La situación al inicio de la Guerra Civil (1936)

En julio de 1936 el término municipal de San Roque contaba, además de la localidad que le da nombre, con las barriadas de Guadiaro, San Enrique de Guadiaro, Campamento de Benalife, Puente Mayorga, Estación y Guadarranque.

La Guardia Civil, responsable del orden público, lo que hoy día se denomina seguridad ciudadana, tenía entonces solo dos pequeños puestos para todo ello: el de San Roque y el de Campamento.

La última revisión y aprobación de sus plantillas de personal se había efectuado el 18 de junio de 1936, a propuesta del jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García, justo un mes antes del inicio de la sublevación militar. Fueron visadas de puño y letra por el jefe de la secretaría militar de la Inspección General del benemérito Instituto, coronel Gonzalo Delgado García. Éste sería fusilado en Paracuellos del Jarama cuatro meses después.

La plantilla del puesto de San Roque estaba compuesta por un brigada, un cabo, un guardia 1º y ocho guardias 2º, mientras que la de Campamento la integraban un cabo y 6 guardias 2º. Sin embargo, los primeros dependían del jefe de la línea de San Roque, teniente Odón Óscar Ojanguren Alonso, mientras que los segundos lo hacían del de La Línea de la Concepción, Valeriano Silva Franco. Éste fallecería en agosto de 1936 a consecuencia de las heridas sufridas en acción de guerra en la zona de Guadiaro.

Por otra parte, la presencia del Cuerpo de Carabineros en el término municipal de San Roque era mucho más numerosa, tanto en efectivos como en despliegue. No hay que olvidar que por aquel entonces la Guardia Civil tenía establecida en el Campo de Gibraltar solo una compañía, la 2ª de la Comandancia de Cádiz. Con cabecera en Algeciras estaba mandaba el capitán Miguel Romero Macías, el cual fallecería en marzo de 1938 por enfermedad contraída en el frente de Teruel.

En cambio, existía en el mismo espacio territorial una potente Comandancia de Carabineros mandada desde Algeciras por el teniente coronel Manuel Córdoba García. Éste terminaría siendo detenido y condenado por desafecto al alzamiento militar. Contaba con cinco compañías desplegadas por toda la comarca, tanto en primera línea de costa como en segunda línea, tierra adentro. Su misión principal era prevenir y reprimir el contrabando procedente de la vecina colonia británica del Peñón.

En Puente Mayorga, que contaba entonces con un millar de habitantes, estaba concretamente la cabecera de la 3ª Compañía que prácticamente comprendía buena parte del término municipal de San Roque así como los de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, incluido lo que hoy es el de San Martín del Tesorillo, y Los Barrios.

A su frente estaba el capitán Francisco Zamora Medina, que tras la sublevación se pasaría a la zona gubernamental de Málaga con buena parte de sus hombres, siendo detenido y condenado al final de la contienda. Tenía una plana mayor compuesta por un brigada y un carabinero. También era la residencia del oficial jefe de la sección. La plantilla del puesto de la residencia estaba compuesta por un brigada, un cabo, un corneta y trece carabineros. Existía igualmente otro puesto, pero con funciones aduaneras, para controlar la importación de carbón mineral procedente de Gibraltar, integrado por un cabo, un carabinero de 1ª y cuatro de 2ª clase. Además de ello, en la rada y afecto a la aduana de Puente Mayorga, había un puesto más, formado tan solo por dos carabineros de mar que disponían de una embarcación a remo.

En Guadarranque, que tenía entonces unos 250 habitantes, tenía un puesto en su playa, constituido por un brigada, un cabo, un carabinero de 1ª y catorce de 2ª clase. Para la vigilancia de su río había otro puesto constituido por tres carabineros de mar con su correspondiente falúa a remo.

En El Toril, cruce de las carreteras de San Roque, Algeciras, La Línea de la Concepción y Málaga, existía entonces un puesto con una plantilla de un cabo y seis carabineros de 2ª.

En playa de Guadalquitón había un puesto a pie de playa, formado por un sargento, un cabo, un carabinero de 1ª y once de 2ª, mientras que en la costa de Carboneras, donde residía otro oficial jefe de sección, había otro puesto integrado por un sargento, un cabo, un corneta, un carabinero de 1ª y trece de 2ª. Otro puesto de playa era el de Torrenueva, constituido por un sargento, un cabo, un carabinero de 1ª y once de 2ª. Aunque los tres estaban ubicados en el término municipal de San Roque, dependían de la 1ª Compañía de La Atunara, en La Línea. Lo mismo sucedía con el puesto de playa del Cachón de Jimena, afecto a la 2ª Compañía de La Línea. Su plantilla era un brigada, dos cabos, un carabinero de 1ª y veinte de 2ª.

En la barriada de la Estación había también otro puesto que tenía un brigada y cinco carabineros. Finalmente, enclavado ya en el casco urbano de San Roque, existía un puesto más, con un brigada, un carabinero de 1ª y siete de 2ª. Su comandante de puesto era José Hernández Hernández y sería fusilado junto a varios paisanos considerados desafectos a la sublevación militar.

El jefe de la sección, que residía igualmente en la ciudad, había sido hasta el 15 de julio de 1936 el alférez Enrique Lavado Ramos. Cesó en el servicio activo tres días antes de iniciarse la sublevación al haber cumplido la edad reglamentaria de 54 años, fijada entonces para su pase a la situación militar de retiro.

Según el censo de 1930 la población del municipio estaba compuesta por 10.610 habitantes. De ellos, 4.533 habían tenido la condición de electores en las elecciones generales de noviembre de 1933. Cuando se celebraron las siguientes, en febrero de 1936, ejercieron su derecho al voto 3.610.

Tal y como detalla el profesor Diego Caro Cancela en su obra La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos, publicada en 1987 por la Diputación Provincial, los resultados fueron 3.148 votos (87’2 %) para el Frente Popular y 462 (12’8 %) para el Frente Antirrevolucionario.

Tras los sucesos del 27 de julio de 1936 en San Roque, relatados en capítulos anteriores, el teniente Ojanguren pudo entrevistarse con el teniente de Infantería Rafael Torres del Real, que había liderado la defensa del cuartel Diego Salinas. Fue entonces cuando tuvo conocimiento que había sucedido un hecho similar al acaecido durante el ataque a la casa-cuartel del benemérito Instituto.

Resultó, tal y como consta en la documentación del Archivo General Militar, que las fuerzas del Ejército fueron “intimidadas en dos ocasiones para que se rindieran, para lo que mandaron de emisario a Ernesto Onetto Heredia, hermano político del Teniente Torres del Real a fin de que si no entregaba el Cuartel en el plazo de diez minutos, darían muerte a su señora e hijo frente al Cuartel”. Ello sería reproducido textualmente por el capitán de la Guardia Civil Juan Antonio Ramos Hitos en su libro Guerra Civil en Málaga (1936-1937). Revisión histórica, publicado en 2003.

Continuará.