La Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa

Las Sociedades Económicas de Amigos del País, también llamadas Sociedades Patrióticas, son producto de los gobiernos ilustrados del último tercio del siglo XVIII. Sus fines se encaminaban al fomento del comercio y la industria, con especial atención a la agricultura, buscando su mejora y mayor productividad. La enseñanza y el estudio eran cuestiones fundamentales para el logro de sus objetivos de progreso.

La primera Sociedad de Amigos del País fue la Vascongada, fundada en 1764. Luego, el político y autor prolífico Campomanes publicaba su Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774), una especie de plan para el establecimiento de dichas Sociedades tomando como ejemplo a la Vascongada. Pronto empezaron a funcionar un buen número en toda España, como la Matritense, desde 1775, cuyos estatutos y organización sirvieron de modelo para las que irían surgiendo después.

Pese a que no alcanzaron ni de lejos el éxito esperado, el Consejo de Castilla reafirmó su protección en 1786 e impulsó la creación de otras más, entre ellas la de Tarifa. El entonces gobernador de la ciudad, Nicolás Mª Dávalos, manifestó gran interés en establecer aquí una Sociedad Patriótica para “fomentar la industria, desterrar la ociosidad y socorrer las necesidades públicas”. La oportunidad se presentó gracias a José Escalzo y Miguel, obispo ilustrado de Cádiz entre 1783 y 1790, impulsor de varias Sociedades en la provincia. En su visita pastoral en 1787 comprobó los “perniciosos efectos de la ociosidad que generalmente se padece en este pueblo por falta de manufacturas en que ocupar tantos brazos que carecen de ejercicio, con notable daño de la religión y del Estado”. A fin de remediar tan penosa situación, ofreció su ayuda para establecer la Sociedad Económica de Tarifa, nombrando el Ayuntamiento una comisión a tal efecto, cuyo primer encargo fue la redacción de los estatutos.

La solicitud para su constitución fue cursada al rey en 1788 con el respaldo del prelado y la firma de 47 “vecinos distinguidos y laboriosos de la ciudad de Tarifa”. En diciembre de ese año, el conde de Floridablanca, Secretario de Estado, enviaba el informe al Consejo, que a su vez lo remitía en enero de 1789 a la Sociedad Matritense para su estudio y posibles enmiendas.

El censor encargado de su revisión advirtió que este reglamento provisional no hacía referencia al fomento de la pesca y la navegación, algo injustificable siendo pilares económicos de la ciudad, que podrían ocupar a muchos trabajadores. También apuntaba la posibilidad de que la desierta isla de las Palomas se aprovechase como abrigo de embarcaciones mayores y para la pesca, al tiempo que sugería su unión con tierra firme. Por tanto, el expediente sería devuelto con instrucciones de hacerle la oportuna rectificación, aunque no hay evidencias de que se siguiera reclamando la autorización.

No tuvo éxito este primer intento de Tarifa; sin embargo, otras Sociedades cercanas sí fueron autorizadas a constituirse en aquellos convulsos años de finales del siglo XVIII. Es el caso de las de Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer de la Frontera.

Primera etapa de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa (1821-1822)

Tras el paréntesis de la Guerra de la Independencia (1808-1814), se erigieron nuevas Sociedades, como la de Cádiz, al calor de la Constitución de 1812. En mayo de 1814 volvía Fernando VII a ocupar el trono español, proscribiendo la obra de las Cortes gaditanas y persiguiendo cualquier institución de signo progresista; sin embargo, las Sociedades de Amigos del País mantuvieron el favor de la Corona.

El descontento general contra la monarquía absolutista y su funesta represión política llevó finalmente a la sublevación del comandante Riego en Cabezas de San Juan en enero de 1820. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se dio un nuevo impulso a la creación de Sociedades Económicas, cuyo funcionamiento sería reglamentado por real orden de 13 de agosto de 1821.

La Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa se constituyó el 26 de febrero de 1821, si bien su celebración pública se hizo coincidir con el aniversario de la reinstaurada Constitución, el 19 de marzo. Sus miembros fundacionales fueron personajes notables de la sociedad local: Luis Goublot, Francisco Aldayturriaga, Francisco Ximénez Requelme, Fernando Muñoz, Juan de Arcos Díaz, Francisco de Arcos Carrasco y Joaquín Abreu y Orta.

La Sociedad tarifeña desarrolló una actividad incesante en sus primeros meses, formulando un buen número de propuestas sobre el gobierno municipal y otras diversas materias, destacando las relacionadas con la higiene pública y la ordenación urbana.

Exigió establecer un impuesto municipal para costear la limpieza y ornato de calles y plazas. Llevó a cabo la división del pueblo por cuarteles o barrios, quedando el recinto intramuros organizado en cuatro: El Retiro, San Mateo, San Francisco y el de Jesús. Colaboró con el Ayuntamiento en el reparto anual de tierras de labor y pastos, así como en defender a los ganaderos locales contra los foráneos. Insistió constantemente en la reparación de los caminos y puentes existentes dentro del término municipal, y en especial la reconstrucción del puente de la Vega, destruido en 1821 por una riada. Urgió al consistorio a que reclamase el antiguo privilegio de la feria de ganados, aunque la autorización gubernamental no se consiguió hasta 1835, iniciándose este año nuestra actual feria y fiestas de septiembre.

Otras intervenciones de la Sociedad tuvieron que ver con asuntos de policía y del ámbito castrense, siempre considerando el bienestar de la población. Así, trabajó por aliviar la pesada carga de los alojamientos y bagajes militares, exigiendo una distribución justa entre los vecinos. Se preocupó por que las milicias ciudadanas estuviesen dotadas convenientemente en cuanto a personal y medios. Propuso la formación de patrullas ciudadanas para evitar los frecuentes robos nocturnos, así como la creación de una comisaría en el barrio extramuros. Puso empeño en mejorar las condiciones de los soldados de la guarnición tarifeña, mal alojados y peor alimentados, requiriendo su urgente remedio, al menos en cuanto a la calidad del pan suministrado.

Estas son solo algunas actuaciones de la Sociedad ante el Ayuntamiento, con el que colaboraba en su ejecución, y en muchos casos era también la encargada de confeccionar los correspondientes informes.

La Sociedad de Señoras

En 1787 fueron admitidas mujeres en la Sociedad Económica Matritense y luego en las demás, formando la clase o Junta de Damas, que desarrollaría su labor de manera prácticamente independiente. La Sociedad Patriótica de Tarifa planteó en noviembre de 1821 la creación de una Sociedad de Señoras, fundada oficialmente el 19 de marzo de 1822, un acontecimiento de gran significación social. Es verdad que solo implicaba a una minoría de mujeres más o menos acaudaladas; con eso y todo, venía a romper el tradicional insignificante papel femenino en aspectos relevantes de la vida pública tarifeña.

Esta “Sociedad de ciudadanas” asumiría el gravísimo problema de los expósitos, los niños abandonados en el hospital de la Caridad, en el torno ubicado en la calle Cuna (actual callejón Luz Muñoz), arbitrando medidas benéficas en su favor. Su primera tarea fue la recaudación de fondos mediante petición en las iglesias. También intentó que el Ayuntamiento aportase algunas cantidades, pero las arcas municipales estaban completamente vacías.

En 1822 solicitó al Gobierno el solar del antiguo convento de la Trinidad, donde planteaba ubicar la tan necesaria plaza de abastos, cuyos puestos de venta pagarían un canon que se aplicaría al mantenimiento de la Casa Cuna. Sin embargo, este proyecto no se ejecutaría de momento.

Desde agosto de 1822 no hay referencias en la documentación municipal acerca de la Sociedad de Amigos tarifeña, lo que parece indicar su práctica disolución, probablemente debido a disensiones entre sus miembros. A pesar de ello, la Junta de Señoras continuó con su meritoria labor benéfica en pro de la casa de misericordia. Así, en enero de 1829, las “Señoras de la Sociedad protectora de aquel establecimiento” exponían al Ayuntamiento las muchas dificultades que tenían para mantenerlo, como la falta de paga a las nodrizas, entre otras.

Transición y segunda etapa de la Sociedad Económica (1835-1836)

Con la vuelta al absolutismo monárquico a finales de 1823 se reiniciaba la persecución política contra los liberales. Es comprensible que los documentos de la Sociedad tarifeña fuesen destruidos entonces por su secretario en previsión de males mayores. No obstante, el Gobierno entrante también se preocupó por incentivar las Sociedades Económicas de Amigos del País, que el conde de Ofalia, ministro del nuevo gabinete, calificaba en diciembre de 1823 como “cuerpos interesantes a la prosperidad pública”.

La llamada Década Ominosa (1823-1833) termina con la muerte de Fernando VII en 1833 y se produce un nuevo vuelco del régimen hacia posturas más moderadas. Con relación a las Sociedades de Amigos del País, cobraron entonces gran protagonismo los jefes políticos provinciales, que debían promoverlas activamente. La reina regente, María Cristina, dictaba instrucciones en mayo de 1834 para su creación, convencida “de la importante cooperación que con sus útiles tareas pueden prestar las sociedades económicas de amigos del país para el desarrollo y progresos de la riqueza pública”. Debía procurarse su instalación en las capitales de provincia y en los pueblos donde se pudiera reunir un número suficiente de personas para constituirlas. Como novedad, un real decreto de 2 de abril de 1835 aprobaba unos estatutos por los que habrían de regirse todas las Sociedades del reino.

La Sociedad tarifeña fue reinstalada el primero de marzo de 1835, insertándose en el Boletín Oficial de la Provincia de 28 abril el listado de los socios y sus profesiones o condición. La junta directiva quedaba compuesta así: director: Ramón de Villalba, teniente general del Ejército; vicedirector: Jaime Ruiz de Abreu, coronel de Infantería, gobernador político y militar de Tarifa; censor: Lorenzo Parra, capitán de navío; vicecensor y bibliotecario: José Mª de los Santos, capitán retirado de la milicia urbana; secretario: Francisco de Paula Villasante, licenciado en cirugía médica; vicesecretario: Juan Lozano Mechicado, presbítero; contador: José Sotomayor, presbítero; tesorero: Joaquín Lucas y Serrano, capitán de Infantería, retirado.

Las iniciativas fueron menos numerosas en esta segunda etapa. En abril de 1835 expuso la necesidad de formar una partida armada para perseguir a los muchos ladrones de la campiña, pero el Ayuntamiento optó por servirse de la milicia urbana. Otra propuesta en abril de 1836 se refiere a la posible venta de fincas y tierras de los bienes de Propios. Y gracias a la tenacidad de la Sociedad de Señoras, por fin se pudo acondicionar el solar del convento trinitario para plaza de mercado y pescadería, estando operativo desde marzo de 1835. Por el arrendamiento de los puestos de venta se preveía recaudar anualmente unos 5.000 reales, que se destinarían al mantenimiento de los niños expósitos.

Queda claro que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa contribuyó, y no poco, en la transformación de la ciudad, afanándose por mejorar la vida de los vecinos.

Muchas de estas Sociedades se han mantenido vigentes hasta nuestros días; algunas otras han sido recuperadas tras un largo olvido. En estos nuevos tiempos desarrollan una labor básicamente cultural, que tampoco es poca cosa.