubieran sido ya depurados. Todo ello tras hacer una descripción analítica de la situación del Cuerpo.

La historiografía sobre la Guerra Civil viene reiterando la función represiva que la Guardia Civil ejerció en el bando sublevado pero continúa siendo una asignatura pendiente la realización de estudios rigurosos sobre la que padecieron sus miembros, y sus familias, tanto en una como en la otra zona. De hecho, podría decirse que prácticamente son huérfanos al respecto, ya que ni historiadores ni investigadores suelen estar interesados en ello.

Regresando a la Circular número 2 sobre Depuración de conducta, hay que decir fue de aplicación y lectura, “una vez por semana”, a todo el personal del Cuerpo, incluido por lo tanto los componentes del puesto de San Roque.

Con gran inteligencia para llegar al alma de los guardias civiles, dicha circular comenzó reproduciendo directamente el artículo 1º de la Cartilla redactada por el duque de Ahumada y aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobrará jamás”.

A renglón seguido se ponía en valor y se fortalecía ese principio sacrosanto para todo guardia civil, afirmando que dicho postulado debía “ser la norma que rija la conducta de toda persona que aspire a llevar dignamente el nombre de ciudadano”, debiendo por lo tanto, “constituir verdadera obsesión de quien se honra vistiendo el uniforme de nuestro Benemérito Instituto”.

Una vez establecido que lo que se iba a tratar en la circular era una cuestión de honor se reconocía a continuación que “es indudable que la Guardia Civil atraviesa por los momentos más trascendentales desde su creación”. Ello era bien cierto pues aunque el benemérito Instituto había sobrevivido desde marzo de 1844 varios intentos de disolución o supresión, no había padecido un periodo tan complicado como el de esa guerra civil. De hecho, en el bando gubernamental ya se había procedido a su desaparición formal y, en el bando sublevado, no se olvidaba que la lealtad de la Guardia Civil al gobierno de la República había hecho fracasar el alzamiento militar en ciudades tan importantes como Barcelona y Madrid.

El espíritu de esa reflexión se hacía patente en la propia circular: “En los meses que precedieron al Glorioso Movimiento Salvador de nuestra querida Patria, al estallar éste y durante el actual desarrollo del mismo, los elementos que integran el Instituto se han comportado de muy diversas maneras.”

Seguidamente la circular comenzaba a diferenciarlas, estableciendo distintas categorías de reacción por parte de los guardias civiles ante la sublevación militar: “Unos (los más) supieron inspirarse siempre en los postulados del artículo 1º de la Cartilla; otros, espíritus acomodaticios, esperaron en todo momento el desarrollo de los acontecimientos para ganar siempre sin jugar; a otros, no obstante la rectitud de sus ideales, les faltó el valor suficiente para dejar incólume el honor del uniforme que vestían; muchos rectificaron a tiempo su conducta reprobable; otros contrarrestaron con méritos, lo censurable que pudiera haber en su conducta, y otros en fin (afortunadamente un pequeñísimo número), olvidándose en absoluto de la dignidad del caballero, del honor de su uniforme y de la vergüenza del hombre, fueron fraticidas, e hicieron alta traición a su Patria.”

La verdad es que no deja de sorprender la redacción de dicho párrafo, pues en todas las instituciones armadas del Estado, tanto militares como civiles, se habían producido en mayor o menor grado, esas mismas reacciones. Entonces, ¿por qué dicha referencia expresa a lo acaecido en el seno de la Guardia Civil? Y si realmente la mayoría de sus componentes había secundado de una u otra forma la sublevación militar, entonces, ¿eso a qué venía?

Tal vez la respuesta haya que buscarla en que en un Cuerpo como el de la Guardia Civil, que tradicionalmente desde su creación se había mantenido leal al gobierno de turno legalmente constituido, no era cierto que en esta ocasión, la mayoría de sus componentes se hubieran sumado a la rebelión militar de julio de 1936.

Y ello debía pensarlo y saberlo también el propio inspector general de aquella parte del benemérito Instituto que se encontraba en la zona sublevada. Aproximadamente poco más del 50% de los 34.391 guardias civiles de todos empleos que constituían la plantilla recogida en el Anuario Militar de España correspondiente al año 1936 se mantuvo inicialmente leal al gobierno de la República.

Es por ello que el general Serrador reconocía en su circular que “todas estas actitudes han tenido indudable influencia en la marcha de los acontecimientos, dando lugar a que se forme una atmósfera alrededor de la Guardia Civil que en nada favorece el prestigio de que debe gozar, para poder desempeñar la alta y benemérita misión que el Estado le tiene confiada”. Es decir, el propio Inspector general reconocía, sin concretarlo, que el posicionamiento inicial de los componentes del Cuerpo ante la sublevación militar habían inclinado en ocasiones (realmente importantes) la balanza en sentido contrario al de los sublevados.

Como consideraba, aunque ello no lo mencionaba, que existía posibilidad de que la Guardia Civil como tal institución pudiera terminar desapareciendo (como por ejemplo sucedería con el Cuerpo de Carabineros tras finalizar la contienda), afirmó en dicha circular que “es indispensable volver con todo brío y entusiasmo a por sus piedras angulares: honor, sacrificio y lealtad y todos y cada uno de sus componentes tiene la obligación moral y material de contribuir a ese saneamiento moral de la Institución”.

Para reprochar y sancionar penalmente aquellas conductas manifiestamente contrarias a la causa de los sublevados se apercibía a todos los guardias civiles que: “Las Autoridades Militares, a través de sus órganos judiciales, están procediendo a juzgar la conducta observada por cada uno, por si hubiera cometido algún delito o falta de los prescritos en el Código de Justicia Militar; pero hay acciones de índole moral y material, que no encajan en ninguno de sus preceptos, pero que dañan gravemente a la colectividad que viste el mismo uniforme del que los comete, en su parte íntima, con su espiritualidad, de la que desprende el concepto que los demás pueden formar de ella; por eso es el Cuerpo quien tiene que decir su última palabra en materia tan delicada como es la del Honor.”

¿Significaba que a los desafectos que no se les aplicase el Código de Justicia Militar de 1890 se les sometería a una especie de tribunal corporativo de honor tipo 1867?

Continuará.

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