Las principales vicisitudes entre 1929 y 1931

La monarquía de Alfonso XIII se había convertido en un régimen caduco y exhausto que iba llegando a su fin en una España agitada y convulsa por multitud de conflictos político-sociales. El mantenimiento del orden público pasó a convertirse en una de las principales y más cotidianas misiones de la Guardia Civil como principal fuerza de seguridad del Estado desplegada por todo el territorio nacional.

El movimiento republicano se iba haciendo imparable siendo cada vez mayor el número de conspiradores que ansiaban derrocar el régimen monárquico. El intento que más notoriedad y trascendencia tuvo, a pesar de ser rápidamente sofocado, fue el encabezado el 12 de diciembre de 1930 en la ciudad oscense de Jaca, por los capitanes de Infantería Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández. Dos días después, ambos serían condenados a muerte en consejo de guerra sumarísimo y fusilados.

Por real orden comunicada del Ministerio del Ejército, fechada el 19 de ese mismo mes, se haría constar en las hojas de servicio de todos los guardias civiles de la nación una felicitación del gobierno presidido por el teniente general Dámaso Berenguer Fusté: por su actuación “en defensa del orden público y de las Instituciones, así como la disciplina y abnegación” que habían evidenciado en cuantas ocasiones se habían visto precisados a intervenir.

Sin perjuicio de todo ello, los guardias civiles del puesto de San Roque continuaron en ese aciago periodo prestando sus habituales servicios beneméritos y contra la delincuencia propia de la comarca. El más destacado de ellos y que mayor repercusión tuvo fue el practicado a principios de junio de 1930, con ocasión del auxilio prestado a los vecinos de la barriada de la Estación de San Roque. Estuvo motivado por unas graves inundaciones sufridas como consecuencia de un fuerte temporal de lluvia.

Los felicitados fueron el suboficial Jesús Mulero Pallarés como comandante de puesto, el guardia 1º Juan Lopera Ruiz y los guardias 2º Cristóbal Gómez Gómez, Antonio Ruiz Sánchez, Antonio Cote Castro, Rodrigo Vázquez Villalobos, José Pareja Gámez, Juan Sánchez Gómez y Manuel Medina Martín, pertenecientes al puesto de San Roque, así como los de igual empleo, Sebastián Jiménez Izquierdo, José León Pineda, Juan Navarro Mayo y Ricardo Lacour Cabarrus, destinados en el puesto de Campamento, que se sumaron a las tareas de rescate.

Primero fueron felicitados en escrito de 10 del citado mes de junio por el comandante general del Campo de Gibraltar, general de división Mario Muslera Planes. Seguidamente, cuatro días más tarde, el director general de la Guardia Civil, teniente general José Sanjurjo Sacanell, también procedió a felicitarles y dispuso que se procediera a su anotación en la hoja de servicio de los interesados.

Por último, y como consecuencia de producirse otras graves inundaciones en la demarcación de diversos puestos de la Comandancia de Cádiz, así como de las de Sevilla, Toledo y Navarra, habiendo fallecido ahogado en el río Arga de esta última el guardia civil Venancio Roque Álvarez al intentar salvar a tres niños, Alfonso XIII dispuso que se les diera “las gracias en su Real nombre” a toda la fuerza actuante, “con anotación en los respectivos historiales”. A tal efecto el ministro de la Gobernación, teniente general Enrique Marzo Balaguer, remitió a la Dirección General del benemérito Instituto una real orden fechada el 9 de agosto siguiente que fue publicada un día más tarde en el boletín oficial.

Mientras tanto el puesto de San Roque continuaba ubicado desde 1898 en el núm. 14 de la calle Herrería. Dado que no había sido autorizado el incremento de la renta que su propietario había solicitado, éste había hecho dejación de su obligación contractual de atender al mantenimiento del edificio, por lo que su estado de conservación era realmente penoso.

De hecho, la situación se llegó a hacer tan insostenible que con fecha 13 de marzo de 1931, apenas quedaba un mes para la proclamación de la Segunda República, el coronel Federico Ramiro Orchells, subinspector del 16º Tercio (Málaga), participó al director general del Cuerpo que se había ordenado iniciar la instrucción del correspondiente expediente para buscar un nuevo acuartelamiento.

Según relataba en su escrito, el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo, jefe de la Comandancia de Cádiz, le había comunicado que el capitán jefe de la Compañía de Algeciras tenía constatado en sus últimas revistas a los acuartelamientos de San Roque, Los Barrios y Tarifa, el mal estado de los mismos. Había llegado a encontrar algunos de los pabellones donde vivían los guardias civiles con sus familias, en estado ruinoso, y otros con muchas humedades y faltos de ventilación, por lo que “su ocupación es un constante peligro para la salud”.

A pesar de realizarse múltiples gestiones por los oficiales jefes de las líneas (secciones) afectadas e incluso por el referido capitán, ante los ayuntamientos de las localidades interesadas, “siempre han presentado excusas o han hecho promesas, que no han sido cumplidas”. Por tal razón se consideraba urgente, “tanto por el estado ruinoso de los actuales edificios como por sus condiciones antihigiénicas”, que se procediera en el caso del de San Roque a instruir el correspondiente expediente que facilitara una nueva casa-cuartel.

Para ello se designó como instructor al alférez Juan Sánchez Díaz, jefe de la línea de Jimena de la Frontera y que por aquel entonces tenía también asignado el mando de la sección de La Línea de la Concepción, a la cual pertenecía el puesto de San Roque, junto a los de Campamento, La Línea y La Atunara.

Estándose instruyendo el referido expediente se proclamó la Segunda República dos días después de celebrarse las elecciones municipales del 12 de abril siguiente. En San Roque el primer presidente de la corporación municipal republicana sería el maestro Gabriel Arenas Díaz de Bustamante, cuya principal preocupación en materia de seguridad pública fue la de solicitar al Ministerio de la Gobernación el aumento de la plantilla del puesto de la Guardia Civil, al objeto de garantizar el orden y la ley en la localidad.

Así, el 18 de junio siguiente, el subsecretario de Gobernación, Manuel Ossorio Florit, remitió al general Sanjurjo, que continuaba como director general del Cuerpo, una instancia suscrita por el alcalde sanroqueño. En ella se peticionaba el incremento de la fuerza del puesto de la residencia en ocho guardias civiles más.

Trasladado todo ello al teniente coronel Fernández Trujillo para que emitiera su parecer, se elevó el 5 de agosto siguiente por conducto reglamentario el informe solicitado.

En ausencia del coronel subinspector del 16º Tercio, lo suscribió el comandante Benito Haro Lumbreras, mayor de dicha Subinspección. El parecer fue favorable a la solicitud del alcalde. Dicho aumento se consideraba necesario “por ser cabeza de partido judicial, haciéndose frecuentes servicios de conducciones de presos por ferrocarril y carreteras, teniendo dos de estas que ser muy vigiladas por el mucho tráfico de ellas y además tener varias barriadas en aquella demarcación“.

Sin embargo concurría el problema de que no había alojamiento en la calamitosa casa-cuartel salvo que se destinasen exclusivamente a guardias civiles solteros, siendo imprescindible realizar diversas obras de acondicionamiento.

Continuará.