El TSJA anula el Plan Ayala, aprobado en 2020 en San Roque para impulsar el Distrito Equino en el Valle del Guadiaro

San Roque/La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado tras un recurso presentado por la Junta de Andalucía el plan aprobado en 2020 por el Ayuntamiento de San Roque para construir en un suelo no urbanizable minifincas con establos para caballos y viviendas. El proyecto pretendía atraer al deporte del polo durante todo el año, no solo en la época estival, e impulsar el Distrito Equino junto a Castellar, San Martín del Tesorillo y Jimena. El denominado Plan Ayala, situado en San Enrique de Guadiaro, pretendía instalar en unos terrenos de 155 hectáreas de extensión situados al norte del núcleo de población, pequeñas explotaciones vinculadas a la actividad principal para la explotación caballar, hortofrutícola y de secano, así como instalaciones tipo establos y residencial unifamiliar.

Verdemar Ecologistas en Acción se hace eco de esta sentencia, firme desde julio de 2024, después de que el Ayuntamiento de San Roque haya impulsado el pasado 17 de marzo su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, como le pedía el fallo.

Los conservacionistas explican que el tribunal "afea" a la corporación municipal "las múltiples irregularidades" en las que incurría el Plan Especial Ayala. "No se ha dejado engañar la Justicia con una maniobra fraudulenta que buscaba colar un nuevo Sotogrande, induciendo la formación de un nuevo núcleo de población donde el PGOU no lo admitía", señala la organización.

El plan pretendía impulsar el ecosistema vinculado al polo cerca de la urbanización de lujo Sotogrande, que cuenta con un club dedicado a este deporte y que cada verano acoge el Torneo Internacional de Polo.

En 2020, el pleno del Ayuntamiento de San Roque aprobó definitivamente el Plan Especial para la Declaración de Interés Público en suelo no urbanizarle Ayala. Según explicó entonces el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, del millón y medio de metros cuadrados objeto de este plan, 940.000 se destinaban a uso agropecuario, a cultivos de regadío y secano, otros 430.000 serían para uso ganadero, principalmente explotaciones de carácter equino y "una muy pequeña porción para la construcción de establos y viviendas unifamiliares" en minifincas de tres hectáreas cada una.

El plan tenía como objetivo ofrecer en la zona un ecosistema para "atraer a la zona a los principales equipos mundiales de polo y de otros deportes equinos, como ocurre en zonas de Estados Unidos y Argentina", lo que supondría "una importante fuente de riqueza y de creación de empleo" para la localidad, lo que justificaba la "utilidad pública y el interés social" con el que la actuación se asentaría en suelos no urbanizables.

El recurso de la Junta de Andalucía contra este plan fue admitido por el TSJA en una sentencia que señaló que incumple el PGOU de la localidad "para evitar nuevos asentamientos". La sentencia rechazó el argumento del Ayuntamiento de que la ley de julio de 2021 de impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía amparaba este tipo de actuaciones, pues indicó que el acuerdo municipal que aprobó el plan es anterior a ella.

Verdemar se congratula de que la sentencia recogiera los argumentos que fueron expuestos por este colectivo en unas alegaciones al proyecto que el Ayuntamiento "desoyó". Para los ecologistas, el plan incurría en "manifiesto fraude legal, pues con la intención aparente de acometer una reordenación tendente a potenciar la actividad agropecuaria y a restaurar el medio natural, se encubre un burdo intento de implantar una parcelación homogénea con destino a uso habitacional".

Los conservacionistas destacan que, además, el plan pretendía "ser una aparente restauración forestal y paisajística y omitía la existencia de dos enclaves arqueológicos Cerro de Los Álamos y Casilla del Control".