San Roque aprobará de nuevo el Plan Ayala en el Valle del Guadiaro de acuerdo a la LISTA

San Roque/El Ayuntamiento de San Roque no se da por vencido en la puesta en marcha del Plan Ayala, en el Valle del Guadiaro, con el que pretende desarrollar en un área de 155 hectáreas un conjunto de minifincas de lujo, de unas 3 hectáreas de extensión, en la que convivan instalaciones dedicadas a la cría y cuidado de caballos con viviendas anexas para los propietarios de los animales. Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, tras la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado el proyecto con el que el Consistorio quiso activar el proyecto en 2020.

"Vamos a hacer un nuevo intento para para reactivar el Plan Ayala de acuerdo a la Ley de Impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)", afirma el regidor sanroqueño en declaraciones a Europa Sur, en alusión a la norma vigente desde 2021 y que, a su juicio, vendría a amparar proyectos como el diseñado en su municipio. Ruiz Boix subraya que los servicios jurídicos y urbanísticos municipales estudian la mejor fórmula legal para plantear formalmente la iniciativa, novedosa por completo en Andalucía.

Tras un recurso presentado por la Junta de Andalucía, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha anulado el plan aprobado por el Ayuntamiento de San Roque para habilitar en un suelo no urbanizable un conjunto de minifincas con establos para caballos junto con viviendas. El proyecto pretendía atraer a los amantes del deporte del polo durante todo el año, no solo en la época estival, e impulsar así el lamado Distrito Equino, que en otra fase se podría extender a los términos municipales de Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo.

El Plan Ayala, situado en San Enrique de Guadiaro, al norte del núcleo de población y cerca de la urbanización de lujo Sotogrande, está diseñado con pequeñas explotaciones vinculadas a la explotación caballar, hortofrutícola y de secano, asociadas a instalaciones tipo establos y residencias unifamiliares.

"Es un modelo que no existe en Andalucía y que sí se da con éxito en Estados Unidos y Argentina", insiste el alcalde. Del millón y medio de metros cuadrados objeto del plan, 940.000 se destinarían a uso agropecuario, regadío y secano, otros 430.000 serían para uso ganadero, principalmente explotaciones de carácter equino, y "una muy pequeña porción" para las viviendas y los establos.

El plan tenía como objetivo "atraer a la zona a los principales equipos mundiales de polo y de otros deportes equinos", lo que supondría "una importante fuente de riqueza y de creación de empleo" para la localidad, lo que justificaba la "utilidad pública y el interés social" en suelos no urbanizables, según el Consistorio. La iniciativa del Ayuntamiento dio su primer paso mediante un Plan Especial para la Declaración de Interés Público.

El recurso de la Junta de Andalucía contra dicho plan fue admitido por el TSJA, que considera que incumple el PGOU de la localidad -"para evitar nuevos asentamientos"- y que rechaza el argumento del Ayuntamiento de que la LISTA ampara este tipo de actuaciones, pues el acuerdo municipal que aprobó el proyecto es anterior a la ley.

Un nuevo Sotogrande

Verdemar Ecologistas en Acción, que dio a conocer la sentencia el pasado fin de semana, explica que el tribunal "afea" a la corporación municipal "las múltiples irregularidades" en las que incurría el Plan Especial Ayala. "No se ha dejado engañar la Justicia con una maniobra fraudulenta que buscaba colar un nuevo Sotogrande, induciendo la formación de un nuevo núcleo de población donde el PGOU no lo admitía", señala la organización.

La organización ecologista se congratula de que la sentencia recogiese los argumentos que fueron expuestos por este colectivo en unas alegaciones al proyecto que el Ayuntamiento "desoyó". Para Verdemar, el plan incurría en "manifiesto fraude legal, pues con la intención aparente de acometer una reordenación tendente a potenciar la actividad agropecuaria y a restaurar el medio natural, se encubre un burdo intento de implantar una parcelación homogénea con destino a uso habitacional".

Los conservacionistas destacan que, además, el plan pretendía "ser una aparente restauración forestal y paisajística y omitía la existencia de dos enclaves arqueológicos Cerro de Los Álamos y Casilla del Control".