La reorganización en la posguerra civil (IX)

Prosiguiendo con el informe remitido en enero de 1940 a la Inspección General de la Guardia Civil por el teniente coronel Manuel Márquez González, jefe de la Comandancia de Cádiz, había otras referencias relativas a los dos puestos ubicados en el municipio de San Roque, además de las ya expuestas anteriormente sobre las plantillas de personal.

A éste efecto se debe significar que, habitualmente, el servicio diario de un guardia civil en 1940 era de unas doce horas, salvo cuando prestaba el llamado “servicio de puertas”, que entonces era de veinticuatro horas seguidas. Dicho servicio consistía en vigilar la casa-cuartel y atender a los ciudadanos que acudían a realizar cualquier gestión. No había descanso semanal y como máximo se podía disfrutar de veinte días de licencia para “asuntos propios”. Eso de las “vacaciones” era un vocablo que por aquel entonces no se usaba. El sueldo mensual era de unas trescientas pesetas.

Pero antes de continuar con otros aspectos del informe, hay que destacar, en relación al reducido número de efectivos que se padecía en todos los puestos de la Comandancia, incluidos los de San Roque y Campamento, que también se exponía lo siguiente:

“Pues son muchos los puestos de esta Unidad, que en proporción al número de población, a lo extensa de su demarcación y a las vías de comunicación que cruzan por éstas, están insuficientemente dotadas de fuerza o no tienen la del Arma (Infantería o Caballería) que necesitan.

De otra parte, según se observa en la práctica, se deja sentir la falta de varios puestos de nueva creación, unos en pueblos o aldeas que carecen de ellos y otros en despoblados, donde por ser muy extensas las demarcaciones que se limitan en algunos puntos, dada la mucha distancia a que se encuentran los puestos más próximos, no es posible atender a su vigilancia como fuera menester, y de aquí el que éstos sean sitios muy dados al refugio de gente maleante o huidos de la acción de la justicia”.

Se estaba refiriendo concretamente a los que consideraba necesario crearse en las localidades de Castellar de la Frontera y Villaluenga del Rosario, donde no existía casa-cuartel de la Guardia Civil; en las “aldeas” de La Muela en Algodonales, Benamahoma en Grazalema, Zahara de los Atunes en Barbate y Casas Viejas en Medina Sidonia (la construcción del nuevo acuartelamiento previsto tras los trágicos sucesos de enero de 1933 había quedado paralizada por la guerra civil); así como en “despoblado”, en Casas del Castaño en Los Barrios, Campano en Chiclana de la Frontera y La Alcaria en Jerez de la Frontera.

También hay que mencionar que en la localidad de Los Barrios se continuaba sin casa-cuartel desde antes de iniciarse la contienda ya que hubo que desalojar la existente por su mal estado de habitabilidad. Lo que sí había era un destacamento fijo, compuesto por un sargento y tres guardias 2º de infantería que vivían de alquiler en casas particulares.

Precisamente, el estado de todos los acuartelamientos del benemérito Instituto, uno de sus males arrastrados desde el periodo fundacional, era uno de los apartados específicos del informe del teniente coronel Márquez.

De hecho, el propio duque de Ahumada, teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, primer inspector general de la Guardia Civil, ya reconocía en una circular de 17 de diciembre de 1853 que la situación en esta materia no era precisamente satisfactoria. Instaba a que al finalizar el año siguiente, transcurrida ya una década de la creación del Cuerpo, el personal estuviera ya ocupando, “edificios salubres, bien situados sobre el mismo camino real o muy inmediatos a él, con las posibles condiciones de defensa capaces para la fuerza que en ellos se aloje, inclusas las familias de los individuos que las tengan, con la segregación decorosa para éstas, e independientemente de todo otro vecino, y muy especialmente de los que tengan tienda u otro establecimiento análogo”. Sin embargo, tan loable propósito nunca llegó a verlo.

De hecho, noventa años después de que la Guardia Civil se desplegase en la provincia de Cádiz, la situación era tan patética, que el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16º Tercio (Málaga), con ocasión de la revista de inspección girada a todos los puestos de la comandancia gaditana, dejaría escrita el 6 de diciembre de 1935 la siguiente providencia:

“Será objeto de preferente atención los alojamientos de los individuos a fin de que sus viviendas sean higiénicas y con habitaciones suficientes para evitar vivan en sensible promiscuidad las familias con grave detrimento del decoro y moralidad necesarios e imprescindibles. En la provincia existen casas-cuarteles en esas lamentables condiciones, entre ellas, las de los Puestos de Almoraima y Barbate; de todas ellas mandará instruir expediente y someterlo a la resolución de la Superioridad; es preciso velar por el prestigio y decoro de nuestros subordinados, evitando vivan como gitanos en inmoral mezcolanza”.

Cinco años más tarde, y con una guerra civil por medio, la situación no había hecho más que empeorar, razón por la cual, el teniente Márquez hizo constar en su informe que 36 de las 49 casas-cuarteles que entonces había en la provincia de Cádiz, “no reúnen condiciones de seguridad, capacidad, salubridad ni aún las más elementales reglas de moralidad”.

Tras resaltar la penosa situación de la ubicada en La Línea de la Concepción, “punto fronterizo con Gibraltar, balcón de España pudiéramos llamarle, donde el extranjero nos mira y observa, es francamente bochornoso el estado en que se encuentra”, proseguía en su informe afirmando que la mayoría de las viviendas, denominadas “pabellones” en el argot militar, eran reducidas en número de habitaciones y superficie, contando muchas de aquellas con tan sólo dos dormitorios.

Pero el teniente coronel Márquez no se contentaba sólo con exponer ese grave problema, habida cuenta que muchos de los guardias civiles tenían familias numerosas. También exponía que, “las cocinas, lavaderos y retretes, además de insuficientes, por ser generalmente de uso común, son verdaderos semilleros de rencillas donde se fomentan frecuentes discordias entre las familias que las habitan, con el consiguiente quebranto de la buena armonía que por indispensable, debe existir en las casas-cuarteles del Cuerpo”.

Todo lo cual le hacía llegar a la conclusión de que, “el problema de acuartelamiento, por ser quizás el más importante que tiene planteado el Cuerpo, es asunto al que debe atenderse preferentemente, aparte de otras razones no despreciables, siquiera sea por decoro y humanidad”.

Respecto a las dos casas-cuarteles ubicadas en el municipio de San Roque, la calificación del estado de ambas era “malo”. La existente en la localidad se hallaba sita desde 1899 en el número 14 de la calle Herrería. Inicialmente el inmueble era propiedad de Manuel Caballero de Luna, representado por Manuel de Casas Paradas. Posteriormente pasó a ser propiedad de Francisco Emilio Rendón Delgado, y ya en la posguerra, a la titularidad de Ramona López Riquelme. Ésta era esposa del todavía, enero de 1940, comandante de Carabineros Ignacio Molina Pérez, jefe de la “Sección Especial en Algeciras del Alto Estado Mayor y Jefe de la Secretaría de Información del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar”.

(Continuará).