“Solo queremos justicia”

A Khadija, Yamma y Fatia se les paró el reloj hace un mes. El 1 de julio fallecía en el centro de menores almeriense Tierras de Oria Ilias T., su hijo, nieto y sobrino, en unas circunstancias que están siendo investigadas y que han generado una gran polémica. Desde que recibieron la llamada fatídica en la que el centro –titularidad de la Junta de Andalucía y gestionado por la Asociación Ginso– les comunicaba la noticia, nadie se ha acercado a la familia del fallecido para explicar o preguntar a sus allegados. El caso está judicializado, bajo secreto de sumario, y ni siquiera han conocido aún los resultados de la autopsia, por qué un chico aparentemente sano falleció de esa forma súbita. Aunque la madre de Ilias, residente en San Roque, no lo duda: “Han matado a mi hijo”. Y ahora su único objetivo es “que se haga justicia. Confiamos en la Justicia española”.

Ilias T., de 18 años de edad, murió al comenzar el mes después de que se le aplicara un polémico protocolo de contención mecánica (por el que se sujeta a los menores boca abajo con bridas a una cama) ante un “episodio de violencia”. Khadija había oído hablar de ese protocolo por primera vez justo el día antes de la muerte de su hijo, cuando pudo verlo después de tres meses sin que el centro le permitiese visitarlo.

Esa demora ya había extrañado a la madre de Ilias, pero lo que le contó su hijo en la visita la dejó alarmada. “Mi hijo tenía miedo, decía que seguro que iba a pasarle algo”. Según el relato que hizo a su madre, la semana anterior a la visita había pasado por ese proceso de contención mecánica “y le tuvieron atado a la cama hasta que las extremidades se le pusieron azules tirando a negras, aunque él estaba gritando que le dolían”, explica su tía traduciendo a la madre del joven, que aún no habla bien español. Después, contaba Ilias, estuvo una semana en una habitación oscura de la que solo salía una hora por la mañana y otra hora por la tarde (el aislamiento es otro de los medios autorizados de contención de los centros de menores).

El consejero de Justicia, Juan Marín, defendía hace unos días en el Parlamento que los protocolos están regulados por ley para todo el país y pedía que no se especulase con lo ocurrido.

“Era algo que no había pasado en los centros anteriores –Ilias estuvo interno en Algeciras y Córdoba– y le daban tres pastillas al día para tranquilizarle. Engordó mucho en los tres meses que estuve sin verle”, relata Khadija. Salió alarmada, dispuesta a conseguirle a su hijo el abogado que estaba pidiendo para que lo sacara de allí. Al día siguiente la llamaron para decirle que había fallecido.

Lo siguiente que supieron fue que el informe preliminar de la autopsia aseguraba que el cadáver presentaba “signos de asfixia generales”. Según ese documento, publicado por el diario El País, seis guardias de seguridad actuaron en la contención del joven y no se descarta “la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte”. También explicaba el informe que estaba diagnosticado de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, consumo de sustancias y trastorno de adaptación ansioso-depresivo, recogiendo su historial que “es policonsumidor de tóxicos desde los 10 años”. Pese a ello, su madre y su tía insisten en negarlo. “Ilias no consumía nada. En Marruecos estaba todo el día con nosotras, sin salir, cómo va a estar enganchado, nos hubiéramos dado cuenta. Y ha estado en centros un año y medio, allí no podía consumir”, alegan.

La familia (también los hermanos de Illias) llegó a España en 2017. Khadija está casada con un español y se instalaron en San Roque por motivos laborales. Fue al llegar cuando su hijo escogió malas compañías, asegura, y acabó en el centro de internamiento de Marchenilla (sobre la razón prefieren no hablar hasta que llegue el juicio). Tras un problema en el centro pasó al de Córdoba. En ninguno de los dos casos hubo quejas por parte joven.

Mientras cuenta esto Khadija muestra una foto de su hijo y accede a que sea fotografiada, pero ella pide no salir. Explica que está contenta en España, que ha conocido a buenas personas en su entorno (“estamos muy bien con todo el mundo”), pero en las redes sociales está encontrando comentarios racistas e insultantes en las noticias sobre la muerte de su hijo. “No entiendo cómo pueden no compadecerse ante algo así”, lamenta.

La familia tiene ahora puesta su esperanza “en la Justicia española. Solo queremos que se haga justicia”, remarcan una y otra vez, pero también, puntualiza la abuela del fallecido, que se cierre el centro de menores. “Ese centro es peligroso, allí hay chavales sufriendo”, lamenta Yamma. “Pedimos protección para los chicos que aún están allí”. La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), encargada de la gestión del centro, declinó ayer hacer declaraciones al estar el caso judicializado y bajo secreto de sumario.