El TSJA paraliza la construcción de más de 150 viviendas en Tarifa

Tarifa/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) ha anulado los decretos de Alcaldía del Ayuntamiento de Tarifa relativos a la aprobación, en 2014, del proyecto de reparcelación urbanística del sector de El Olivar. Una decisión que, a efectos prácticos, deja en suspenso la construcción de algo más de 150 viviendas en la zona de expansión del casco urbano de la localidad.

La anulación se produce a través de una sentencia de la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que ratifica a su vez otra emitida en primera instancia en enero de 2018 por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras.

El caso tiene su origen en un litigio entre varios particulares propietarios de los terrenos que forman parte de la junta de compensación del sector S-4 El Olivar. Estos particulares litigaron por no estar de acuerdo en el reparto de las cargas para desarrollar unos 40.000 metros cuadrados de suelo a las afueras del núcleo urbano. La reparcelación, como trámite urbanístico, sustituye las parcelas iniciales de un terreno, generalmente rústicas, por otras aptas para su edificación y determina cuánto debe aportar cada propietario para sufragar la ejecución de las obras de urbanización que permitan transformar los terrenos en solares susceptibles de edificación. En caso de no contar con fondos económicos para afrontar la inversión, ésta se compensa detrayendo superficie.

Los demandantes recurrieron a los tribunales alegando, entre otras cuestiones, discrepancias con los repartos de las cargas y defectos de forma en la tramitación urbanística; algo que comparten los magistrados.

En total, el fallo anula tres decretos de Alcaldía emitidos por Juan Andrés Gil, entonces alcalde de la localidad, que suponen a efectos urbanísticos dejar en suspenso todo el proyecto de reparcelación que se hizo en el Plan Parcial de El Olivar.

El primero de los decretos anulados por el TSJA es el que aprobó el texto refundido del proyecto de reparcelación a instancias de la Junta de Compensación y que data de mayo de 2014. A este texto le siguió otro decreto, en septiembre de ese mismo año, que desestimó un recurso de reposición por parte de uno de los propietarios que se consideraba perjudicado por la reparcelación. El tercer decreto anulado, del 4 de noviembre de 2015, rectificaba “errores materiales de hecho o aritméticos” en el primero de los textos y lo sustituía.

Se da la circunstancia de que el tercero de los decretos revocados por el TSJA fue firmado por Juan Andrés Gil cuatro días después de que PSOE, IU y PA presentaran la moción de censura que le acabó apartando del cargo el 12 de noviembre de ese mismo año.

La sala da la razón a los litigantes, que recurrieron a los tribunales al estimar que no se habían realizado todos los trámites previos a la aprobación del proyecto por parte de la Alcaldía, entre ellos una asamblea de los propietarios. “Ni el texto refundido, ni las modificaciones que a él se incorporan, fueron aprobados por la asamblea de propietarios antes del dictado del decreto 1.988/2014 de 29 de mayo que lo ratificó. Por lo que si atendemos a esta sola circunstancia, habría que concluir, al igual que la sentencia de instancia, que esa decisión municipal no se ajusta a derecho por vulnerar claramente los dictados del artículo 136 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”. Los juristas también encuentran errores de forma en varios de los trámites intermedios.

El Ayuntamiento de Tarifa confirmó a Europa Sur la existencia del fallo del alto tribunal andaluz y ratificó que, como consecuencia, supone dejar en el aire los trámites de varias promociones inmobiliarias. Entre ellas, una de 30 Viviendas de Protección Oficial (VPO) previstas por el propio Ayuntamiento de Tarifa.

Fuentes municipales apuntaron que ya hay parcelas de ese sector que han sido urbanizadas y en las que se han levantado viviendas y una gasolinera. Estas mismas fuentes explicaron que, ante la sentencia del TSJA y a expensas de posibles recursos desde alguna de las partes privadas, el área de Urbanismo deberá impulsar otro expediente administrativo para regularizar la reparcelación del sector que permita suplir al ahora anulado.

Contra la sentencia del TSJA caben ahora recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, a expensas de ser admitidos por la sala de lo Contencioso-Administrativo.