Las principales vicisitudes entre 1932 y 1933

El 5 de agosto de 1932, el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo, jefe de la Comandancia de Cádiz, participó al director general de la Guardia Civil, que el cabo Miguel García Pérez acababa de ser destinado con carácter forzoso al puesto de San Roque, al objeto de hacerse cargo de su mando accidental.

Se había incorporado el mes anterior al puesto de Jimena de la Frontera en sustitución del cabo José Aguirre Grondona, que a su vez había causado alta en la revista del mes de junio en el puesto de Vejer de la Frontera.

El comandante titular del puesto de San Roque, brigada Jesús Mulero Pallarés, continuaba ingresado en el hospital militar de Sevilla a consecuencia de la enfermedad que padecía. Se preveía que tras ser dado de alta pasaría el resto de la convalecencia en su domicilio familiar previa concesión de la correspondiente licencia temporal. A ello se sumaba que a finales de mayo del año siguiente cumpliría la edad reglamentaria de pase a la situación de retiro, fijada entonces para su empleo a los 54 años.

Por lo tanto era necesario destinar a un cabo al puesto de San Roque para que ejerciese temporalmente su mando hasta que se incorporase otro suboficial. Al no haberse llevado consigo la familia a Jimena se consideró que García era al que menos perjuicio económico se le ocasionaba con dicho traslado forzoso, ya que los gastos derivados del mismo se los costeaba cada uno de su propio peculio.

Ningún otro cabo de la Comandancia de Cádiz había querido pasar destinado a San Roque con carácter voluntario, aún a pesar que había quedado resuelto la cuestión de la vivienda. Entonces se llegó inicialmente a considerar por la superioridad, mandar forzoso a uno de los cabos que había en los puestos de Olvera, Prado del Rey o Setenil, pertenecientes a la 9ª Compañía (Villamartín). Todos ellos tenían un sargento así como una plantilla de 8, 5 y 6 guardias respectivamente.

También se llegó a valorar detraerlo del puesto de Alcalá de los Gazules, perteneciente a la 7ª Compañía (San Fernando), que tenía un sargento y una plantilla de 10 guardias.

Sin embargo, finalmente se optó por obtenerlo de la propia 8ª Compañía (Algeciras), en la que estaba encuadrado el puesto de San Roque, ya que había dos cabos que no tenían mando. Uno era Juan Casillas Aguilera que estaba en el puesto de Algeciras pero dado que en esas fechas contaba con una plantilla de 30 guardias al mando del sargento Miguel Ruiz García, no se consideró conveniente detraerlo. El otro era el ya mentado de Jimena que además del sargento Manuel León Pasanís tenía 8 guardias.

La del cabo García no fue la única incorporación que se produjo en el segundo semestre de 1932 al puesto de San Roque. En la revista de diciembre causó alta el guardia 2º José Antonio Montes Gil, procedente del puesto de Chipiona.

Mientras tanto, a nivel nacional, el panorama económico, político y social se iba complicando cada vez más. A principios de enero de 1933 se produjeron varias insurrecciones anarquistas en diferentes puntos de España, siendo la provincia de Cádiz el escenario de la más grave y violenta de todas ellas. Llegó a conmocionar los cimientos de la propia República, haciendo caer el gobierno presidido por Manuel Azaña Díaz.

Fueron los sucesos de Casas Viejas. Resultaron muertos dos guardias civiles, un guardia de asalto y veintitrés vecinos de aquella población, entonces pedanía de Medina Sidonia. Precisamente hoy, lunes 11 de enero, se cumplen 88 años de aquella tragedia. Varios guardias civiles del puesto de San Roque serían testigos de parte de lo acaecido.

Al amanecer de esa aciaga jornada cerca de dos centenares de paisanos, tras proclamar el comunismo libertario y cometer algunos desmanes, atacaron la casa-cuartel ubicada en una plaza de la localidad. Defendida tan sólo por su comandante de puesto y tres guardias civiles, resistiría hasta la llegada del auxilio. Como consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos efectuados contra ellos, fallecerían en los días siguientes el sargento Manuel García Álvarez y el guardia 2º Román García Chuecos. Los guardias 2º Manuel García Rodríguez y Pedro Salvo Pérez, resultarían heridos leves. Este último por cierto, era nacido en San Roque, habiendo estado su padre, el cabo José Salvo Viera, destinado muchos años en dicha localidad.

En auxilio de Casas Viejas acudieron desde diferentes puestos de la provincia una treintena de guardias civiles. A su frente quedó el teniente Cayetano García Castrillón, jefe de la linea (sección) de La Línea de la Concepción, auxiliado por el sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules. Entre aquellos estaban los guardias 2º José Barragán Vega, Manuel Medina Martín, Antonio Ruiz Sánchez, José Espinosa Sánchez y Rodrigo Vázquez Villalobos, pertenecientes al puesto de San Roque.

Todos ellos participaron en el restablecimiento del orden y la ley contra quienes se habían alzado en armas con la pretensión de derrocar el régimen republicano. Fueron recompensados por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio de 1933, con la cruz de plata del mérito militar, con distintivo rojo.

Pero todo aquello quedó empañado en la mañana del 12 de enero por el atroz asesinato de catorce vecinos que se encontraban detenidos y esposados. El responsable de tan terrible crimen fue el capitán Manuel Rojas Feigespán, destinado en el Cuerpo de Seguridad, perpetrado por él mismo y varios de sus guardias de asalto, que desde Madrid habían sido enviados a Casas Viejas para sofocar la insurrección.

Los guardias civiles del puesto de San Roque que estuvieron allí no participaron en la matanza pero declararían como testigos en el procedimiento judicial que se instruyó contra dicho oficial y durante la vista oral que se celebró en la audiencia provincial de Cádiz en mayo de 1934. Sus testimonios y otros datos de interés protagonizarán el próximo capítulo.

Otro hecho de trascendental importancia pero afortunadamente de muy diferente corte, acaecido también en 1933, protagonizado por todos los componentes del puesto de San Roque, fue la firma de la promesa de fidelidad a la República.

Dicho acto se llevó conforme a lo dispuesto en el decreto de la Presidencia del Gobierno provisional, de fecha 22 de abril de 1931, que comenzaba diciendo: “La revolución del 14 de abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las instituciones hoy desaparecidas. No se entiende en modo alguno que las fuerzas de mar y tierra del país estaban ligadas en virtud de aquel juramento, por un vínculo de adhesión, a una dinastía o una persona.”

Por tal motivo, en su exposición continuaba: “Respetuosa la República con la conciencia individual, no exige la promesa de adhesión. Los que opten por servirla, otorgarán la promesa; los que rehúsen prestarla, será que prefieren abandonar el servicio. La República es para todos los españoles; pero sólo pueden servirla en puestos de confianza los que sin reservas y fervorosamente adopten su régimen”.