Los afectados por el accidente del 100% Fun acuden al Defensor del Pueblo

La Asociación de Afectados por el Accidente del Transformador 29272 en el Hotel 100% Fun en Tarifa, por el que fallecieron dos personas tras producirse una explosión en un transformador eléctrico, han recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz, "ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía".

Según recuerda la asociación en un comunicado, el pasado 5 de febrero de 2019 registró un escrito en la Subdelegación del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, dirigido a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, donde solicitaba la revisión, y en su caso la modificación, de los protocolos para las inspecciones periódicas de los centros de transformación, transformadores e instalaciones similares a la que ocasionó el accidente.

En este sentido, ha indicado que uno de los objetivos es que se permita la detección de los fallos y deficiencias existentes en ellos, como los descritos por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la inspección de Trabajo, con el fin último de evitar futuros accidentes.

La petición la realizaron en base a las declaraciones realizadas a la prensa por la anterior delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, que afirmó que no le constaban deficiencias en el transformador que ocasionó la deflagración del transformador que produjo el accidente, al haber pasado las revisiones periódicas obligatorias, ha explicado la Asociación.

En este sentido, ha recordado que el informe emitido por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (en su Delegación Territorial de Cádiz) de fecha mayo de 2018, pone de manifiesto que el centro de transformación "no se corresponde íntegramente con el proyecto en su día presentado, existiendo diferencias constructivas significativas".

"La principal carencia técnica del edificio del centro de transformación es que no dispone de un foso de recogida de aceite del tamaño adecuado y con mecanismo apagafuegos", es otra de las cuestiones que pone de manifiesto el informe, ha señalado la Asociación, que ha añadido que "la forma de obtener la ventilación local, con conducción subterránea a la base del Trafo, en este caso permitió que la deflagración interior alcanzara fácilmente el exterior, donde estaban los trabajadores".

Según la asociación, "resulta relevante el informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, en el que manifiesta que la Empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. propietaria del transformador, disponía de la información necesaria para saber que el transformador sufría sobrecargas, y que no tomó ninguna medida para evitarlas".

A su juicio, "en las revisiones periódicas realizadas al centro de transformación y al Transformador, deberían haberse detectado las deficiencias informadas por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y por la Inspección de Trabajo, de tal modo que corregidas a tiempo, muy probablemente el accidente no se habría producido, o de producirse, no habría ocasionado la pérdida de vidas y las lesiones hubiesen sido considerablemente menores".

Por todo ello, y "al haber transcurrido un tiempo más que razonable sin recibir respuesta", la asociación ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz, "que ha abierto un expediente y ha solicitado a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz que aporte cuanta información disponga sobre los hechos que se han planteado".