Verdemar acusa a los productores de aguacate de Valle del Guadiaro de secar el arroyo de La Alhaja
Los conservacionistas sostienen que las fincas colindantes con el Pinar del Rey han perforado los acuíferos "sin control" para regar sus plantaciones
La Junta busca enganches ilegales de agua en el río Guadiaro
San Roque/El grupo ecologista Verdemar ha acusado este lunes a los agricultores de aguacates del Valle del Guadiaro de provocar la seca del arroyo de La Alhaja, en el Pinar del Rey (San Roque), por la sobreexplotación de los acuíferos cercanos para regar los cultivos.
El grupo conservacionista asegura que los dueños de las fincas colindantes al Pinar del Rey están perforando el acuífero "sin control" para regar después de que la Junta de Andalucía no haya puesto este año en funcionamiento los pozos de emergencia.
"Son fincas ilegales y dotaciones de agua sin concesión que hemos denunciado en la Mesa de la Sequía sin que nadie haga nada por remediarlo. Estamos en manos de una mafia de ilegales sin que la Junta haga nada por remediarlo", han acusado los conservacionistas.
Verdemar critica que hace tres años se perdió la fuente de La Alhaja tras quedarse el arroyo sin agua, lo que provocó la pérdida de ejemplares de especies "en peligro crítico de extinción" como el cacho de Málaga (squalius malacitanus). "Ahora la zona languidecerá, se producirá una catástrofe ecológica en el arroyo, podría morir toda la vegetación de ribera, comenzando por la aliseda y el resto de especies umbrófilas que crecen bajo su dosel", explican. El arroyo de La Alhaja es un afluente del arroyo Madrevieja, que desemboca en el río Guadarranque.
La Junta de Andalucía efectuó recientemente una campaña de búsqueda de posibles enganches ilegales de agua al río Guadiaro en su recorrido por el Campo de Gibraltar y la zona occidental de la provincia de Málaga.
La actuación se desarrolló en tres grandes zonas del Bajo Guadiaro, situadas en torno a San Martín del Tesorillo, San Pablo de Buceite y la confluencia de los ríos Guadiaro y Genal, respectivamente. Se han abarcado diversas fincas y explotaciones agrarias de los términos municipales de Casares, Jimena de la Frontera y Tesorillo. La Junta no informó de la apertura de expedientes sancionadores u otras medidas coercitivas.
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